Un cártel de empresas amañó 17 contratos millonarios de Adif en la provincia de Tarragona

Las compañías pactaron entre 2002 y 2016 repartirse concursos públicos millonarios de mantenimiento, de líneas del AVE e incluso del Corredor. Hay obras en el Ebre, Reus o TGN

29 marzo 2019 08:18 | Actualizado a 30 marzo 2019 16:15
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Un cártel multinacional formado por 15 empresas y sancionado con dureza por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) operó ampliamente y durante años en la provincia con prácticas prohibidas. En concreto, se amañaron en Tarragona 17 contratos entre los años 2002 y 2016, además de intervenciones en el Corredor del Mediterrani. 

15 de esas obras están ligadas a licitaciones del mantenimiento convencional. El valor de estos contratos alcanza los 3,8 millones. Otra licitación está ligada a los sistemas eléctricos del AVE, como el mantenimiento de subestaciones y centros de autotransformación asociados. En este caso, el importe de la adjudicación es de 52,7 millones, si bien también se incluyen ahí proyectos y obras en las provincias de Barcelona y de Lleida. La última tiene que ver con la línea aérea de contacto y subestaciones de la línea de AVE Vandellòs-Tarragona. En este caso, el importe de las obras amañadas se dispara a los 187,6 millones, si bien se trata de un paquete en el que hay otras intervenciones en la alta velocidad de toda España.

Un correo entre empresas: ‘Acuerdo para compartir obras de Adif en Tarragona’

Las licitaciones que se pactaron entre las empresas son de lo más variadas en las comarcas tarraconenses. Van desde la asistencia para trabajos de mantenimiento en subestaciones provinciales a la adquisición de transformadores.

De Reus a Freginals
Montajes, obras e intervenciones en Reus, Móra la Nova, Flix, Salomó, Pradell de la Teixeta, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla o Freginals entraron dentro de esta operativa que conseguía repartirse concursos públicos de Adif. También se incluyen contratos como al aumento de potencia y las mejoras en las ramas del AVE en el ancho ibérico de la línea de Plana Picamoixons a Roda de Berà. 

Las intervenciones en Tarragona forman parte de una red mucho más amplia. El cártel manipuló hasta 275 concursos en toda España. Por esta razón, se les impone en su conjunto una sanción de 118 millones de euros y a los directivos responsables de tales conductas una sanción en conjunto de 666.000 euros. Por primera vez, la CNMC activa el procedimiento para la prohibición de contratar con la Administración por lo que remite la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. 

Se presentaban tres empresas, dos se retiraban y luego había un reparto al 33,3%

Las 15 compañías multadas con sanciones millonarias son Cobra, Elecnor, Siemens, Semi, Inabensa, Alstom, Cymi, Isolux, Electren, Comsa, Indra, Neopul, Telice, Eym y Citracc. Algunas son filiales de grupos conocidos y poderosos como ACS, Sacyr o Abengoa. 

La investigación incluye abundante documentación sobre los trabajos realizados en Tarragona. Eran comunes los acuerdos por escrito entre varias empresas para el reparto de contratos de Adif.

Así narra la CNMC el funcionamiento: «De las tres empresas, dos deben presentar ofertas de cobertura, con bajas temerarias no justificadas, para asegurarse de que quedarán excluidas de la licitación y ganará el concurso la tercera empresa del acuerdo, que repartirá el importe de la adjudicación en tercios iguales (33,33%), mediante la constitución de la oportuna UTE ‘por debajo del adjudicatario’, como expresamente se señalaba en el citado acuerdo». 

Aunque no se especifica si afecta a Tarragona, el Corredor del Mediterrani también fue objeto de amaño: un contrato de 54,8 millones en 2010. 

Sobre Tarragona se produjeron algunos de estos entendimientos a tres bandas: «En marzo de 2016, el Director General de Producción de Electren, el Delegado de Ferrocarriles de Elecnor y el Director de la División Ferrocarriles Semi se remitieron ejemplares de dicho acuerdo, emplazándose para la firma del mismo y una posterior comida entre ellos para celebrar el pacto». Eso se refleja en un correo de Elecnor a Electren y Semi, de 12 de diciembre de 2015, con el asunto ‘Acuerdo para compartir obras de Adif en Tarragona’.

