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El Ayuntamiento de Tarragona ha sido el primer Consistorio en ganar la batalla a los bancos. Según ha podido saber el Diari, la administración con sede en la Plaça de la Font se ahorrará un total de 89.000 euros en el pago de intereses por dos créditos que tiene en vigor, después de que el Banco de España haya aceptado ya dos de las tres reclamaciones que la corporación local ha interpuesto por lo que considera «prácticas fraudulentas» por parte de las entidades. En caso de ganar la tercera denuncia, la cifra podría ascender en unos 11.000 euros más.
En concreto, el Ayuntamiento ya ha recuperado hasta el momento 44.000 euros por intereses pagados de más, mientras que se ha logrado renegociar algunas operaciones, lo que se calcula que comportará un ahorro de 45.943 euros más. Esta cantidad se corresponde a los intereses y las condiciones de un préstamo de 16 millones de euros concertado en el año 2016, así como otro de 2,3 del año 2007. A día de hoy, el saldo pendiente de amortizar de ambas operaciones es aún de unos 7,5 millones.
«Mala praxis»
El objeto de la denuncia de la corporación local es por el método de cálculo de la liquidación de los gravámenes por la concertación de los préstamos, que a juicio del Consistorio y del propio regulador beneficia a los bancos sin que esté debidamente justificado. Así lo pone de relieve la memoria del Banco de España de 2016 –publicada en 2017– que establece que en la fórmula que se ha practicado hasta la actualidad «hay una base de cálculo diferente en el numerador y el denominador».
En este sentido, la polémica se debe al hecho de que, en el numerador, los bancos establecían hasta ahora los días naturales del año (365 ó 366), mientras que en el denominador había los días del calendario comercial o civil (360). Esto comportaba un resultado ligeramente positivo en favor de los prestamistas, que provoca que la entidad que lo impulsa «se aparte de las buenas prácticas» indicadas en la Memoria de Reclamaciones de 2016 del Banco de España, que especifica que no considera correcto que «se usen métodos no uniformes, tanto en las operaciones de activo como de pasivo, en la medida en que tal práctica es perjudicial para la clientela».
El documento firmado por el regulador español especifica que «se considerará contrario a una buena praxis financiera el uso de una metodología que combine en la misma fórmula el cómputo de tiempo en años naturales y comerciales para calcular el devengo de los intereses».
Nuevas ofertas
A raíz de que el Departament de Tresoreria del Ayuntamiento estudiara en 2018 el posicionamiento hecho público por el Banco de España, fue en septiembre de 2019 –ya con el ejecutivo actual– cuando el Consistorio se puso en contacto con dos entidades con las que tiene concertados créditos. Tras no recibir ninguna respuesta, en diciembre de 2019 se optó por presentar una reclamación ante el Departamento de conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España, que el pasado 2 de junio emitió un informe favorable al Consistorio.
En ese momento se comunicó a los bancos la determinación del regulador, pero ante una nueva falta de contestación, el alcalde Pau Ricomà (ERC) emitió un decreto el pasado 10 de noviembre en el que instaba a «modificar la cláusula de los intereses» y reclamó el retorno «del importe por las cantidades indebidamente abonadas en concepto de intereses, más los intereses correspondientes», a la vez que se alertó a la entidad «del inicio de acciones legales en caso de que no se modifique el contrato».
Tras la notificación del Consistorio, pocos días después los bancos presentaron nuevas propuestas comerciales en las que se dejaba definitivamente atrás la fórmula 365/360 y, además, proponían el retorno de una parte de los intereses pagados de más por préstamos concertados hace más de una década. Estas peticiones fueron bien vistas por parte de los técnicos municipales. Por ello, estas nuevas condiciones se aprobaron en el pleno municipal telemático del pasado mes de noviembre.
1,3 millones en intereses en 2021
El ahorro de casi 90.000 euros es solo una pequeña parte de la cantidad anual que el Consistorio abona a las entidades financieras por los gravámenes de los préstamos. De hecho, en el presupuesto municipal de 2021 avalado el pasado 29 de diciembre se contempla un pago de 1.320.000 euros a los bancos y cajas en concepto de intereses por los préstamos. Esto significa que los 89.000 euros serían un 6,7% de la partida que se abona, aparte de los 12,4 millones de euros que se pagarán este año en concepto de amortización de créditos por la deuda municipal.
El concejal de Serveis Centrals, Jordi Fortuny (ERC), destaca que los 89.000 euros logrados hasta el momento «permitirán que unos 200 recibos del IBI de los tarraconenses no deban destinarse al pago de los bancos». El segundo teniente de alcalde también valora la importancia de la cantidad lograda, que «equivale a unas fiestas de Sant Magí o un Concurs Internacional de Focs Artificials».
Asimismo, el máximo responsable económico municipal anuncia que el Consistorio negociará a partir de ahora «todos los créditos» que tiene en vigor, y cuya deuda asciende hasta los 166 millones de euros, con préstamos concertados hasta 2043. «Reclamaremos a todas las entidades, y las que no acepten cambiar las condiciones las llevaremos al juzgado», añade el edil republicano, quien apuesta por «no despistarse en la gestión del dinero que es de todos».
