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El próximo 3 de noviembre comenzará en la Audiencia Provincial de Tarragona el juicio contra Ramon Franch, el acusado de haber matado a María del Carme Gallart, cuyo cuerpo todavía no ha sido encontrado. Será la segunda vez en poco tiempo que se juzga en el alto tribunal de la demarcación un crimen a pesar de que el cadáver de la víctima no ha sido hallado todavía. El anterior procesado fue Ramon Laso, que actualmente cumple la pena de 30 años de prisión por la muerte de su pareja y de su cuñado. Una pena impuesta por la Audiencia Provincial y posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo.
Antes de comenzar las vacaciones de verano, el magistrado-presidente del tribunal encargado de juzgar el caso del crimen de Carme Gallart lo dejó todo listo para poder celebrar el juicio, unas sesiones que tendrán lugar a partir del 3 de noviembre y hasta el 17. Antes, el 13 de septiembre al mediodía, se celebrará el sorteo para elegir a los 36 candidatos a formar parte del jurado popular que verá el caso, en el que está previsto que declaren más de 100 testigos. El fiscal pide para el acusado 15 años de prisión; la acusación particular, 19 y finalmente la defensa solicita su absolución.
El magistrado Javier Hernández fijó los hechos justiciables –se elabora en base a los escritos de calificación provisional de acusaciones y defensa–, que es el relato que se pondrá a consideración del jurado sobre si realmente ha ocurrido así o no. Comienza apuntando que en 2006 Carme Gallart contrató los servicios de gestión inmobiliaria de Ramon Franch. Dicha relación contractual derivó en graves desavenencias.
La querella de la víctima
La Sra. Gallart interpuso en 2012 una querella contra Franch. Tanto el fiscal como la acusación particular acusaron al hoy procesado de un delito de falsedad y otro de estafa agravada, pretendiendo la condena a penas de prisión y al pago de 1.500.000 euros como responsable civil. El juicio se señaló para los días 29 y 30 de septiembre de 2016. No obstante, ante la imposibilidad de citar –por ilocalización– a la Sra. Gallart, la vista se suspendió.
El acusado, una vez conocido el señalamiento del juicio, pretendió llegar a un acuerdo con la víctima para que ésta se apartara de la acción penal, posibilidad que la mujer rechazó.
Ante la inminencia del juicio, el acusado urdió, entre los meses de mayo y junio de 2015, un plan para acabar con la vida de la Sra. