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Tarragona todavía está pagando créditos del siglo pasado

El Consistorio arrastra desde hace años una mochila de 20 préstamos bancarios que, entre amortizaciones e intereses, suponen aproximadamente un 10% del presupuesto municipal

OCTAVI SAUMELL

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Imagen de ayer de la comisaría de la Guàrdia Urbana. FOTO: FABIÁN ACIDRES

Imagen de ayer de la comisaría de la Guàrdia Urbana. FOTO: FABIÁN ACIDRES

Durante las últimas semanas, a raíz de la incertidumbre por la situación económica del Ayuntamiento y los problemas para poder cuadrar el presupuesto de 2022, se ha hablado mucho de la mochila de la deuda que arrastra el Consistorio. En global, el pasivo municipal asciende hasta los 128 millones, lo que supone –entre amortización e intereses– un gasto previsto este año de 13,4 millones que, en 2022, subirá a 15,6. Esto se traduce, aproximadamente, en un 9% del presupuesto. Este 2021, además, ha habido una aportación extraordinaria a medio año que ha disparado la cifra hasta los 20,7 millones.

El Diari ha tenido acceso al detalle de la deuda que la corporación local tiene actualmente con las entidades financieras. Esta se abona en base a los veinte préstamos que, a día de hoy, están en vigor. Cabe señalar que siete créditos corresponden a la época del alcalde Joan Miquel Nadal (CiU), nueve son de los distintos gobiernos del alcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) y cuatro del actual máximo representante municipal, Pau Ricomà (ERC).

Tres acaban a finales de 2026

Lo primero que sorprende del estudio es que el Ayuntamiento aún arrastra préstamos del siglo XX, que lógicamente se firmaron con la peseta. El primero es un crédito con el BBVA Argentaria del 8 de junio de 1999 que se concertó por un valor de 3.192 millones de la antigua moneda, lo que serían 19 millones de euros. Este préstamo, del que no se disponen datos de las obras que financió, se empezó a pagar en 2011 y se abonará hasta diciembre de 2026 a un interés del Euríbor más un diferencial del 0,15%.

Posteriormente, en diciembre de 2004 se llevó a cabo una refinanciación de varios préstamos antiguos por un valor global de 55,8 millones de euros, del que tampoco se dispone de la información del motivo de su concertación. Esta operación con el BBVA también se dejará de pagar a finales de 2026.

El primer crédito del que ya se dispone de datos concretos es el del 1 de abril de 2005, por valor de ocho millones con el BBVA, que también se abonará hasta diciembre de 2026. En los ficheros de los altos funcionarios municipales se detalla que, entre otras actuaciones, esta sirvió para «hacer llegar la Rambla hasta el río», en el entorno de Joan XXIII.

La relación de principios de siglo con el BBVA siguió en marzo de 2006, cuando se acordó financiar 8,7 millones más. Esta operación se complementó con otros dos préstamos –uno con el Banco Santander por 9 millones y otro con Dexia, por 16– para un montante global de 33 millones, en la que fue la última gran operación de Joan Miquel Nadal en la alcaldía. Según los registros municipales, esta cantidad se destinó para obras a la zona peatonal del centro de la ciudad, a la remodelación de la Via Augusta (4 millones), al Teatre Tarragona (1,5), a la piscina del Serrallo (1,5) y a la remodelación del Palau Municipal (1,5). Poco después, el último crédito del gobierno Nadal fue uno con el BBVA el día de Sant Jordi de 2007, a un interés fijo del 3,98% a pagar hasta diciembre de 2022. Este sirvió para el césped artificial de los campos de fútbol, el Espai de Trobada de Campclar, la Llar d’Infants del Cèsar August y los vestuarios del estadio de La Granja, entre otras actuaciones.

Ballesteros: crédito solo al llegar

Josep Fèlix Ballesteros asumió su primer crédito justo el día en el que fue investido: el 15 de junio de 2007. Fue con Dexia, por un valor de 2,3 millones a un interés fijo del 3,97% que se destinó, entre otras actuaciones, para el Parc del Amfiteatre y la piscina del Serrallo. Pocos meses después, el día de Sant Jordi de 2008, se firmó otro préstamo –esta vez con el Instituto de Crédito Oficial (ICO)– por 9 millones de euros que se destinó a las complejas obras del Teatre Tarragona (1,5 millones), las aceras de la N-340 en Ponent (1,1 millones), el Pla Integral de la Part Alta (1) y el césped de los campos de fútbol municipales.

