El Tiempo
Estado Carreteras
Whatsapp
Encuesta
Directorio Empresas
El Ayuntamiento de Tarragona abrió el pasado domingo por la tarde un total de 12 expedientes sancionadores contra negocios que, a juicio de la Guàrdia Urbana, se pasaban del espacio máximo que tenían limitado para la instalación de terrazas. Según ha podido saber el Diari, la Policía Local inició el pasado fin de semana en la céntrica plaza de la Part Alta una campaña de inspección de la ocupación en la vía pública que, en las próximas fechas, también se extenderá en los otros puntos que los técnicos municipales califican como de más problemáticos: las plazas del Fòrum y Corsini.
Así lo confirmó ayer a este periódico la concejal de Domini Públic, Paula Varas (ERC), quien aseguró que los agentes municipales contrastaron que el 75% de los establecimientos con terraza sobrepasaban el espacio máximo que tienen contratado. Así, de los 17 controles que se realizaron, en doce de ellos se incumplía la ocupación de la vía pública, un hecho que ahora les comportará la tramitación de un expediente que, si llega hasta el final, derivará en una sanción de 400 euros –que serán 200 si se paga por avanzado–.
Controles en plena polémica
«Las mediciones han puesto de relieve que los doce negocios sancionados estaban ocupando el espacio que tenían en verano, cuando en invierno debe ser menos, ya que lo solicitan de manera diferente», aseguró ayer la edil republicana, quien reconoció que el hecho de que tres de cada cuatro bares vulnerara el espacio permitido «no es ninguna sorpresa», recordando el medio centenar de sanciones que el Ayuntamiento ya tramitó durante el segundo semestre de 2019.
Por ello, ahora el gobierno municipal ha iniciado esta campaña de vigilancia, que se alargará sine die, especialmente desde el viernes por la noche hasta la última hora del domingo. «La instrucción era que si se extralimitaban poco, que no se actuara. Pero no fue el caso», lamentó Varas en declaraciones al Diari.
El control que la Guàrdia Urbana realizó el pasado domingo se produce justo en el punto «caliente» de las negociaciones que el ejecutivo de la Plaça de la Font mantiene con los partidos de la oposición y el sector, que se centra especialmente en la limitación de la capacidad de las terrazas. Según el primer borrador, el ejecutivo apuesta porque un negocio no pueda tener en la vía pública más del 50% del aforo que tiene en su local, lo que ha provocado las críticas de los hosteleros.
Varas, sin embargo, asegura que la puesta en marcha de la campaña de controles es una «coincidencia» con la polémica de los últimos días, y revela que «las inspecciones ya se iniciaron la pasada semana, pero el viento obligó a frenarla».
Fuentes de los hosteleros afectados por las sanciones recordaron ayer que la instalación de los toldos de los negocios «fue aprobado por el propio Consistorio», y recuerdan que estos «no pueden reducirse». Asimismo, aseguraron que «durante 2019 solo hubo 49 quejas presentadas», lo que consideran que demuestra que «las terrazas no son un problema generalizado».
En este sentido, y tras reunirse la pasada con el Ayuntamiento para conocer los planes de la futura regulación, los 160 establecimientos asociados a la Associació d’Empresaris d’Hosteleria de Tarragona inician este viernes una recogida de firmas, que se alargará durante algunas semanas, para expresar su rechazo contra los planes municipales.
PSC y Cs piden a Varas que lo deje
Paralelamente a las acciones del sector, el próximo día 27 se volverá a reunir la comisión política, que se espera polémica, ya que PSC y Cs piden la dimisión de la presidenta de la comisión. «Llevamos meses alertando que Paula Varas tiene una implicación directa. Tiene un restaurante y no debe presidir la comisión», afirma Berni Álvarez (PSC), quien considera que la posible marcha de la edil «ayudaría a encontrar un consenso». Por su parte, Rubén Viñuales (Cs) denuncia que la concejal de ERC «está regulando contra su competencia directa», y acusa al ejecutivo de la Plaça de la Font de «asfixiar» a los propietarios de los establecimientos con menor dimensión.
El PP fue la primera formación que denunció la situación de «incompatibilidad» que considera que tiene Varas en este ámbito. Por ello, la formación popular abandonó la comisión antes de Navidad. «Estamos totalmente en desacuerdo con la ordenanza que se prepara desde el gobierno municipal, que supondrá una reducción de la actividad. Por supuesto que estamos de acuerdo con ordenar el espacio público, pero esta ordenanza supondrá el cierre de numerosos establecimientos de un sector que, por cierto, ni siquiera ha sido invitado a participar en la redacción de la ordenanza», denuncia José Luis Martín (PP).
Más contemporizador se muestra Dídac Nadal (Junts per Tarragona): «El objetivo es encontrar un equilibrio entre las necesidades de la hostelería y los vecinos», indica el edil de Junts, quien resalta que las personas «deben ser los verdaderos protagonistas del espacio comunitario». Pese a ello, añade que «debemos lograr la armonía, ya que la propuesta que se está realizando no beneficia a ninguna de las dos partes».
Finalmente, Laia Estrada (CUP) considera que el objetivo de la nueva ordenanza «no es en ningún caso prohibir las terrazas ni ir en contra de los restauradores, sino establecer una regulación que evite las masificaciones que ya se están produciendo en varios puntos de la Part Alta y de la Plaça Corsini».
