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Un 64% de los jueces y un 70% de los fiscales secundan la huelga en Tarragona

Independencia judicial, más medios materiales y humanos así como unas condiciones laborales dignas, entre las reivindicaciones 

Àngel Juanpere

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La decana Anna Grau leyendo el comunicado ante los jueces, magistrados y fiscales que se concentraron delante del Palau de Justícia de Tarragona. FOTO: Alba Mariné

La decana Anna Grau leyendo el comunicado ante los jueces, magistrados y fiscales que se concentraron delante del Palau de Justícia de Tarragona. FOTO: Alba Mariné

Seguimiento masivo ayer en la demarcación de Tarragona de la huelga convocada por jueces y fiscales –la segunda de este año– para solicitar una serie de reivindicaciones, algunas tan actuales como la despolitización del Poder Judicial –situación agravada por los últimos nombramientos en el Tribunal Supremo–.

También piden más medios materiales para poder dar una adecuada respuesta a los ciudadanos, tener unas cargas de trabajo saludables, etc. El paro ha sido apoyado por las cuatro asociaciones de jueces y las de fiscales.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat) informó de que a nivel catalán se habían suspendido más de 550 actuaciones –entre declaraciones, juicios, etc–, sin facilitar datos territorializados. En este sentido, apuntó que no se habían practicado 170 señalamientos en la jurisdicción civil, 150 diligencias de instrucción, 100 juicios penales y 66 sociales así como 65 diligencias de Registro Civil.

En cuanto al seguimiento de la huelga, las mismas fuentes precisaron que en Catalunya la habían seguido 303 jueces y magistrados, de un total de 700 que están en activo, lo que representa un 43 por ciento.

El porcentaje fue mayor en la demarcación de Tarragona, donde hicieron huelga 45. Teniendo en cuenta que la plantilla es de aproximadamente 70 personas, el seguimiento fue de un 64 por ciento.

Por lo que respecta al Ministerio Público, de los 47 fiscales que ejercen en la provincia de Tarragona, 33 se sumaron a la huelga, un 70,2 por ciento. Aunque muchos secundaron el paro, tuvieron que trabajar para cubrir los servicios mínimos, como aquellos que estaban en el Juzgado de Guardia, los que atendían a los casos de violencia doméstica o de órdenes de protección, y a los juicios cuyo acusado está preso. 

En el caso de Tarragona fue la decana en funciones, Anna Grau, la encargada de leer un comunicado ante las puertas del Palau de Justícia. Recordó en primer lugar que estos días «asistimos a un nuevo episodio en el permanente cuestionamiento del Estado de Derecho». Y ello cuando «sin el más mínimo respeto por el Poder Judicial ni por el Poder Legislativo» se anuncia un acuerdo entre partidos para el nombramiento del próximo presidente del Tribunal Supremo.

Entre los puntos que solicitan está la derogación del plazo máximo de la instrucción de los casos penales, derechos a permisos y licencias, creación de plazas e incremento del número de jueces y fiscales, y condiciones laborales dignas para los que acaban de acceder a la carrera fiscal y judicial. 

Son en total 14 reivindicaciones, recordaba en Tarragona el magistrado de la Audiencia de Barcelona Carlos Hugo Preciado.

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