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El Ayuntamiento de Tarragona ha propuesto a la Generalitat de Catalunya acordar una cesión temporal del Palau d’Esports por seis meses y pagar todo lo que falta por invertir en el equipamiento situado en el Anillo Mediterráneo. Así se establece en el esbozo de convenio que el Consistorio envió el pasado 17 de julio al Departament de Presidència del Govern, y al que ha tenido acceso el Diari.
De hecho, según reconoce el gobierno municipal (ERC-Comuns) en una contestación por escrito a una pregunta realizada por Dídac Nadal (Junts), la corporación local sigue pendiente, cuatro meses después, de obtener una respuesta por parte de la administración autonómica a la petición realizada desde la Plaça de la Font. «Si el equipo de gobierno no es capaz de hacerlo posible, pedimos que lo diga abiertamente, ya que la prioridad es desatascar la situación para que, lo antes posible, el Palau se abra a la ciudadanía y a todas las entidades de la ciudad», afirma Nadal, muy crítico con la respuesta recibida.
Por su parte, el portavoz del ejecutivo municipal, Manel Castaño (ERC), lamenta que «la Secretaria General de l’Esport no acaba de dar el paso. Sabemos que nos encontramos en una situación muy complicada, pero les instamos a avanzar», añade el edil de la formación republicana, quien reivindica que la propuesta enviada «es una opción temporal mientras que no se firme la definitiva, que es la mutación demanial que frenaron los partidos de la oposición en julio». Fuentes del Consell Català de l’Esport afirman que «es el Departament de Vicepresidència –que gestiona Patrimoni– quien debe decidir».
«Titularidad siempre pública»
En el documento que el Consistorio hizo llegar al Govern hace casi medio año se indica que la propuesta de cesión sería «temporal durante seis meses y a título gratuito» hasta que ambas administraciones acuerden la mutación demanial –que el consistorio ceda la titularidad del solar para que, posteriormente, sea el Govern el que haga lo mismo con la construcción en favor de la administración municipal–. La previsión es que, desde la firma del convenio, la solución definitiva se acuerde en un máximo de seis meses. «Da igual de quien sea la titularidad, lo que importa es que la propiedad será siempre pública, y que esta recaerá en el Ayuntamiento», asegura Castaño, quien espera que ahora «la Conselleria de Junts per Catalunya cumple el compromiso y no se deje llevar por el periodo electoral» que se abre en breve por la convocatoria de los comicios al Parlament de Catalunya del próximo 14 de febrero.
Asimismo, el texto recalca que la operación se firmaría «sin que suponga ningún gasto para el Consell Català de l’Esport», por lo que el ente autonómico «no proporcionará ni recursos económico ni humanos propios para llevar a cabo la actividad», que iría a cargo del Patronat Municipal d’Esports. En esta linea, el documento afirma que «el Ayuntamiento pondrá los recursos necesarios para cubrir todas las necesidades de la organización de las actividades que se lleven a cabo en el equipamiento», lo que incluiría «los servicios de limpieza, la seguridad y el mantenimiento integral de la instalación, así como todo lo que pueda surgir para el adecuado funcionamiento y conservación» del espacio.
Según un informe del Patronat, el coste anual de mantenimiento del inmueble rondaría los 200.000 euros. A esta cifra debe sumársele la última fase que falta por acabar del recinto, que asciende a unos 480.000 euros, y que según indica Castaño sería asumido por el Ayuntamiento. Estos últimos trabajos consisten en instalar el parqué en la pista principal, así como adquirir las lonas para poder dividir las pista y permitir el uso simultáneo en tres campos transversales. Asimismo, también faltaría comprar las gradas retrácticles, así como el material deportivo, como las canastas o las porterías.
