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Un cártel de empresas ligadas al caso 3% defraudó dinero público en Tarragona 

Firmas de ingeniería pactaban con la Generalitat para optar a obras. El juez investiga la variante de Gandesa. Se acordaban precios para lograr licitaciones del Consorci d’Aigües de Tarragona

Raúl Cosano

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El juez investiga una licitación de 2015 del proyecto constructivo de la variante sur de Gandesa. FOTO: JOAN REVILLAS

El juez investiga una licitación de 2015 del proyecto constructivo de la variante sur de Gandesa. FOTO: JOAN REVILLAS

La trama del 3% en torno a la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) también operó en Tarragona. El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha cerrado la investigación con dos autos que, además de enviar al banquillo a varios exgerentes de CDC por organización criminal, establece varias conexiones con la provincia, a través de obras investigadas. Sin ir más lejos, uno de los autos pone fin a las pesquisas iniciadas en 2015 con actuaciones irregulares en el Ayuntamiento de Torredembarra. Es, de hecho, el juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell quien comenzó a indagar. Es una investigación desgajada de la del 3% la que arroja una fuerte huella de una trama de empresas que operó en Tarragona.

En un auto de 146 páginas, el magistrado relata cómo ciertas firmas de ingeniería, del entorno de la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultora Independientes de Catalunya (Asinca) crearon una especie de cártel al que denominaron Núria Bofill. El objetivo era pactar los precios que utilizarían en sus ofertas a los concursos públicos licitados por algunas administraciones y compañías públicas.

Anular la competencia

Así, durante años acordaron las normas y directrices a seguir cuando optasen a las licitaciones públicas para evitar así la libre competencia y obtener un contrato más beneficioso que el que hubieran conseguido en condiciones de igualdad; es decir, si cada uno hubiera presentado su oferta de forma independiente. Núria Bofill consiguió repartirse y fijar los costes, de forma indirecta, de las licitaciones de ciertos organismos públicos de Catalunya, mediante el establecimiento o concierto de precios idénticos o muy similares con el objetivo de anular la competencia de los no integrantes del cártel.

El juez es contundente: «El concierto llevado a cabo por estas mercantiles para pactar el precio de las licitaciones habría conllevado la alteración de las cuantías desembolsadas por la administración pública por los proyectos de obra ofertados en los que las referidas empresas se presentaban, con el consiguiente perjuicio para las arcas».

El magistrado aclara que «no estamos ante un grupo de personas concertadas para la comisión de un acto delictivo, sino ante una estructura estable, permanente y sostenida en el tiempo, con un patrón de funcionamiento cuidadosamente planificado e implementado para direccionar la adjudicación de contratos públicos en beneficio de una serie de empresas de su confianza, con las que habían alcanzado un pacto colusorio para defraudar a la administración». El juez sostiene que el pacto «anulaba la competencia» de los que no estaban dentro. En un origen la trama solo afectaba a GISA (actual Infraestructures de Catalunya) y a Regsa (Regs de Catalunya) pero luego se acabó extendiendo a la Agència Catalana de l’Aigua, al Ayuntamiento de Barcelona, al Servei Territorial de Carreteres i Ferrocarrils de la Generalitat o al Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT). Esta última entidad aparece en numerosas ocasiones en el auto de la Audiencia Nacional.

«En las reuniones Núria Bofill se alcanzan acuerdos que hacen alusión a la oferta económica que deben presentar los concurrentes asociados a las diferentes licitaciones que publica la Generalitat», explica el juez. En 2008, 2009 o 2010, las reuniones establecían las condiciones de las ofertas que se debían presentar para optar a licitaciones del Consorci d’Aigües de Tarragona. Se establecía, por ejemplo, que las ofertas se mantendrían entre el 12 y el 15%, en referencia a las bajas que se deberían aplicar.

Pero el sello de Tarragona también aparece en más documentación. Los gestores del pacto procuraban su cumplimiento. Así, desde la cuenta ‘nuriabofill02@gmail.com’ se enviaba a los destinatarios el siguiente contenido, que afecta en este caso a una obra en las Terres de l’Ebre: «Estimados señores, volvemos a adjuntar las nuevas normas de aplicación, resultado de la reunión del pasado día 30 de septiembre. Es importante repasar las normas para no cometer errores de aplicación por los cambios que vamos decidiendo. Hacer mención específica de una licitación de Regsa que se observa muy desviada de los acuerdos. La clave de esta licitación es DO.MC-05910.3 dirección de las obras de regadío Xerta-Sénia. Adecuación del canal. Tramo 3». Se trata, pues, de un toque de atención respecto a una desviación, en 2008, que tenía que ver con una intervención en el Ebre.

Donación de 10.000 euros

El juez también ha investigado expedientes de adjudicación de contratos de ingeniería, entre los que hay uno en Tarragona. La licitación en cuestión fue la asistencia técnica para redactar el proyecto constructivo de la mejora general de la variante de Gandesa, en 2015.

La adjudicataria fue la ingeniería Bac Engineering Consultancy. Entre el anuncio de la licitación y la resolución y formalización del contrato, figura una donación de 10.000 euros a Catdem por parte de una entidad cuyo apoderado es también vicepresidente de Bac Engineering Consultancy. En 2015 y solo para esta obra, hubo cuatro encuentros entre empresas y cargos públicos como Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructures. El valor del contrato era de 410.000 euros y se adjudicó finalmente a la baja por 373.141 euros.

La organización tenía definidos los circuitos de coordinación (mediante reuniones entre los representantes de empresas) y de comunicación (a través de cuentas de mail titularizadas por el nombre del grupo ‘Núria Bofill’). Así, elaboraban «protocolos», «circulares» e «instrucciones», generales o específicos, según los casos, para determinar qué instituciones públicas estaban sujetas a las normas del pacto y cuáles no; cuáles eran las pautas y criterios específicos a seguir en la preparación de las ofertas; y cuáles las bajadas económicas que podían admitirse en cada caso.

«Hasta tenían un sistema previsto –expone el juez– para dar explicaciones y, en su caso, pedir excusas, cuando algún miembro del pacto, generalmente por error material, no seguía las normas y no se ajustaba a los porcentajes de bajada pactados, corriendo el ‘riesgo’ de que se le adjudicaran el contrato cuando no le correspondía».

Sin principios de igualdad

Para la Audiencia Nacional, «la trascendencia del pacto en el desarrollo de los procesos de contratación pública de las instituciones que estaban sujetas a las indicaciones de Núria Bofill resulta incuestionable, habida cuenta el direccionamiento de adjudicaciones de contratos en que se ha traducido, alejado de los principios de igualdad de oportunidades y transparencia que deben regir las licitaciones públicas».

Según el juez, los responsables, «para alcanzar sus fines ilícitos bajo una apariencia de legalidad, modificaron la estructura orgánica de la compañía –Infraestructures– creando un órgano ad hoc, la Oficina Tècnica d’Avaluació (OTA, por sus siglas en catalán), que situaron bajo su dependencia inmediata y control exclusivo y absoluto». Joan Lluís Quer y Josep Antoni Rosell eran presidente y director general de Infraestructures, siempre cercanos a la cúpula de Convergència. Los otros líderes de la trama eran Josep Narcís Arderiu y Tomás Blay, responsables de Asinca, la asociación de empresas de ingeniería.

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