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Tarragonès y Baix Ebre, las comarcas más afectadas

Cuatro Ampas del Priorat ya han iniciado los trámites para traspasar la competencia de los comedores a los ayuntamientos

Octavi Saumell

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A partir del próximo curso las Ampas no podrán contratar los servicios del comedor. FOTO: Pere Ferré

A partir del próximo curso las Ampas no podrán contratar los servicios del comedor. FOTO: Pere Ferré

La gestión de los comedores escolares de la provincia de Tarragona la llevan entre los Consells Comarcals, los ayuntamientos y las Ampas, que hasta ahora son las encargadas de contratar en 117 centros de las comarcas tarraconenses por delegación de las administraciones locales.

La demarcación que cuenta con un mayor número de Ampas afectadas por el inminente decreto del Govern de la Generalitat es el Tarragonès, donde éstas entidades asumen 41 de los 54 comedores escolares públicos que hay. La segunda con un mayor volumen es el Baix Ebre, con 19, seguida del Baix Camp, con 18. Le siguen el Baix Penedès (11) y el Montsià (10), y Ribera d’Ebre y el Priorat, con 5; la Terra Alta y el Alt Camp, con 3 y, finalmente, la Conca de Barberà es la comarca que cuenta con menos Ampas gestionando comedores, con sólo dos: una en la Espluga de Francolí y la otra en Santa Coloma de Queralt.

Pese a que aún no es oficial, el Priorat es la comarca en la que las Ampas han empezado antes a llevar a cabo el traspaso de la competencia hacia los ayuntamientos. En concreto, según informa el Consell Comarcal, las asociaciones de madres y padres de Marçà, Capçanes, Masroig y Ulldemolins ya han iniciado los trámites, quedándose sólo con la  gestión los del Institut Priorat, de Falset.

«Es una medida para anticiparse. De hecho, hasta ahora la Ampa contrata el catering y los ayuntamientos ya se encargan de los monitores, ya que de lo contrario es un coste que no pueden asumirlo», se indica al Diari desde la corporación comarcal del Priorat.

La Secuita, el modelo a seguir 

Por lo que se refiere a los consistorio, estos colaboran directamente con los comedores escolares. En La Canonja, su alcalde –Roc Muñoz (PSC)– afirma que «nosotros acabamos de montar una cocina con los presupuestos participativos y la gestión la lleva el Ampa», y añade: «hasta ahora la comida la suministraban por catering. A partir de la semana que viene la harán en la nueva cocina».

Félix Alonso (Altafulla) asegura que «somos críticos con algunos aspectos que se apuntan en el decreto, como el modelo de gestión», que afirma que «lo estamos analizando con todos los sectores afectados». 

Por otra parte, el alcalde de La Secuita, Eudald Roca (ERC), indica que la reciente licitación pública que se ha realizado para la Escola Guillem de Claramunt de la localidad del Tarragonès «es el modelo a seguir» en el que se ha fijado la Generalitat para definir el nuevo decreto.

En el pliego de cláusulas para la prestación del servicio de La Secuita se indica que la vigencia del contrato «será de cuatro años, más otro opcional», así como «garantizar la disponibilidad de la elaboración de la comida in situ en el recinto escolar», siendo el precio del menú de un máximo cuatro euros (con el IVA incluido).

Asimismo, en el texto se especifica que el Consistorio «tiene interés en fomentar productos procedentes de la producción ecológica», así como que «se usará aceite de oliva», «se excluyan los precocinados» y se apueste por las frutas y verduras frescas de temporada. 

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