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El pleno del Ayuntamiento de Tarragona acordó ayer, por unanimidad, suspender durante un año la otorgación de licencias para instalar más vallas publicitarias en la ciudad. El objetivo del equipo de gobierno (PSC, PP y Unió) es el de ir retirando, a lo largo de este mismo mandato, las instalaciones de mayores dimensiones entre las 300 que hay actualmente en el término municipal.
Sin embargo, para poder llevar a cabo esta actuación antes de 2019 será necesario actualizar la actual ordenanza municipal, que es de 1988 y que fue modificada por última ocasión en el año 2002. Por ello, ahora la administración municipal inicia una moratoria de doce meses para poner al día esta regulación y poder eliminar, a corto plazo, las que generan más problemas.
Así se pone de manifiesto en el dictamen que fue aprobado por parte de los ocho partidos con representación municipal, y que establece la creación de una comisión representada por los diferentes grupos municipales, con el objetivo de «consensuar la nueva normativa y que defina aspectos como las dimensiones y las ubicaciones que se permitirán».
El concejal de Urbanisme, Josep Maria Milà (PSC), admitió su voluntad por «suprimir poco a poco las de mayor dimensión» y reconoció que «muchas no tienen licencia». Asimismo, el edil socialista remarca que «muchas de ellas son un atentado contra la imagen de la ciudad», por lo que espera «poder ir eliminándolas a corto plazo».
‘OK’ de la oposición
La decisión contó con la aprobación por parte de los cinco partidos de la oposición. Rubén Viñuales (C’s), manifestó que «el hecho de tener una ordenanza tan antigua y obsoleta es responsabilidad del Ayuntamiento, por lo que la realidad ha superado una vez más la falta de previsión del Consistorio».
Por su parte, Pau Ricomà (ERC) considera que «la ordenanza es muy antigua, por lo que debe modernizarse para adaptarse a los nuevos formatos publicitarios estáticos surgidos durante los últimos años y poder decidir, de esta forma, cuáles podrán ponerse y los que no».
En la misma línea se expresa Laia Estrada (CUP), quien critica que «es triste que la modificación llegue tan tarde y que durante este tiempo haya empresas que se hayan podido aprovechar de vacíos legales».
Finalmente, Arga Sentís (ICV) reconoce la «necesidad» de cambiar la reglamentación y de aprobar –asimismo– la moratoria, ya que «debe adaptarse a la directiva europea de servicios».
El tótem seguirá
Por otra parte, el pleno municipal de ayer rechazó una propuesta presentada por parte de la Asociación de Vecinos de Parc Riuclar para retirar «en un mes» el tótem publicitario que está instalado en su zona. El ejecutivo municipal no aceptó esta petición, ya que «hay advertencias de ilegalidad en este sentido», por lo que «debe negociarse primero con la empresa».
Toda la oposición se posicionó a favor del texto de los residentes, ya que «los vecinos no deben pagar la falta de planificación municipal», según indicó Rubén Viñuales (C’s). Laia Estrada (CUP) considera que «en la Rambla Nova no se habría podido instalar», y Ricomà (ERC) cree que el problema de fondo «es la falta de inversión».
