Tarragona cederá un solar municipal para construir una residencia privada

El Ayuntamiento saca a concurso el uso por 50 años de un terreno para un centro para la gente mayor

07 febrero 2019 10:22 | Actualizado a 07 febrero 2019 10:26
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El Ayuntamiento de Tarragona cederá un solar municipal situado en la Vall de l’Arrabassada para construir una residencia asistida privada destinada para la gente mayor. Así se especifica en el anuncio de licitación que ayer salió publicado en la sede electrónica del Consistorio, en el que se especifica que el terreno que se saca a concurso cuenta con una superficie de 10.800 metros cuadrados, que se encuentra entre las calles Mercè Rodoreda y Llorenç Vilallonga. 

El concejal de Urbanisme, Josep Maria Milà (PSC), destacó ayer en declaraciones al Diari que, inicialmente, el emplazamiento debía albergar la Escola Arrabassada, que se está construyendo en otra finca del mismo barrio. «Por esto, ahora el solar está calificado como de equipamiento educativo. Deberemos cambiarlo a sanitario» detalló ayer el edil, quien reconoce que, a lo largo de las últimas semanas, el Consistorio ha recibido el interés de «varios operadores» para poner en marcha un nuevo centro «concertado o privado», según detalló el responsable municipal. Fuentes de la Xarxa Santa Tecla confirmaron ayer que la empresa «analizará» las condiciones del concurso.  

49.000 euros anuales
Según se especifica en el anuncio de licitación publicado ayer, la concesión administrativa que realizará el Ayuntamiento será para cincuenta años, mediante un pago anual de 49.000 euros, siendo el coste global del contrato de casi 2,5 millones de euros. El plazo para recibir ofertas expira el 20 de marzo. 

En el informe técnico realizado para llevar a cabo la concesión del terreno municipal, los especialistas del Consistorio justifican  la privatización del solar en la «falta de plazas residenciales para gente mayor que hay en la ciudad y la demanda real que hay debido a los escenarios de crecimiento de la ciudad». Asimismo, se añade que el interés público se fundamenta en el hecho de «ofrecer un servicio asistencial de calidad para asegurar la dignidad en las condiciones de vida y de vivienda para favorecer la seguridad y el bienestar físico y moral» de la gente mayor. 

Críticas de CUP e ICV    
La decisión del equipo de gobierno, que fue avalada por la Junta de Govern Local del pasado 5 de diciembre, fue bien vista por parte del principal partido de la oposición: Esquerra Republicana. «Como consecuencia del alargamiento de la esperanza de vida se necesitan más servicios para la gente mayor», aseguró ayer el portavoz de ERC, Pau Ricomà. 

Por su parte, Laia Estrada (CUP) criticó que «se cedan fincas públicas para una explotación privada», y remarcó la apuesta de la formación cupaire para impulsar «una gestión pública y directa», ya que «no debe permitirse que se continúe haciendo negocio con la salud de la gente mayor». 

Finalmente, Arga Sentís (ICV) reconoce que «hay un déficit de plazas residenciales», pero lamentó que las nuevas que se crearán «no sean públicas». «En todo caso espero que haya facilidades y se den las condiciones para todas las personas que las necesiten», añadió la edil ecosocialista.

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