Tarragona es la segunda provincia de España con más viviendas ocupadas

«Busco piso muy urgente, tengo una pensión de 400 euros por invalidez física, no puedo mover la mano y tengo a mi cargo a mi hermano pequeño. Busco piso okupa. Muy urgente. Máximo puedo pagar 300-450. Me quedo en la calle. Por favor, es urgente». Es un anuncio en Tarragona difundido por internet, a la desesperada, que pone casuística a un problema social que se viene enquistando: la ocupación ilegal de vivienda, un mismo fenómeno que tiene varias caras, desde la usurpación de la vivienda por necesidad, al lucro de las mafias que comercian con este tipo de propiedades.

Tarragona es un lujo para los ocupas. No es solo una sensación de propietarios o empresarios inmobiliarios que han visto sus propiedades usurpadas. Los datos del Ministerio de Interior, que recaban las estadísticas de las fuerzas policiales –Mossos incluidos–, así lo demuestran. Es la segunda provincia de España con más ocupación en relación al número de viviendas que hay. Tarragona presenta una tasa de 52,8 denuncias por ocupación de inmuebles por cada 10.000 viviendas. Sólo Barcelona está por delante, con una ratio de 66,09, según el balance de delitos de los últimos seis años, cruzado con los datos del parque de viviendas del Ministerio de Fomento. Sevilla (41,82) ocupa la tercera plaza.

Pero aún hay más. En términos absolutos (es decir, sin hacer la comparativa con el stock de viviendas existentes), Tarragona es la cuarta provincia que más ocupaciones ha padecido entre 2013 y 2018. Con 2.822 casos acumulados, sólo está por detrás de Barcelona (17.465), Madrid (9.587) y Sevilla (3.775). En la provincia, según Interior, hubo el año pasado 614 delitos de ocupación de inmuebles, prácticamente dos al día. Se trata de un incremento de un 18% solo en un año, pero el aumento es muy superior si se toma perspectiva. Con respecto a 2013, la subida es del 97%, por lo que supone que prácticamente se ha doblado el número de hechos denunciados.

Varios factores influyen en el hecho de convertir a Tarragona en un espacio atractivo para la ocupación. «Aquí hay mucha vivienda que está vacía y también mucha segunda residencia. El atractivo de la costa es grande», reconoce Diego Reyes, presidente de la asociación de promotores inmobiliarios del Tarragonès. Reyes, afectado por estos problemas, explica cómo ha cambiado el perfil: «Ahora tenemos a unos ocupas que ya no buscan piso malo. Han subido el nivel y su selección, van a por algo que tenga todos los servicios». Reyes cree que «la ocupación está más enfocada a viviendas de entidades financieras y de empresas pero todavía queda la rémora de muchísimo ocupa que está en casa de particulares».

En lugares costeros como Calafell se ha constatado la presencia de los llamados ‘ocupas vacacionales’, en los que se irrumpe en la vivienda durante los fines de semana o en periodos de asueto. El objeto de deseo son casas unifamiliares, la mayoría propiedad de bancos que pasaron a las entidades porque los promotores no pudieron venderlas ni hacer frente a los préstamos. Están cerca de la playa y en muchos casos tienen piscina, otro aliciente.

Situaciones enquistadas

Reyes es muy crítico con la situación de «desprotección» y acusa a la clase política: «Con este tema hay una total falta de sensibilidad y dejación de funciones hacia los propietarios de viviendas, que se ven sometidos a una gran injusticia. Es algo denigrante».

Los afectados se ven abocados a la dificultad de poder recuperar su casa. «Llevo cuatro años intentando echar a un ocupa. Allí donde entran es una lacra, te arruinan la convivencia», admite Reyes.

El Institut Cerdà es una de las organizaciones dedicadas a estudiar la ocupación. La entidad barcelonesa estima que hay unas 300.000 personas en España que están viviendo como ocupas. El director del área de sostenibilidad del instituto, Miguel Hernández, analiza el caso de Tarragona: «La ocupación acostumbra a ser más elevada en aquellas zonas con mayor población vulnerable y, por lo tanto, con una cantidad más grande de posibles ‘demandantes’ de vivienda a ocupar. Asimismo, las zonas de mayor ocupación también coinciden con ser aquellas en las que el parque de pisos vacíos también es más elevado, lo que explica la existencia de ‘oferta’ de pisos a ocupar».

Un reciente estudio muestra la dimensión del problema. El 94% de los administradores de fincas de Tarragona asegura haber sufrido casos de ocupación ilegal, según un informe de la aseguradora Mutua de Propietarios con la colaboración del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España.