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Un juez determina que el tótem de Parc Riuclar era legal

El Ayuntamiento obligó a desmontarlo y ahora la empresa pedirá 150.000 euros de indemnización

Jordi Cabré

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Éste es el problemático tótem antes de ser desmontado. FOTO: Lluís Milian/DT

Éste es el problemático tótem antes de ser desmontado. FOTO: Lluís Milian/DT

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Tarragona ha fallado a favor de la empresa titular del tótem publicitario de Parc Riuclar, Annunzia Publicidad Exterior SL, anulando la totalidad de las resoluciones (tanto de legalización como de disciplina urbanística) que el Ayuntamiento de Tarragona había ido utilizando para justificar el desmontaje de la estructura de 17 metros y contentar parte de un barrio que se había levantado contra aquella estructura publicitaria. El Ayuntamiento, con la sentencia en la mano, ha recurrido al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat) argumentando que su interpretación es válida.

La sentencia, a la que el Diari ha tenido acceso, argumenta en cinco páginas que las trabas burocráticas puestas por el Ayuntamiento desde el 22 de diciembre de 2015 hasta el día en que se obligó a desmontar la torre, no debían haberse llevado a cabo, puesto que la estructura se levantó el 3 de diciembre de 2015 con todas las de la ley.
Annunzia Publicidad Exterior alquiló un solar privado en el barrio de Ponent. Cimentó un pie para aguantar un monoposte de 12 metros que sujetara un cartel publicitario de dos caras. Para ello, y con las normativas municipales, se comunicó al Ayuntamiento con la fórmula de comunicación previa. El consistorio no puso trabas durante los días de margen que dicta la norma y la torre se erigió en 24 horas.

La estructura montada molestó a una parte del vecindario de Parc Riuclar, que vio aquel tótem como una agresión paisajística a su barrio. Hubo presencia de la Guàrdia Urbana de Tarragona, llamadas de queja a la Plaça de la Font e incluso marcha de protesta del barrio hasta la Part Alta.

Operación inversa

En julio de 2017, año y medio después de su montaje, la empresa hacía la operación inversa tras recibir una orden de demolición y desestimar el último recurso de la empresa tarraconense. La victoria de los vecinos argumentada con la legalidad que amparaba las decisiones municipales terminó en los juzgados, que tras analizar la documentación y escuchar a las partes, han considerado que el desmontaje de la estructura no tiene justificación y que la empresa no cometió ningún paso en falso en todo el proceso.

Fuentes de Annunzia han explicado que «esta sentencia demuestra que siempre hemos cumplido con la legalidad y ahora pediremos daños y perjuicios por todo lo acontecido». La empresa considera que el daño económico sufrido asciende a 150.000 euros redondeando la cifra, lo que significa «que cada tarraconense pagará un euro por una decisión equivocada del Ayuntamiento».

El Ayuntamiento considera que la decisión tomada en su día para desmontar aquella estructura responde a una necesidad ajustada a la ley. El concejal de Urbanisme, Josep M. Milà, admite que la sentencia del Contencioso es contraria a sus argumentos.

También señala, pero, que esta sentencia es una «anécdota» y que la regulación de los carteles publicitarios que ahora se rigen por una nueva ordenanza (posterior al tótem de Parc Riuclar) amparan la decisión de desmontar el tótem de la empresa Annunzia.
Milà reconoce que en la ciudad hay una «disfunción» entre aquellos proyectos que sólo requieren una comunicación previa y otros que deben tener una licencia de obras. Pero la sentencia deja claro que «la totalidad de los informes técnicos obrantes en el expediente administrativo en relación con la instalación del tótem son positivos».

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