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La Junta de Compensación Provisional de la Budellera –formada por 172 propietarios de terrenos de la zona– se reunirá «en pocos días» para analizar las modificaciones al proyecto del plan parcial que el Ayuntamiento de Tarragona y la Generalitat de Catalunya pactaron tras la Comissió Territorial d’Urbanisme del pasado viernes.
Fuentes de la entidad que engloba a los dueños de la zona indican que esperarán hasta tener «la documentación oficial» del encuentro entre Consistorio y Govern para realizar una valoración de los cambios y como éstos podrían afectar a las previsiones. Pese a ello, desde la junta se remarca que ambas administraciones «han corroborado que el plan cumple escrupulosamente con el POUM y que es la garantía para potenciar la Anella Verda».
90 millones de inversión
En el informe económicoque ha realizado el Servei de Control i Estudis Econòmics del Ayuntamiento de Tarragona se indica que la iniciativa privada llevará a cabo una inversión de 90 millones de euros para desarrollar el plan parcial que unirá la Vall de l’Arrabassada con Boscos y Cala Romana.
Asimismo, los técnicos de la administración municipal consideran que, durante los 18 primeros años de ejecución, esta nueva urbanización de Llevant generará un beneficio económico de 33,8 millones de euros para las arcas municipales. En concreto, los especialistas afirman que los ingresos serán de 43,4 millones de euros, mientras que los gastos serán de menos de diez. Especifícamente, se contempla que los ingresos municipales vendrán por los impuestos del IBI o la basura de los 10.000 habitantes de la zona, así como por los 14,2 millones de euros que se cobrarían por el impuesto de Construccions i Obres (ICIO).
Asimismo, los propietarios de los terrenos consideran que el desarrollo de su plan parcial permitirá la creación de unos 2.000 puestos de trabajo «en usos complementarios no residenciales». Asimismo, remarcan que «se generarán 800 empleos entre ocupación directa e indirecta durante el proceso de urbanización y construcción» de las 4.100 viviendas previstas, que no serán superiores a las seis plantas de altura según afirmó el pasado viernes el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, quien el pasado viernes defendió la creación del nuevo barrio «para garantizar la viabilidad económica de la ciudad». En este sentido, Ballesteros volvió a recordar que la segregación de La Canonja «nos reduce los ingresos de las empresas químicas en nueve millones anuales» y que el crecimiento de la ciudad «es básico para equilibrar las cuentas» y evitar que «los jóvenes se marchen a vivir a localidades cercanas, como Els Pallaresos o Vila-seca». El edil socialista recordó también que «la sociedad ha cambiado, y ahora cada vez hay más familias monoparentales», por lo que «a igual población se necesitan más viviendas».
El máximo representante municipal indicó, asimismo, que las quejas vecinales «han tenido que ver en la modificación que realizaremos. En la nueva tramitación tendremos en cuenta alguna de sus preocupaciones, como la de los vecinos de Cala Romana, que temen que los coches colapsen el barrio. Con ellos acordaremos, por ejemplo, que la dirección sea sólo de salida del barrio, no de entrada. También incorporaremos algunas de las alegaciones que han presentado. Queremos iniciar el proceso de diálogo para mejorar el plan» aseguró el edil socialista.
‘Diálogo y consenso’
La aprobación por parte de la Comissió de Territori de la Generalitat generó reacciones por parte de ERCy la CUP, las dos formaciones que se oponen de una forma más contundente del proyecto. El líder de Esquerra, Pau Ricomà, considera que «es una buena noticia que el alcalde quiera escuchar a los vecinos y a las entidades de la zona». Según Ricomà, la modificación del plan «es una cuestión de voluntad política», por lo que el desarrollo del plan «debe pasar por el diálogo y el consenso». Asimismo, el edil independentista considera que «las previsiones demográficas no justifican, de ninguna forma, una urbanización de estas dimensiones» por lo que cree que «ahora el alcalde tiene la ocasión de reconsiderar el proyecto con el consenso».
Por su parte, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) reitera su «total oposición» a un plan que, consideran, «afecta a un amplio territorio de masa forestal». Los cupaires presentaron el pasado viernes una moción en el pleno municipal en la que solicitaban la suspensión de la tramitación del plan parcial. El documento, sin embargo, no fue aprobado, ya que ni el gobierno (PSC, PP y Unió) ni el Partit Demòcrata ni ICV apoyaron la propuesta. Asimismo, la CUP sigue «investigando» el voto del edil Milà en la aprobación del proyecto, ya que el edil socialista participó en la fase inicial de la redacción de los planos.
