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El Ayuntamiento de Tarragona dará el próximo martes el aval definitivo al Plan Especial para instalar una mezquita en el barrio de Sant Pere i Sant Pau, que ha generado controversia entre una parte de los vecinos del barrio. El documento ha sido avalado este lunes en la comisión de Territori con el apoyo de ERC, Comuns, Ciutadans y CUP; la abstención de PSC y Junts; y el voto en contra del PP, y será el día 29 de este mes cuando el Saló de Plens rechazará las tres alegaciones presentadas y aprobará, asimismo, de manera definitiva el plan para que el nuevo centro de culto en el Edifici Sant Andreu sea una realidad.
La Comunitat Islàmica Assalam es la entidad que impulsa el nuevo centro religioso, que se ha planteado como una alternativa al equipamiento que querían implantar inicialmente en la calle Miquel Servet del propio barrio, y que fue rechazado por el Consistorio a principios de 2019. En ese momento, los técnicos municipales consideraron que la propuesta no cumplía con el POUM, ya que el local no disponía de un acceso independiente desde la vía pública, es decir, que se debería acceder a partir de unos espacios que son comunitarios del conjunto residencial y no serían privados y exclusivos del centro religioso. El artículo 100.B del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) exige a los centros religiosos un acceso independiente desde el exterior, desde la vía pública donde toda la ciudadanía tiene acceso.
Normativa de 2016
Ahora, sin embargo, el nuevo plan presentado sí que cumple con las exigencias urbanísticas, a tenor de los informes de Enginyeria Industrial y de Coordinació Urbanística de la administración con sede en la Plaça de la Font, que avalan la propuesta de Assalam.
«Los técnicos municipales han estudiado y resuelto las alegaciones presentadas. Algunas de ellas han obligado a justificar mejor la propuesta a sus promotores, que lo han hecho. Se trata de una actividad privada que cumple con la normativa urbanística que promovió y aprobó el ayuntamiento en el año 2016: pedimos responsabilidad», apunta el concejal de Urbanisme, Xavier Puig (ERC), en una clara referencia al hecho de que la normativa fue avalada por el anterior gobierno municipal liderado por el PSC.
El político republicano añade que «la libertad religiosa es un derecho fundamental. Tarragona es una ciudad plural donde debemos convivir personas de todas las confesiones y creencias».
De hecho, los especialistas de la Plaça de la Font han rechazado las tres alegaciones presentadas: la de la propia comunidad de vecinos; de la AVV La Unió; y del PP. La primera y la tercera solicitaban al Consistorio que rechazara el plan, debido al hecho de que en el POUM se exige que los centros de culto «deberán implantarse en un edificio exclusivo», si bien en esta ocasión los técnicos han avalado la circunstancia de que, en las normas urbanísticas, también se deja abierta la posibilidad de que «excepcionalmente, se admitirá la instalación en edificios que no se destinen íntegramente al uso religioso siempre que se justifique la imposibilidad de implantarse en ningún inmueble de este tipo dentro del área en la que debe dar servicio». Por ello, se exigió a la Comunidad As-salam que justificara la falta de equipamientos y espacios en el barrio, un hecho que hizo, por lo que finalmente se rechaza la queja.
«Pensado para los vecinos»
Asimismo, la alegación de la Associació de Veïns La Unió alertó de que la instalación podría comportar «problemas de convivencia», ya que a su juicio «la concurrencia que habrá será muy superior a la capacidad que la calle puede acoger de forma diaria, ya que en el barrio hay unos 800 habitantes relacionados con la religión islámica», y veían en el horizonte problemas de movilidad, ya que «la zona no dispone de parkings particulares, por lo que en estos momentos ya es muy complicado aparcar».
Los técnicos municipales, sin embargo, rechazan estos argumentos de la entidad vecinal, ya que en el informe del Servei Municipal de Mobilitat «no se aprecia que el aforo del local pueda tener una afectación negativa hacia el entorno». En este sentido, se pone de relieve que, según el plan presentado, la capacidad total será para 71 personas «en una superficie útil de 129 metros cuadrados», a la vez que «la entrada principal será por detrás del edificio Sant Andreu, una vía que es muy poco transitada por los ciudadanos de Sant Pere i Sant Pau». Finalmente, para rechazar el argumento del aparcamiento, se recalca que el centro está pensado para «dar servicio a los habitantes del barrio», por lo que «no será necesario el uso de vehículo».
