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A simple vista puede parecer un vado de peatones perfectamente accesible, bien rebajado para que una persona en silla de ruedas pueda circular sin dificultad. Sin embargo, el mismo vado puede significar un verdadero quebradero de cabeza para una persona sin visión, bien porque no cuenta con las baldosas en el suelo que indican que se acerca un cruce o bien porque el vado de la acera de enfrente no está justamente al frente, sino a un lado, con lo que se topará de improviso con el bordillo... Puede, además, que el mismo vado tenga una pendiente difícil de asumir para una persona que vaya con bastón.
Es apenas un ejemplo de la complejidad que comporta hacer accesible una ciudad y una de las muestras de por qué hace falta un Plan de Accesibilidad que permita que todas las acciones en esta materia se hagan de una manera coherente y organizada.
Después de años de reivindicación por parte de organizaciones y personas con discapacidad a título particular, el año pasado Tarragona parecía, por fin, caminar hacia dicho plan. Primero, en mayo, el pleno aprobaba una moción de ERC que acordaba poner en marcha el plan. En la noticia publicada al día siguiente se podía leer que «la portavoz del gobierno, Begoña Floria (PSC), remarcó que el Consistorio ya lo está elaborando y que, legalmente, debe tenerlo listo antes de noviembre de 2017» (un plazo al que claramente no se ha llegado).
Después, en diciembre del año pasado, el Ayuntamiento anunciaba de nuevo su compromiso al firmar un convenio con el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, COATT, para elaborar la hoja de ruta.
Un plan ambicioso
Lluís Roig, arquitecto técnico, ingeniero de edificaciones, responsable de la Fundación Tarragona Unida del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificacions de Tarragona (COAATT), cuenta que después de la firma del convenio tuvieron algunas reuniones con el consistorio donde dejaron claro, por ejemplo, que aunque el colegio ofrece toda la asesoría de manera gratuita, la elaboración de un plan de esa envergadura requería contratar a una empresa especializada, como ocurrió, por ejemplo, con el plan de movilidad (un plan de estas características costaría unos 300.000 euros). Debía crearse, además, un consejo de accesibilidad, para que pudiera participar la ciudadanía.
Un plan de accesibilidad permitiría tener una visión de toda la ciudad, cuánto costaría arreglar los problemas de accesibilidad y cuáles son prioritarios. En municipios como Reus, donde hay un plan, «se nota», asegura Roig, que va en silla de ruedas.
La fundación realizó entonces una hoja de ruta para que sirviera de guía al Ayuntamiento a la hora de contratar a la empresa que elaborara el plan.
Además, ofrecieron elaborar paralelamente otro plan, que sin ser el plan de accesibilidad necesario, permitiera ir solucionando problemas concretos, un plan de actuación para la mejora de la accesibilidad con la idea de hacer intervenciones concretas, como por ejemplo, solucionar las deficiencias que ya se observaron cuando se hizo el plan de movilidad. Desde el consistorio les avisaron que contaban con una partida de 20.000 euros para estos fines que debía usarse antes de que acabara este año.
El último contacto fue antes de verano. «Quedamos en vernos después de vacaciones para que nos encargaran lo que querían», cuenta Roig. En vista de que no les llamaban, en septiembre contactaron con el interlocutor del ayuntamiento, que les avisó de que «ya no había prisa» porque se podría disponer del dinero pasado este año.
Pendiente de adjudicación
Consultados al respecto, desde el Ayuntamiento no se habla de un plan de accesibilidad como tal, sino que se anuncia que «en una primera fase está previsto elaborar un Pla d’Actuacions per a Millorar l’Accesibilitat a Tarragona llamado PAMAT».
Aunque no se especifica si el contrato será con el COAATT (que ayer no tenía noticias al respecto) informan que «se está tramitando la adjudicación de los trabajos en colaboración con los servicios técnicos municipales». Una vez se adjudiquen, el informe deberá estar listo en el plazo de un año.
Los ámbitos de actuación del PAMAT serán: los itinerarios de viandantes con mayor flujo de circulación, equipamientos culturales/turísticos más frecuentados, zonas de mayor intensidad comercial, barrios de intensidad de población alta, centros que den servicio a personas con movilidad reducida y recorridos de la EMT con más usuarios o que den servicios a zonas de prioridad alta, así como la estación de autobuses.
Desde el punto de vista legal, diferentes leyes estatales y autonómicas han ido instando a los municipios a elaborar un plan de accesibilidad. Ya en 1991 (hace 26 años) obligaba a los municipios a contar con uno. Las leyes de accesibilidad se han ido superponiendo desde entonces. La última, la ley 13/2014, ampliaba ocho años más el plazo a los municipios de más de 50.000 habitantes, como Tarragona, para ejecutar el plan, lo que ha vuelto a dar margen al consistorio.
Lo que viene: El próximo lunes 4, otra fecha límite
El próximo lunes 4 se cumple el plazo que da la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para que todos los productos, bienes, entornos y servicios sean accesibles. La norma incluye tanto a la administración como a los particulares. La multas previstas van desde 301€ hasta un millón, aunque todo parece indicar que será un nuevo plazo simbólico más. Donde sí se ha visto un cambio es en las comunidades de vecinos, que han acometido reformas, aunque más bien conscientes de los problemas de movilidad de los residentes que por la ley que les obliga.
