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Sin que aún no se haya movido ni una sola piedra, el Ayuntamiento de Tarragona ya tiene garantizados 3,4 millones de euros por la finca comercial del nuevo barrio de Ponent. Según ha podido saber el Diari, el Consistorio tarraconense ha cobrado un total de 872.000 euros por parte de IKEA y tiene firmados, asimismo, otros 2,6 millones de Ten Brinke, que es la compañía que finalmente impulsará el complejo situado entre el Anillo Mediterráneo de Campclar y la T-11.
Por lo que se refiere a la firma sueca, ésta pagó 584.485 euros por los proyectos de plan parcial, reparcelación y de urbanización, así como otros 288.045 euros por la tramitación de la licencia de obras que solicitó y que se les otorgó pero que, finalmente, la marca no usó.
«Los proyectos pagados por IKEA quedan para la ciudad y nos permiten, asimismo, tener un sector que ya se puede desarrollar de inmediato», indica el concejal de Urbanisme del Ayuntamiento de Tarragona, Josep Maria Milà (PSC). De hecho, la licitación de las obras para urbanizar el nuevo barrio de Ponent ya cuenta con trece empresas interesadas, tras publicarse la oferta municipal con un presupuesto inicial de 18 millones de euros y un plazo de ejecución de las actuaciones de 15 meses.
Un 18% de 14 millones
Paralelamente, el consejo de administración del Servei Municipal de l’Habitatge i d’Actuacions Urbanes (Smhausa) aprobó el pasado martes sumarse al contrato que la Associació de Administrativa de Cooperació del PPU10 suscribió recientemente con Ten Brinke para la venta –por 14 millones de euros– de la finca comercial donde inicialmente debía implantarse IKEA, una compañía que tenía previsto pagar un millón menos que lo que finalmente se firmó. La junta de propietarios cuenta con el 81,56% de los 66.576 metros cuadrados de superficie y 37.121 de uso terciario que tiene la parcela, mientras que Smhausa es la titular del 18,44% restante. Por ello, el organismo dependiente del Ayuntamiento de Tarragona cobrará 2.581.600 euros cuando se inicien las obras de urbanización del plan parcial, una circunstancia que podría producirse justo después de verano.
Smhausa tomó la decisión de adherirse al acuerdo tras un informe elaborado por el arquitecto del servicio municipal, en el que se califica como de «correcto» el precio de venta, fijado en los 377 euros por metro cuadrado. En su informe, el técnico recuerda que el acuerdo con IKEA preveía un precio de 350 euros por m2, una circunstancia que ahora se ha incrementado en un 7% y que está también muy por encima de los informes realizados en 2014 y 2016, cuando se fijaba en los 221 y los 273 el valor de repercusión.
Un informe técnico de Smhausa califica como de «correcta» la venta de la finca a Ten BrinkeEn el documento, sin embargo, no se valora la oferta que también presentó recientemente la compañía Bogaris, que llegaba hasta los 16 millones de euros y que hubiera significado un índice de 431 euros por metros cuadrado. «Fue una propuesta extemporánea que, además, fue rechazada por la mayoría de los propietarios», explican fuentes del Servei Municipal de l’Habitatge. Cabe señalar que, aparte de los 2,6 millones que pagará Ten Brinke, la empresa también deberá abonar en su momento la tasa correspondiente por la solicitud de licencia de obras cuando tenga definido su proyecto y pueda ejecutarlo.
El expediente que se llevó a votación esta semana también contaba con un informe de la Vicesecretaria General del Ayuntamiento de Tarragona, en el que se especificaba que los ingresos obtenidos por la venta se destinarán «con finalidad exclusiva, hasta donde lleguen, al pago de las obras de urbanización del sector». Sobre ello, Josep Maria Milà –que también es el presidente de Smhausa– afirma que, dependiendo del precio final de la adjudicación, «nos sobrará la mitad del dinero». Por ello, el millón de euros que podría sobrar se invertirá «en la construcción de vivienda social», según indica el edil socialista.
De hecho, la previsión del organismo público es la de levantar 160 viviendas de protección social pública en el polígono, una cifra que llegará hasta las 380 si también se suman las que ejecutará el propio Ayuntamiento de Tarragona –por el 10% de aprovechamiento que le corresponde por el desarrollo del sector– y el Incasòl, un organismo dependiente de la Generalitat de Catalunya. De éstas, 243 serán de Vivienda de Protección Oficial (VPO) y 137 serán de carácter de protección social concertada.
Sin unanimidad
La votación del pasado martes no se aprobó por unanimidad, ya que contó con el apoyo de los dos partidos que conforman el equipo de gobierno municipal –PSC y PP– además de Ciutadans, mientras que el PDeCAT se abstuvo y ERC se opuso. «Ballesteros mintió sobre la llegada de IKEA y, ahora, defiende hacer unas Gavarres 2 que perjudica aún más al comercio local», afirma el portavoz de la formación republicana, Pau Ricomà. quien añade: «Tarragona necesita un comercio local fuerte. Esto es un elemento de crecimiento social y de cohesión que no podemos dejar perder».
Por su parte, Dídac Nadal (PDeCAT) reconoce «entender» que los particulares vendan «porque no deben defender el interés público, pero nosotros nos abstuvimos sobre la operación y dejamos por escrito en el acta de la reunión que la finalidad de la finca para albergar el centro comercial es un error para nuestro comercio local. Por ello, no queremos participar de este modelo».
Laia Estrada (CUP) resalta que su formación está «en contra» de la futura gran superficie. «Lo hemos reiterado por activa y por pasiva. No son necesarios más grandes almacenes en Tarragona, y menos en Ponent. Debe apostarse por el pequeño comercio y por más zonas verdes», asegura la edil anticapitalista.
Sobre todo ello, Josep Maria Milà indica que en el plan parcial «habrá 12.838 metros cuadrados de comercio en planta baja. Estos serán para el pequeño comercio del futuro barrio». En este sentido, el edil socialista recuerda que «el comercio de Bonavista y Campclar, por ejemplo, también es Tarragona», por lo que considera que la apertura de Ten Brinke y la construcción del nuevo barrio «servirá para ligar y conectar mejor la ciudad».
Asimismo, Milà critica la postura de PDeCAT y ERC, ya que «la licencia comercial la otorga la Generalitat», a la vez que recuerda que «aún no se conoce el proyecto que presentará Ten Brinke». De hecho, la empresa holandesa con raíces catalanas tiene previsto convocar un concurso arquitectónico para diseñar un proyecto «en el que mostraremos nuestra filosofía de apostar por edificios vanguardistas, de diseño innovador, cuidando al máximo cada detalle y donde la sostenibilidad y el ahorro energético serán los pilares básicos del desarrollo de su actividad», según indicó la propia empresa tras ganar la batalla a la andaluza Bogaris.
