Tarragona endurecerá la sanción a los actos incívicos con multas que llegarán a los 4.000 euros

El Ayuntamiento de Tarragona irá a la caza y captura de los actos incívicos. El gobierno municipal –tras corroborar que desde el inicio del confinamiento se han disparado episodios como el abandono de muebles, bañeras, colchones, la quema de contenedores o el hecho de dejar las bolsas de la basura en la vía pública o en las papeleras– ha decidido dar un paso hacia adelante y encarecer los comportamientos que, según el concejal Jordi Fortuny (ERC), podrían calificarse como de «delitos ambientales».

Actualmente, los técnicos municipales hacen un interpretación «a la baja» de las infracciones «leves» que se establecen en la Llei de Residus de Catalunya, cuya implementación para este tipo de vulneraciones es de carácter municipal. Por ello, las sanciones que se están poniendo en la actualidad, por ejemplo, por dejar los objetos voluminosos en la calle sin que exista el servicio de Deixalleria cuenta con una multa de 300 euros sin que se abra ningún expediente administrativo, ya que en caso de detectar in fraganti al infractor lo gestionan directamente los agentes de la Guàrdia Urban.

Ahora, sin embargo, la voluntad del edil encargado de la Neteja Pública es la de interpretar los hechos desde la franja alta «en los casos que así lo merezcan». En este sentido, el artículo 80 de la normativa autonómica pone de relieve que la cuantía a pagar puede llegar hasta los 4.000 euros en casos como «el abandono, el vertido o la eliminación incontrolada de residuos de cualquier naturaleza y la constitución de depósitos de residuos no legalizados, si no producen ningún daño al medio ambiente o no ponen en peligro grave la salud de las personas», según se afirma en el artículo 75 de la misma normativa. En este sentido, sin embargo, Fortuny abre la puerta a denunciar incluso penalmente algunos casos durante el estado de alarma, ya que «algunos infractores están jugado con la salud de los operarios de la limpieza».

Actuar tras denuncia

Pese al confinamiento obligatorio y al decreto del estado de alarma, lo cierto es que en los últimos días se han disparado los actos incívicos relacionados con el servicio de la basura. «Se han producido en todas partes y en todos los barrios. Necesitamos la colaboración de la ciudadanía para mantener la ciudad limpia», indica Jordi Fortuny. Así, esta misma semana se han detectado numerosas bolsas de la basura fuera de los contenedores vacíos en Boscos, La Móra, Sant Salvador y los barrios de Ponent, mientras que desde el lunes se han quemado tres contenedores.

Por todo ello, el nuevo modus operandi que quiere impulsar a corto plazo el ejecutivo de la Plaça de la Font es el de actuar tras la denuncia ciudadana y no a raíz de un encuentro casual de los agentes de la Policía Local. «Apostamos por qué la ciudadanía llame al Telèfon Verd y denuncie cuando vea algún acto incívico», indica Fortuny. De esta manera «se abrirá un expediente administrativo» que acabará con una sanción que podría multiplicar hasta por trece los actuales 300 euros.

«El objetivo no es recaudatorio, sino disuasorio. Queremos que allí donde no llegue la Guàrdia Urbana puedan llegar los ciudadanos. Así potenciaremos la vigilancia comunitaria y actuaremos con contundencia», resalta el edil de la formación republicana. Paralelamente, el gobierno local ya está estudiando una modificación de la Ordenança de Convivència Ciutadana para endurecer las multas por actos incívicos.

Un plan de concienciación cívica

El planteamiento del ejecutivo municipal para incrementar la cuantía de las multas cuenta con el apoyo de Junts per Tarragona y del PP y, con más dudas, de la CUP. «No nos gusta haber llegado a este punto, pero la inspección y las sanciones son necesarias ante el gran volumen de voluminosos que se han acumulado junto a los contenedores», lamenta Cristina Guzmán (JxTGN), quien resalta que esta circunstancia «pone en riesgo la seguridad de los trabajadores de la basura».

José Luis Martín (PP) lamenta las «dudas» del alcalde Ricomà, pero afirma que la formación conservadora «apoyará cualquier endurecimiento de sanciones que proponga el equipo de gobierno municipal y que suponga el cumplimiento de las ordenanzas», mientras que Laia Estrada (CUP) apoya que «se sancione», pero también exige que «la empresa de la limpieza haga correctamente su trabajo, más con el peligro de contagio que hay».

Sandra Ramos (PSC) apuesta por implementar el «plan de concienciación ciudadana» que, recuerda, «se aprobó recientemente en el pleno municipal», ya que la edil socialista no tiene claro que el encarecimiento de las sanciones «frente a los incívicos».

Finalmente, Rubén Viñuales (Cs) considera que la problemática «no es tanto de legislación sino de ejecución». En este sentido, el portavoz de la formación naranja recalca que «lo importante es que se ejecuten esas sanciones de 300 euros y que se elimine la sensación de impunidad al incívico».