Tarragona tiene 2,6 millones en contratos que han agotado las prórrogas

El Ayuntamiento de Tarragona tiene en estos momentos seis contratos en vigor de concesiones administrativas con todas las prórrogas agotadas. Estas externalizaciones –que deben volverse a sacar a concurso pero que, en cambio, siguen ejerciéndose por parte de una empresa privada– suman un gasto total de 2,6 millones de euros para las arcas municipales. Así lo reconoce el primer teniente de alcalde de Presidència i Contractació, José Luis Martín (PP), en una pregunta  que el grupo municipal de la CUP le realizó en el pleno del pasado mes de noviembre y que el edil de la formación conservadora ha contestado por escrito esta semana. 

En la cuestión que los cupaires plantearon hace semanas pedían, textualmente: «¿Cuántos contratos hay actualmente en el Ayuntamiento en continuidad después de agotar las dos prórrogas? ¿Y cuánto dinero representan estos contratos?». En su respuesta, a la que ha tenido acceso el Diari, el primer teniente de alcalde detalla que son seis los servicios públicos que gestionan firmas privadas pese a tener el contrato y las dos prórrogas agotadas. 

Dos millones en limpieza de aulas
Especialmente signiticativo es el caso correspondiente al servicio de limpieza de las escuelas públicos de segundo ciclo de Infantil y de Educació Primària, que se lleva el 80% del gasto, ya que cuenta con dos adjudicaciones que suman dos millones de euros: uno de 1,3 millones y otro de casi 800.000 euros. Este servicio se presta en los centros municipales de gestión directa en la educación Infantil de Primer Cicle, así como en los centros docentes municipales y la sede del Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET).  

José Luis Martín (PP): «Hay departamentos que no envían la documentación a tiempo al área de Contractació»

En el documento firmado por el edil de Contractació se especifica también que, en la actualidad, hay una póliza de seguro del Ayuntamiento con el contrato agotado que asciende a 230.619 euros, así como el servicio de telecomunicaciones de voz fija y de datos, que suma un total de 101.007 euros. 

Finalmente –en su respuesta a la CUP–, José Luis Martín especifica que la administración de la Plaça de la Font tiene también caducada la adjudicación relativa a los servicios de impresión, fax y digitalización –por un importe de 96.416 euros–. Asimismo, el Consistorio también tiene pendiente de licitar el contrato consistente en la contratación del personal profesional especializado en la realización de auditorías de regularidad de las empresas municipales, de los organismos autónomos del Ayuntamiento y del servicio de  la recogida de la basura. Este contrato está dividido en diez lotes, por un importe global de 48.697 euros.  

«Los informes jurídicos lo avalan»
José Luis Martín asegura que la situación en la que se encuentran los seis contratos municipales es «legal y normal», y que «no se trata de una situación preocupante». En este sentido, el edil del PP recalca que la finalización de las dos prórrogas «cuentan con los informes jurídicos favorables» en los expedientes que pasan por el pleno municipal para seguir ofreciendo el servicio. 

Laia Estrada (CUP): «Esta situación es incomprensible. Son concesiones con prórrogas agotadas. Falta previsión»

«Una vez agotadas las dos prórrogas debemos sacar a concurso el servicio en un plazo de nueve meses. En esto es en lo que estamos, pero lo que no podemos hacer es dejar de prestar el servicio», afirma Martín, quien reconoce que la responsabilidad de que se agoten los contratos y las prórrogas «es de cada departamento, que no han remitido a tiempo los pliegos de cláusulas al servicio de Contractació para que se licite de nuevo el concurso». Los seis concursos se convocarán en 2019. 

«¿Cuál es el motivo real?»
La portavoz de la CUP, Laia Estrada, se muestra especialmente crítica por los 2,6 millones en servicios caducados. «Nos preguntamos cuál es el motivo real por el cual nos encontramos en esta situación», indica la representante cupaire, quien recuerda que «estamos hablando de unos contratos que son plurianuales y que tienen una limitación temporal clara». 

Por ello, Estrada califica de «incomprensible» que «no haya una correcta previsión para llevar a cabo las licitaciones, sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de contratos ya prevén prórrogas, que también se han agotado». En esta línea, la cupaire «comprendería» que «se llegara a esta situación si estuviéramos en vías de internalizar servicios, ya que supondría cambios sustanciales. Pero no es el caso».