Un Palau gafado desde el primer minuto

La historia del Palau d’Esports, en desuso desde hace más de un año y medio, ha estado gafada desde el primer momento. Inicialmente –en el año 2007– el esperado equipamiento –que debía servir para abrir al CBT la puerta para aspirar algún día a jugar en la Liga ACB– se dibujó en el entorno del Polígon Francolí. De hecho, no fue hasta años después que la organización de la entonces candidatura de los Juegos del Mediterráneo de 2017 impulsó que el equipamiento se ubicara en el Anillo Mediterráneo de Campclar.

En esos primeros tiempos, aún sin la confirmación de que la ciudad sería finalmente la sede de los Juegos, el Comité Internacional de los Juegos sondeó en 2011 a Tarragona para organizar el evento que, en 2013, debía celebrarse en la localidad griega de Volos, que renunció a raíz de la crisis económica. En ese momento, el gobierno liderado por Josep Fèlix Ballesteros (PSC) y Sergi de los Rios (ERC) exigió que la competición se retrasara a 2014 y que, para entonces, se construyera un palacio de deportes «para 8.000 espectadores». Finalmente, en 2013 los Juegos se celebraron en Pescara (Italia) y la ciudad siguió aspirando a los de 2017.

Sin empresa a 15 meses del ‘Día D’

El 15 de octubre de 2011 Tarragona fue designada para albergar los Juegos seis años después. Fue a partir de entonces que se dibujó el mapa de instalaciones, así como el reparto inversor entre las administraciones. Pese a ello, la mala relación con el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, y la recesión económica ralentizó la tramitación. No fue hasta septiembre de 2014 que el Govern –liderado por Artur Mas (CiU)– encargó la redacción del proyecto, tras firmar un polémico protocolo que ahora ha provocado que no esté claro el traspaso de la gestión. En diciembre de 2015 se adjudicó a Dragados la construcción del recinto –para 5.000 espectadores, en detrimento de los 8.000 exigidos cuatro años antes–, por 11 millones de euros.

La pesadilla empezó entonces. Dos meses después, la empresa renunció a la adjudicación, al corroborar que la operación era «inviable». El 11 de marzo de 2016 –ya con Carles Puigdemont (Junts pel Sí), el Govern readjudicó la actuación a la segunda clasificada –Copisa–, que 12 días después también descartó llevar a cabo la obra por las dudas económicas.

Esta situación provocó la incertidumbre sobre si los Juegos contarían con su principal instalación, ya que solo faltaban 15 meses para la ceremonia de inauguración, prevista para el 30 de junio de 2017. Un mes después, el Govern aumentó en un 18% la partida económica, y dividió las obras en tres fases para que pudiera construirse más de una parte a la vez. Finalmente, las actuaciones –valoradas en 14,7 millones– empezaron el 22 de junio de 2016. Debían realizarse a contrarreloj, ya que el margen era solo de un año y ocho días.

Sin acuerdo tras año y medio

En noviembre de 2016 se confirmó el aplazamiento de la cita de Tarragona hasta junio de 2018, lo que dio aire a una instalación cuya cinta de apertura la cortó el President Quim Torra (Junts per Catalunya) el 20 de junio de 2018. Durante el evento, la imagen de la competición de balonmano con las gradas vacías fue la tónica predominante.

Los Juegos finalizaron el 1 de julio y, en ese momento, la previsión era que el Palau d’Esports pasara a manos municipales en octubre. Sin embargo, han transcurrido 19 meses y la instantánea más fotografiada del recinto es con las puertas cerradas. La cesión del parqué a Fontajau (Girona) de hace una semana –tras los desperfectos ocasionados por el temporal Gloria– fue la gota que colmó el vaso del desacuerdo jurídico entre Govern y Ayuntamiento para desbloquear la gestión del principal legado de los Juegos, que solo se ha abierto en contadas ocasiones, como el torneo Movistar ACB de agosto de 2018 o para organizar competiciones puntuales. Sin embargo, las entidades siguen sin poder utilizar un palacio que costó más de 18 millones de euros a las arcas públicas. Surrealista.