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Tarragona tiene 2.800 demandas pendientes de las cláusulas suelo

La audiencia previa tarda un año. La jueza de Tarragona recibe el doble de causas de las que puede asumir. Hay un segundo magistrado de refuerzo

Raúl Cosano

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Una trabajadora, junto a la estantería que alberga los dosieres con la documentación de cada caso, en el juzgado de Primera Instancia número 8 de Tarragona, que se ha especializado. FOTO: Alba Mariné

Una trabajadora, junto a la estantería que alberga los dosieres con la documentación de cada caso, en el juzgado de Primera Instancia número 8 de Tarragona, que se ha especializado. FOTO: Alba Mariné

Al final del pasillo, en unos bajos del número 21 de la Avinguda Roma, hay ajetreo. Es el trajín de todo juzgado, con un añadido: pocos como este, el de Primera Instancia número 8, han recibido tan de lleno el impacto del frenesí inmobiliario, casi una década después del estallido de la burbuja.

«Hay volumen de trabajo, sí, para qué lo vamos a negar. Pero no veo que este juzgado esté colapsado. Yo sí hablaría de saturación», matiza María del Carmen Marcos, jueza en sustitución, hasta hace poco la principal responsable de ir dándole salida a todos los pleitos que tengan que ver con cláusulas abusivas. No es nada exclusivo de Tarragona: el plan de especialización impulsado el año pasado –concentrar en un juzgado por provincia este tipo de casos– ha acabado por colapsar prácticamente todos estos tribunales. 

«Este juzgado está saturado pero no colapsado. Entra mucho pero también sale, aunque no con el mismo volumen», María del Carmen Marcos, jueza

La saturación ha obligado a reforzar el juzgado tarraconense desde el mes de septiembre con otro magistrado, Javier Oficial. «Con el juez de refuerzo vamos a intentar que estos plazos se reduzcan. Se han duplicado agendas y días de vistas. Ahora hay que engranar todo eso», explica María del Carmen Marcos. Algunos abogados tarraconenses asiduos del número 8 ya dan fe de la mejora en las últimas semanas.  

La realidad, sin embargo, es que no se da abasto. «Cuando un juzgado está colapsado es porque entra mucho y no sale nada. Aquí no. Entra mucho y sale mucho, lo que pasa que no sale el mismo volumen de lo que entra», cuenta la magistrada, al frente de este juzgado desde hace dos años. 

Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran la gravedad de la situación: en el último año han entrado 2.533 casos, una media de siete al día. Pero en el mismo tiempo se han resuelto 676 demandas, la mayoría a favor del consumidor. De esa forma, la cantidad de asuntos por resolver va creciendo exponencialmente. 

«Los bancos tienen ese estigma de ser los malos pero no es real. No están siempre recurriendo.         Facilitan las cosas»

El trabajo pendiente se ha triplicado en un año. Si en el tercer trimestre de 2017 había 944 casos en trámite, en el de este año quedan 2.801. «Ni me planteo el trabajo que queda por delante. Simplemente vamos haciendo», admite con calma la magistrada.  

Más datos para ilustrar el problema: este juzgado ingresa casi el doble de asuntos (461) de los que puede resolver (260), según las cifras del tercer trimestre de 2018, las últimas disponibles, publicadas esta misma semana. 

Estanterías que delatan
Las estanterías delatan. Hay un orden escrupuloso –nada de esas imágenes icónicas de caos– pero una gran cantidad de expediente acumulados en los armarios. La mayor parte son de cláusulas suelo, pero también hay otro tipo de casuísticas, desde gastos de hipoteca a préstamos referenciados al índice IRPH o multidivisas, pasando por vencimiento anticipado, intereses moratorios o gastos de formalización de hipoteca.  

«Tardamos un año en dar cita previa. Intentaremos reducir ese plazo con el juez de refuerzo»

«Son temas referidos siempre a las condiciones generales de la contratación», resume la juez. También se siguen llevando ejecuciones y otros procedimientos derivados de los que ya se tenían. 

Uno de los puntos claves es la audiencia previa. «Ahora se están celebrando las audiencias previas de las demandas que entraron en noviembre del año pasado. Es a un año vista pero con el refuerzo intentaremos paliar eso», explica María del Carmen Marcos, que a partir de entonces acelera el proceso: «Intento no irme más de un mes o mes y medio en dictar sentencia, lo cual es rápido». 

El juzgado trabaja a pleno rendimiento. «Tengo muy por la mano el criterio que llevan los funcionarios y ellos a la vez el mío. Se está haciendo un buen trabajo», narra. 

«La complejidad está en la propia demanda. Cada una es única y pide una cosa en concreto»

Tramitadores y gestores dan salida a los casos. La juez tiene a nueve funcionarios adjuntos mientras que el magistrado de refuerzo dispone de dos. A eso se le suma la letrada de la administración. En total, son 14 personas las que configuran la plantilla de este juzgado de Primera Instancia número 8. 

El día a día es impartir justicia en esos pleitos que enfrentan a la banca con el consumidor. «Cada demanda es distinta. Algunas te piden la nulidad de una condición, otras te piden dos o tres. Cada expediente es particular y pide una cosa única. Entonces en eso reside la complejidad», relata la magistrada de Tarragona. 

Bancos en el punto de mira
La jueza desmitifica la mala fama de los bancos: «Tienen ese estigma de ser los malos pero no es real. No están siempre recurriendo y facilitan las cosas en muchos casos». 

«Procuro dictar sentencia en mes o mes y medio, lo cual es rápido»

Fue el CGPJ el que diseñó el año pasado un plan para resolver las demandas relacionadas con cláusulas abusivas en contratos hipotecarios. La principal medida que se adoptó fue la especialización de 54 Juzgados de Primera Instancia repartidos por España. 

Los abogados han sido muy críticos con ese sistema. María del Carmen Marcos lo matiza: «Se decidió que se hiciera así. No es ni bueno ni malo. Es cuestión de que se sabía que iba a haber un volumen fuerte de entrada y se tenía que acotar de alguna manera. Si no se hubieran hecho los juzgados de especialización, el volumen de procedimientos normales que entraban en este juzgado también se habría tenido que repartir al resto, que se habría saturado». Marcos cree que «es el plan que tenemos» y emplaza a esperar para hacer balance: «A largo plazo hay que analizar si se ha dado trámite a todo lo que se requería». 

«Puede que hagan falta más juzgados.Socialmente las cosas han cambiado mucho en los últimos años»

Marcos admite la difícil coyuntura de trabajo, no sólo en su juzgado, sino en general, y reflexiona: «Puede que hagan falta más juzgados y más recursos. Socialmente las cosas han cambiado en los últimos años. La crisis ha tenido que ver. Hay más reclamaciones, hay más desahucios...». 
 

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