Otro mail, con el mismo emisor y destinatarios, de 31 de marzo de 2016, también tenía ese mismo asunto, igual que la respuesta a ese correo, de Semi a Elecnor y Electren, de la misma fecha. Todo ello fue recabado en la inspección de la empresa Semi. Para que se ejecutaran estos acuerdos, directivos de Semi, Electren y Elecnor compartieron en junio de 2016 los costes de las obras por cada una de las empresas afectadas para ponerse de acuerdo y facilitar el reparto de márgenes. Todo ello se extrae de un nuevo correo, de Semi a Elecnor y Electren, con el asunto ‘Obras Tarragona’. 

Otro archivo con el encabezamiento ‘Reparto obras Tarragona’, adjunto en uno de los mails enviados, muestra una tabla donde las empresas reflejaron las ofertas presentadas a las licitaciones, calculando el coste total, la venta adjudicada (esto es, el importe de la adjudicación) y el margen bruto de beneficios en términos totales y el tanto por ciento. Ese correo del 12 de diciembre de 2015 es calificado contundentemente por la investigación de Competencia: «No cabe otra conclusión que la de considerar que tiene un claro carácter anticompetitivo». 

Así se rubricaba el acuerdo por escrito: «Tras las aperturas de las obras abajo referenciadas, los representantes de las empresas citados, acordamos una estrategia para conseguir las adjudicaciones en las mejores circunstancias posibles y posteriormente». Y sigue el correo electrónico: «Tras la adjudicación, compartir las obras conseguidas a tercios (33,33%), mediante una UTE por debajo del adjudicatario, sin coeficientes de paso. Los representantes se comprometen a llevar el acuerdo en los términos acordados, consiguiendo la mayor equidad posible entre los socios y máximo beneficio para las UTEs resultantes».

Alstom y Siemens
Los delatores ven rebajada su multa

De entre las 15 empresas sancionadas, dos reducen su multa: Alstom y Siemens. La primera porque por ella se inició el procedimiento, tras acogerse al programa de clemencia. En él los miembros arrepentidos de un cártel pueden quedar eximidos si denuncian al resto y facilitan pruebas. La segunda, porque también aportó información. Alstom queda eximida de pagar 8,8 millones y en el caso de Siemens la cifra de 16,8 se ha reducido en un 45% y será de 9,24. La multa más elevada es para Cobra (27,2 millones), por delante de Elecnor (20,3). Las compañías pueden recurrir por la vía contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional. Después podrán ir al Supremo, por lo que el proceso se puede prolongar durante años. 

En estas operaciones tuvo, al parecer, un papel importante Santiago Calzón, director general de producción de Electren. La compañía ha recibido una multa de 3,8 millones pero este directivo es, de todos, quien se ha llevado la mayor sanción: 59.800 euros. Así relata la investigación de la CNMC su papel: «En contra de lo alegado por éste, sí ha tenido facultades para adoptar decisiones comerciales relativas a la colaboración con terceros operadores». 

Competencia argumenta su relación «al más alto nivel con directivos de otras empresas» y pone como ejemplo que aparece en el pie de firma del correo ‘Acuerdo para compartir obras de Adif en Tarragona’. A su vez, «ha sido partícipe y convocante de reuniones del cártel, como las celebradas en 2013 en el hotel Meliá Castilla de Madrid o las de 25 de junio de 2014 o 30 de marzo de 2015, tras la cual remitió un correo electrónico a Alstom, Cobra, Semi, Elecnor, Siemens e Inabensa, señalándoles las posibles obras de mantenimiento en líneas de alta velocidad que podrían ser repartidas».

Además de las 17 obras mencionadas de la trama que salpican a Tarragona, hay otra intervención clave, la que corresponde a la Conexión Ferroviaria Corredor Mediterráneo Línea De Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Fue otra obra pactada, esta en 2010. Con un importe de 54,8 millones, Semi, Cobra y Elecnor se la adjudicaron al 33,3%, según la resolución de la Sala de Competencia de la CNMC. 

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