En marzo de 2009 se materializó la primera gran operación del gobierno entonces formado por PSC y ERC. La iniciativa fue de 40 millones de euros y se concretó mediante dos créditos. El primero –de 28,1 millones– con el ICO, y pocos meses después con otro de 11,8 con La Caixa. Esta concertación se destinó a desbloquear las obras del Teatre Tarragona (3,5 millones), a los contenedores soterrados (2,2) y a otra obra que también se había encallado: la comisaría de la Guàrdia Urbana, en la que se inyectaron tres millones de euros para poder hacer realidad su traslado al entorno de Joan XXIII. También se llevaron a cabo obras en las calles Cervantes, Mallorca o Jaume I, así como la cobertura de la piscina municipal de Sant Salvador (1 millón).

Poco después, a partir de 2010, el Consistorio empezó a notar los efectos de la crisis económica, motivo por el cual en marzo de 2012 se acogió al crédito de 19,8 millones impulsado por el Gobierno Central de Mariano Rajoy (PP) para el pago de proveedores, que se firmó con varios bancos a un interés elevado: el 5,94%. Esta operación, que no se debía empezar a abonar hasta 2022, comportó que el Consistorio deba cumplir desde entonces con un plan de ajuste económico.

Ya en marzo de 2015 se concertó otra operación con el BBVA por siete millones de euros, que principalmente se destinó a Espimsa para las obras del Mercat Central, que finalizaron justo dos años después. En marzo de hace seis años también se firmó con La Caixa un crédito de 12 millones para la urbanización de los terrenos de Campclar para albergar los Juegos del Mediterráneo de 2018. Ese préstamo se acordó a un interés del Euríbor más un diferencial del 1,19%, del que aún quedan 9 millones de euros por amortizar hasta abril de 2035, a razón de 729.000 euros al año. Otro de los grandes créditos que arrastra el Consistorio es el de junio de 2016 con La Caixa, que sirvió para refinanciar varios préstamos de la etapa Ballesteros por 20,6 millones de euros, y que servían para pagar obras como la comisaría de la Guàrdia Urbana, el Pla Integral de la Part Alta y de Campclar o la piscina de Sant Salvador.

Las últimas operaciones del PSC fueron de menos envergadura. En julio de 2018 se concretó un nuevo crédito con La Caixa por dos millones, que se destinaron a la sustitución de contenedores soterrados y a las cargas urbanísticas de la urbanización del nuevo barrio de Ponent (PP10). En julio de 2018 hubo otra operación, esta con el BBVA, por cinco millones. Entre otras, se aportaron 600.000 euros a Espimsa por las obras del Mercat y 592.000 para las cargas urbanísticas del PP10.

Objetivo: cerrar el plan de ajuste

Durante el mandato de Pau Ricomà se han concertado cuatro nuevos créditos, de los cuales en tres de ellos de momento solo se están pagando intereses. El más destacado es el que se firmó en octubre de 2019 por 12,9 millones de euros. Este préstamo se impulsó para amortizar el de 2012 del plan de proveedores y relevarlo por otro a un mejor interés. De este nuevo crédito, en 2021, se han pagado ya 7,2 millones y es posible que, en base al superávit de este año, en 2022 se «rematen» los 5,7 millones que quedan, lo que permitiría cerrar la operación y, además, salir de la tutela estatal del plan de ajuste.

Por lo que se refiere a los otros tres, este año se han abonado únicamente los intereses –unos 20.000 euros en total–, pero el próximo año ya se deben empezar a amortizar, lo que supondrá engordar encarecer las obligaciones de pago a las entidades financieras con 2,2 millones de euros adicionales. Sobre ello, el concejal de Serveis Centrals, Jordi Fortuny (ERC), indica que el Ayuntamiento tiene una situación «controlada», de forma que «cada año intentamos endeudarnos menos de lo que amortizamos» para rebajar el nivel de pasivo. El primer teniente de alcalde añade que la administración de la Plaça de la Font «vive desde hace tiempo en un equilibrio inestable». «Esto se demuestra con el hecho de que hace muchos años que no se puede destinar gasto corriente para pagar inversiones, sino que se debe ir a crédito», lo que según Fortuny deriva en que «cuando viene un tsunami como el de ahora con el 5,5% de inflación todo se desequilibre» y provoque que la mochila de la deuda pese aún más.

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