Tarragona acelerará en el Jaume I para frenar su archivo

Esta semana se han cumplido 13 años desde que el 20 de febrero de 2008 el entonces alcalde, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), paralizara la construcción de parking Jaume I, una polémica obra que, inicialmente, debía costar 3,9 millones de euros pero que supondrá una hipoteca de más de 30 para las arcas municipales hasta el año 2043.

Eva Miguel (CUP): «Depurar las responsabilidades del Jaume I fue una de las exigencias para aprobar los presupuestos de 2021»

Fue en el mismo 2008 cuando el caso llegó ante el Juzgado de Instrucción número 3, después de que la nefasta gestión acreditara un gasto desorbitado, sin que la instalación pueda ser una realidad. Además, un informe pericial elaborado en marzo de 2016 aseguró que no podía justificarse ni el 40% del despilfarro, ya que solo aparecieron facturas por valor de 11,6 millones de euros.

Aún en fase de instrucción

Han pasado los años, pero todo sigue encallado en fase de instrucción, sin que haya ni imputados. De hecho, la investigación penal ha completado ya la tercera prórroga. Según las fuentes consultadas, en marzo está previsto que el auditor que ha elaborado la prueba pericial entre las contabilidades de la Unión Temporal de Empresas (UTE), Aparcaments Municipals y Sistemas Alem presente su trabajo al magistrado. Será a partir de entonces cuando las partes registrarán sus escritos de acusación... o, por el contrario, el caso podría quedar archivado.

Jordi Fortuny (ERC): «La intención es presentarse como acusación particular  y actuar por la vía penal»

Por ello, ante el riesgo de que la investigación quede en nada –o que prescriba, como fue el caso del Fortí de la Reina–, los presupuestos municipales de 2021 reservan 20.000 euros para impulsar el caso, en lo que fue una exigencia de la CUP. De hecho, según ha podido saber el Diari, gobierno municipal y cupaires acordaron ayer que el Ayuntamiento contrate a un bufete penalista para solicitar al juez ejercer como acusación particular, como con Inipro.

En un informe elaborado por el secretario general en diciembre de 2019 se especifica que el Ayuntamiento está personado en el caso en una doble condición: como perjudicado y como responsable civil subsidiario, pero abre la puerta para ampliarla. «La acusación pública está en manos del Ministerio Fiscal, pero no hay ningún inconveniente que en este momento procesal el Consistorio comparezca como acusación particular», afirmó el alto funcionario. 

La CUP exige la «vía penal»

Pese a las declaraciones del PSC, fuentes cupaires afirmaron ayer a este periódico que la voluntad del acuerdo presupuestario es «evitar que uno de los casos más graves de la ciudad quede en nada» y, por ello, en la reunión de ayer insistieron en impulsar la vía penal de manera inmediata. «Sabemos que vamos muy tarde, pero precisamente por eso es necesario actuar con la máxima celeridad. En el anterior mandato no hubo ninguna voluntad por depurar responsabilidades, y esperábamos que en el actual esta fuera una de las primeras decisiones, pero no fue el caso en 2020», afirman. En este sentido, las anticapitalistas recuerdan que «fue el consejo de administración de Aparcaments y el pleno municipal el que aprobó gastos y avales para tirar hacia adelante la operación», y se muestran partidarias de impulsar acciones «contra todos los que participaron en esas decisiones».

Pese a ello, ayer la edil del PSC y expresidenta de la AMT, Begoña Floria, recordó que «en 2015 ya se solicitó al juez ser acusación particular, y lo rechazó». La socialista denuncia que los 20.000 euros «son solo postureo para satisfacer a la CUP», y recuerda que «fue Ballesteros el que impulsó una auditoría y llevó el caso ante la Fiscalía».

Begoña Floria (PSC): «En 2015 ya se intentó ser acusación y el juez no lo permitió. Lo de ahora solo es postureo para satisfacer a la CUP»

Asimismo, el concejal de Serveis Centrals, Jordi Fortuny (ERC), enfatizó ayer que la voluntad del ejecutivo de la Plaça de la Font es la de «activar la vía penal», ya que «estamos ante un agujero económico y un despilfarro de muchos millones de euros». Asimismo, el segundo teniente de alcalde detalló que «los servicios jurídicos municipales están analizando las mejores vías para actuar», y poder lograr, de una vez, aparcar el mayor desastre de la historia reciente de la ciudad.