Tarragona exige la nueva Ciutat Judicial para acabar con el agravio

Una amplia mayoría del pleno municipal, jueces y abogados reclaman a la Generalitat un Fórum Judicial digno y unificado, como el que disfrutan el resto de capitales catalanas

Dánel Arzamendi

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La ciudad de Tarragona ha quedado descolgada en el proceso de renovación de los espacios judiciales catalanes. Foto: Pere Ferré

La ciudad de Tarragona ha quedado descolgada en el proceso de renovación de los espacios judiciales catalanes. Foto: Pere Ferré

El Ayuntamiento de Tarragona celebró el pasado viernes 19 de julio su primer pleno ordinario de la legislatura. El interés de la sesión se centró en el tenso debate sobre la colocación de una pancarta en el balcón principal del edificio, exigiendo la libertad de los líderes independentistas. Sin embargo, a lo largo de la mañana también se trataron otros temas de gran interés para la ciudad. Por ejemplo, el grupo socialista propuso una moción instando a la Generalitat a priorizar la construcción del Fórum de la Justicia tarraconense frente a otros equipamientos dependientes del mismo departamento, como el centro penitenciario abierto que ya funciona en la antigua cárcel de la avenida República Argentina.

Tal y como constaba en la exposición de motivos, la propia Consellera de Justicia, Ester Capella, ya ha manifestado públicamente la necesidad de que «Tarragona tenga un gran edificio judicial que acoja todos los juzgados y la Audiencia. Es obligado porque todas las demás capitales del país tienen su Palacio de Justicia». Sin embargo, la Generalitat sigue sin aprobar una consignación presupuestaria para llevar adelante esta obra imprescindible para centralizar nuestros tribunales.

Según se desprende de la entrevista concedida por la propia consellera hace unos meses, el objetivo del departamento es construir primero el nuevo centro penitenciario abierto en la zona del Parc Francolí, para poder vaciar así la antigua cárcel y financiar después el Fórum Judicial con los ingresos derivados de la venta de la prisión y del actual edificio de la Audiencia Provincial en la Rambla Lluís Companys.

El exalcalde Ballesteros, que no intervino durante las casi cinco horas que duró el pleno, hizo una excepción para explicar las respuestas que había recibido de los sucesivos Consellers de Justicia ante esta demanda: Germà Gordó («Alcalde, es una prioridad pero no tenemos dinero»), Carles Mundó («Alcalde, no podemos salir de esta entrevista diciendo que haremos la Ciutat de la Justicia porque no tenemos consignación»), y Ester Capella (que le transmitió una reflexión similar). Finalmente, todos los grupos municipales del Ayuntamiento votaron a favor de la moción, salvando la oposición de ERC y la abstención de En Comú Podem.

Revisando la localización de los diferentes órganos jurisdiccionales, se comprende rápidamente la envergadura del problema que está sobre la mesa. Por poner sólo algunos ejemplos, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 se encuentra en la Travessera de Roma; el Juzgado para la violencia sobre la mujer Nº 1, en la Rambla Lluís Companys; el Juzgado de lo Penal Nº 1, en la calle Sant Antoni Maria Claret; el Juzgado de menores Nº 1, en la calle Vidal i Barraquer; el Juzgado de lo Mercantil Nº 1, en la Avenida Roma...

La opinión de los profesionales

El Decano del Colegio de la Abogacía de Tarragona, Manel Albiac, transmite sus impresiones sobre esta problemática. «La Ciudad de la Justicia es la eterna promesa que nunca se hará realidad, siendo Tarragona la única capital de provincia catalana que carece de ella. Para dignificar la justicia en esta ciudad lo primero que debemos hacer es dignificar el lugar donde se imparte, concentrando juzgados, fiscalía, médicos forenses, servicios administrativos y resto de dependencias en las que actúan los diversos operadores jurídicos en un único espacio moderno y operativo.

El 10 de septiembre de 1998, el Diari publicaba el siguiente titular: el nuevo Palacio de Justicia será una realidad a partir de 1999. La noticia incluía las manifestaciones de la Consellera de Justicia de la época, Núria de Gispert: ayer firmamos el acuerdo de compra de unos terrenos que pertenecían al Ministerio de Defensa y que están a cien metros del actual Palacio de la Audiencia, que se destinarán a la construcción de los nuevos edificios judiciales. Lo que sí se cumplió fue la construcción de un edificio en esos terrenos, pero en la puerta de entrada no se lee Palacio de Justicia, sino El Corte Inglés. Esta cuestión no es el problema de un sector profesional, sino un asunto de ciudad que exige la colaboración de las diferentes administraciones implicadas. Por eso vuelvo a solicitar que pasemos de las promesas a las realidades».

El hasta hace unos meses juez decano de Tarragona, Joaquín Elías Gadea, también comparte este posicionamiento de base. «Siempre pensé que esta cuestión debía asumirse como un tema de la ciudad, más que de un colectivo determinado o de un sector profesional. Son muchas las razones por las que la ciudad necesita un Palacio de Justicia. Considero que existe una razón de dignidad del servicio: los ciudadanos que acuden al tribunal a ver tutelados sus intereses tienen el derecho de que sus pretensiones se sustenten en instalaciones adecuadas, donde puedan, por ejemplo, esperar en lugares separados los agressores y las víctimas, sin goteras en la sala de vista o en pasillos donde haya espacio suficiente para quienes aguardan su turno. Un Juzgado de Guardia, por ejemplo, donde se pueda recavar declaración a las víctimas o denunciantes en condiciones que salvaguarden su intimidad, y no en medio de una sala repleta de gente».

«Por otra parte –continúa–, en Tarragona nos encontramos con numerosas sedes judiciales, radicadas en diferentes edificios, con el consiguiente quebradero de cabeza que ello supone para los ciudadanos, quienes no están familiarizados con la terminología judicial y pueden fácilmente confundirse de órgano judicial. Pero es que además para los operadores resulta complejo moverse de un lugar a otro, y esta dispersión puede ocasionar retrasos, suspensiones y otras dificultades añadidas.

La dispersión en las sedes ocasiona otro importante problema, en cuanto al gasto que genera su alquiler, lo cual, unido a la eterna promesa de que se va a construir otro edificio, lleva a que la inversión en las actuales instalaciones sea prácticamente nula. La ausencia de un edificio en condiciones resulta especialmente llamativa cuando se compara con las otras capitales de provincia de Catalunya, e incluso con otras ciudades de la provincia donde esta cuestión ya está solventada desde hace tiempo».

Por último, también tercia en el asunto el abogado Paco Zapater con algún comentario sobre esta cuestión. «Lo que está ocurriendo con la Ciutat Judicial es una vergüenza. Todos tienen palacio de justicia menos Tarragona. Y ni está ni se le espera. Yo he asumido que no intervendré en ningún juicio en la nueva Ciutat Judicial. Es un agravio comparativo para Tarragona frente a otras capitales catalanas, incluso respecto de Reus, que tiene un palacio de justicia con todos los juzgados. Aquí tenemos ocho o diez sedes judiciales desperdigadas, con un coste enorme: alquileres, seguridad… Todos los gobiernos que han pasado por la Generalitat (primero Convergència i Unió , después el Tripartito del PSC-ERC-ICV, ahora los actuales) han mirado de espaldas a Tarragona en el tema de la Ciutat Judicial».

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