Tarragona Tribunales

Treinta tarraconenses han sido indultados en la última década

Entre los delitos perdonados, el de malversación de caudales públicos, del que también se acusa a los líderes independentistas encarcelados

Xavier Fernández José

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Concentración el pasado 23 de junio en Madrid en favor de los presos organizada por ‘Madrileños por el Derecho a Decidir’. Foto: Efe

Concentración el pasado 23 de junio en Madrid en favor de los presos organizada por ‘Madrileños por el Derecho a Decidir’. Foto: Efe

«Visto el expediente de indulto de don (...), condenado por la Audiencia Provincial de Tarragona como autor de un delito de falsificación de moneda a la pena de cuatro años de prisión por hechos cometidos en 2011, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, estimando que, atendiendo a las circunstancias del condenado, concurren razones de justicia y equidad, vengo en conmutar a don (...) la pena privativa de libertad impuesta por otra de dos años de prisión». Este es el último indulto, en este caso no total sino de rebaja de pena, del que se ha beneficiado un tarraconense. Data de octubre de 2015

La reciente afirmación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de que está «a favor de que se estudie (un posible indulto a los presos independentistas) si lo piden» desató, una vez más, la caja de los truenos y puso en el candelero una medida de gracia que, según datos de la web ‘el indultómetro de Civio’, han recibido una treintena de tarraconenses desde 2008. La cifra aumenta hasta el centenar si se cuantifica desde 1999. 

La tipología de delitos es múltiple, pero ninguna de ellos comparable a una frustrada proclamación de la independencia sin que mediara violencia alguna. Sí que fueron indultados un hombre en 1998 y una mujer en 2000 por sendos delitos de malversación de caudales públicos. Se trata de uno de los cargos que se imputa a los líderes secesionistas, junto a los de rebelión y sedición.

Del centenar largo de delitos que enumera ‘el indultómetro de Civio’, casi la mitad eran «contra la salud pública» o por tráfico de drogas. Le sigue una variopinta variedad de delitos contra la propiedad, como robos y hurtos.

Entre las penas conmutadas, resalta la impuesta por el «delito de proposición de asesinato mediante precio, a cinco años y ocho meses de prisión, con las accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena». Su autora fue indultada en 2005.

Esos cinco años no son la pena más alta perdonada. Un hombre fue indultado en 2007 de la condena por «dos delitos de robo con intimidación con uso de armas, a la pena de tres años, seis meses y un día de prisión, por cada uno, con la accesoria de inhabilitación especial para el desempeño de cargo público y de ejercicio del sufragio pasivo».

Lesiones, quebrantamiento de condena, estafas, apropiación indebida y malos tratos son algunos de los otros delitos ‘olvidados’ en pro de la rehabilitación del autor o porque su estancia en prisión podría ser peor para el condenado, según la Justicia, que su liberación. Todos ellos son delitos de índole social o económico.

Dos delitos sí que podrían ser calificados de ‘políticos’. En los tiempos en que aún existía el Servicio Militar Obligatoria, la famosa ‘mili’, quien se negaba y se declaraba objetor de conciencia debía realizar la Prestación Social Sustitutoria (PSS). Si el joven en cuestión rechazaba incluso cumplir la PSS se enfrentaba a la cárcel. Es lo que le ocurrió a dos tarraconenses. Cada uno de ellos fue condenado a dos años, cuatro meses y un día de prisión menor e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Fueron indultados en 1996 y 1998.
Conducir borracho

No faltan los indultos por delitos al volante. En 1998, fue perdonado un individuo multado con 100.000 pesetas (600 euros de hoy en día) y castigado con la retirada del carnet durante tres meses y un día por conducir «bajo influencia de bebidas alcohólicas». Ese mismo año, otro hombre se libró de la pena de «un mes y un día de arresto mayor y privación del carnet de conducir por tres meses y un día» por un delito de «imprudencia temeraria con resultado de lesiones». 

Estafadores, ladrones, camellos, conductores ebrios, maltratadores e incluso un falsificador de moneda. Todos ellos merecieron una segunda oportunidad, pero no los presos independentistas, acusados del ‘peor’ de los delitos: atentar contra la unidad de España. Todo se perdona, menos, intentar «romper» la patria, según la derecha y amplios sectores del PSOE.

Cuando Zapatero expresó el deseo de que «con el respeto al Tribunal Supremo, que sea una sentencia que nos permita la necesaria y saludable convivencia», el PP  le acusó de presionar al Tribunal Supremo, el mismo Partido Popular que recurrió al Tribunal Constitucional una Ley, el Estatut, aprobada por el Parlament, el Congreso, el Senado y el pueblo de Catalunya en un referéndum.

Entre los indultos más significativos, y rápidos, de la historia de la democracia española están los del exministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera. Ambos habían ejercido con el socialista Felipe González como presidente del Gobierno.

Barrionuevo y Vera fueron condenados a diez años de prisión por el secuestro por el GAL en 1983 de Segundo Marey. El propio Felipe González les acompañó a la puerta de la cárcel. Barrionuevo y Vera pasaron solo tres meses y medio en la cárcel. ¿Por qué? El Gobierno de José María Aznar les concedió un indulto parcial, de dos tercios de sus penas. También fueron perdonados los otros ocho condenados: Julián Sancristóbal, Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo, Ricardo García Damborenea, Francisco Saiz Oceja, Julio Hierro, Luis Hens y José Ramón Corujo, todos ellos supuestamente relacionados con el GAL. La presunta guerra sucia ‘mereció’ un indulto. Del PP. 

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