Este sitio web puede utilizar algunas "cookies" para mejorar su experiencia de navegación. Por favor, antes de continuar en nuestro sitio web, le recomendamos que lea la política de cookies.

Un juez condena a TVE por vulnerar la intimidad de un niño de Tarragona

Su padre explicó ante las cámaras interioridades y patologías tanto del menor como de su madre
Whatsapp
El programa estaba presentado por Antonia Moreno Morales, conocida como Toñi Moreno. Foto: DT

El programa estaba presentado por Antonia Moreno Morales, conocida como Toñi Moreno. Foto: DT

Dura sentencia de un Juzgado de Tarragona contra Radiotelevisión Española (concretamente contra su Consejo de Administración), Proamagna SL –la productora del programa Entre todos– y Nicolás Díaz Franco –su director– por haber permitido que en la emisión del pasado 21 de octubre de 2013 interviniera un padre y su hijo –vecinos de Tarragona–  que expusieron «un asunto delicado» como una asfixia del menor –realizada presuntamente por su madre–, un miedo del mismo a la mujer, una minusvalía y el trastorno de dicha mujer. La juez del Juzgado de Primera Instancia número 6, María Jesús Berzosa, asegura que se ha lesionado el derecho a la intimidad del menor. «Ello es patente –asegura– cuando en una conversación difundida por televisión se alude a ese retraso madurativo, a esa necesidad de cuidados continuados del menor, a ese miedo a la madre, a ese intento de asfixia, identificándose al menor por los datos convergentes, por más que no se muestre la imagen –estaba pixelada– o no se dé el nombre».

El proceso judicial se inició a raíz de la demanda presentada por la Fiscalía Provincial por presunta vulneración de la intimidad personal del menor con la emisión de dicho programa. En él, según el Ministerio Público, su padre exponía las dificultades personales, familiares, profesionales y económicas que atravesaban. También aparecían imágenes del menor, con el rostro pixelado, mencionando su discapacidad, con un letrero de las imágenes de éste donde se aludía al grado de minusvalía que presenta, se proporcionaba el nombre y el apellido del padre, el barrio donde residen, y dónde se ubica el colegio del niño, edad, estatura, hablando de la enfermedad mental de la madre, la retirada de la custodia, y presentando al pequeño como una víctima de intento de homicidio por asfixia por parte de su progenitora.

Por su parte, el abogado del Estado, en representación de RTVE, aseguraba que el menor apareció con su imagen pixelada, con consentimiento del progenitor –quien ostenta la patria potestad, y la guardia y custodia–, «sin que se hagan reiteradas menciones a la incapacidad del menor, no se facilita el apellido del mismo». Asimismo, asegura que le corresponde al programa comunicar la emisión a la Fiscalía.

La juez, en la sentencia, recuerda que Televisión Española retransmitió para toda España una conversación entre la presentadora del espacio y el padre, quien efectuaba una petición de ayuda, donde se decía: «Un juez ha determinado que le ha quitado la custodia y además no puede acercarse al niño», en referencia a la madre. También señalaba que «la madre tiene un problema psicológico e intentó asfixiarlo con una almohada mientras el niño estaba jugando» y «tiene un trastorno límite de la personalidad, padece un trastorno grave (...) El niño necesita un poco de educación especial».

La presentadora incluso se refirió a que (...) tiene un retraso madurativo del 40 por ciento: «El niño está en el barrio en (...) ¿no?», a lo que el padre respondió que en este no, que ya estaban en otro, del que dio el nombre.

Para la juez, no primó el interés del menor, sino el morbo, «que era la tónica para garantizar la audiencia. La excusa de que era en directo «no es cierta» ya que existía una entrevista previa: «Olvidaron que son un medio de comunicación y existía un menor».

TVE, la productora y la dirección del programa «decidieron difundir en directo toda esa información que previamente conocían, referente a la vida del menor, desvelando datos como el barrio, nombre e historia personal, innecesaria. Estos hechos son de por sí suficiente para hacerles responsables de la lesión del derecho a la intimidad del menor que inevitablemente iba a producirse con la emisión de un programa de esa naturaleza».

Sobre la indemnización de 10.000 euros solicitada por el fiscal, la juez recuerda que se indemniza el perjuicio causado, «no previendo nuestro ordenamiento jurídico una cuantificación de perjuicios de finalidad disuasoria o punitiva». Y es que actualmente el menor no presenta «sintomatología reactiva».

Temas

  • TARRAGONA

Comentarios

Lea También