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Tarragona exige al nuevo Gobierno que mejore ya las infraestructuras

Quince entidades y personas de la sociedad civil de la demarcación reclaman, entre otros puntos, la finalización de la A-27, mejorar la N-340 y ejecutar de una vez el Corredor Mediterrani

Xavier Fernández

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Tarragona exige al nuevo Gobierno que mejore ya las infraestructuras

Más de diez meses después de las elecciones del 20 de diciembre, Mariano Rajoy fue investido ayer presidente del Gobierno gracias a la abstención del PSOE. Durante este tiempo, el Gobierno central ha estado prácticamente paralizado. Ahora, a instancias del Diari, quince entidades y personas de la sociedad civil de la demarcación de Tarragona exigen al Ejecutivo del PP que se ponga las pilas, sobre todo en infraestructuras, y le recuerdan su lista de tareas pendientes.

«Celebro que se haya puesto fin a un año de desgobierno, que ha provocado incertidumbre y ha paralizado tanto la actividad legislativa como las políticas e inversiones del Estado. Necesitamos un gobierno que trabaje y un Congreso que legisle, a fin de emprender las reformas que necesita el país», afirma el presidente de Pimec (la patronal de la pequeña y mediana empresa) en Tarragona. Josep Joaquim Sendra reclama reformas fiscales y administrativas y mejores infraestructuras (ver cuadro).

Formación de calidad

En una línea similar se expresa su homólogo de la Cepta (la patronal de la gran empresa), Josep Antoni Belmonte: «Desde hace muchos años venimos pidiendo lo mismo, que el Gobierno termine las actuaciones previstas en el área de infraestructuras de comunicación básicas para Tarragona y sus empresas. Es vital para la salud empresarial de nuestro territorio, como también lo es que se promocionen los estudios de Formación Profesional de calidad, con una visión dual, que, junto con los estudios universitarios, aportarán conocimiento e innovación a nuestro tejido empresarial».

Desde el sector del transporte, el director de la Feat, Josep Lluís Aymat, es conciso: «Las prioridades para nosotros son la A-27 y la gratuidad de la autopista en los tramos paralelos a la N-340 aún no convertidos en A-7».

El presidente del Port, Josep Andreu, pide al Ejecutivo que «mantenga y ejecute sus compromisos territoriales en infraestructuras pendientes, como la finalización de la A-27 y la conexión ferroviaria de ancho europeo».

A la directora general de la patronal de la industria química, la AEQT, Teresa Pallarès, le preocupa el coste energético: «El precio de la energía eléctrica y las infraestructuras son los principales elementos de competitividad que demandamos desde hace tiempo. En España el coste de la energía es un 25% más caro que en otros países con los que competimos en Europa, y además todavía no está transpuesta la Directiva Europea de 2009 sobre Redes Cerradas, como sí han hecho Alemania, Bélgica, Holanda...».

El sector turístico también pone deberes al Gobierno. El presidente de la Federació d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, David Batalla, defiende «que exista un reconocimiento del sector turístico con la creación de un Ministerio de Turismo, la regulación de la llamada economía colaborativa, la regulación de las entidades que recaudan derechos culturales, de imagen, voz, etc, la reducción del IVA turístico, la simplificación de las normativas y trámites administrativos y políticas de incentivación a la renovación y creación de establecimientos y/o negocios turísticos».

El presidente de la Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda, Xavier Roig, pide «agilizar los transfers desde el aeropuerto y la estación del AVE hasta nuestros municipios y que no se continúen creando monopolios de estos medios de transporte». También quiere la «reconversión de las infraestructuras urbanas en los municipios, sobre todo en Salou. Peatonalización, movilidad, aparcamiento, regulación de la imagen comercial y los negocios. Entonces podremos hablar no sólo de la venta de souvenirs para atraer al cliente que deseamos».Y ve imprescindible la «gestión y mesa del impuesto turístico».

El decano del Col·legi d’Advocats de Tarragona, Manel Albiac, solicita que «sigan las medidas iniciadas por el ministro Rafael Català, quien ha impulsado el proyecto tecnológico de notificaciones telemáticas y que no se olviden de proveer plazas de jueces, secretarios y fiscales en aquellos juzgados donde son tan necesarios por el exceso de trabajo».

«Al nuevo gobierno le pido que priorice la creación de políticas de empleo que eviten la precariedad laboral y los contratos basura. Durante los últimos años los médicos hemos sufrido un descenso muy fuerte en nuestras condiciones de trabajo, el mercado laboral es inestable y las retribuciones que perciben los facultativos no se adecúan a la exigencia formativa de las vacantes. Hay que trabajar para frenar esta deriva», reclama, por su parte, el presidente del Col·legi de Metges de Tarragona, Fernando Vizcarro.

Los sindicatos exigen la derogación de la reforma laboral. Para el secretario general de UGT en Tarragona, Joan Llort, hay que «luchar contra el paro (con un plan de choque para el trabajo que contemple medidas para los colectivos con mayor dificultades), reforzar las políticas activas de trabajo, combatir la pobreza estableciendo una prestación de ingresos mínimos, construir un sistema integral de servicios sociales, aplicar la Ley de la Dependencia, elevar el salario mínimo e impulsar incrementos salariales reales para recomponer las rentas, impulsar el crecimiento, derogar las reformas laborales impuestas, luchar contra la precariedad laboral y diseñar un plan estratégico para la industria».

El máximo responsable de CCOO en Tarragona, Jaume Pros, pide «la recuperación de los derechos perdidos, revertir los recortes y la derogación de la reforma laboral». También «un cambio de política económica, que tenga por objetivo la creación de empleo estable y con derechos y el incremento de la inversión pública para impulsar un nuevo modelo productivo que tenga como prioridad la recuperación de tejido industrial y el empleo de calidad en el sector de los servicios».

Y en cuanto a Catalunya –una cuestión que también menciona el decano de la Facultat de Lletres de la URV, Josep Sánchez Cervelló (ver ventanas superiores)–, Pros apuesta por que «se acabe la judicialización del conflicto. Es un conflicto político y debe abordarse políticamente. Las soluciones deben ser políticas y no judiciales».

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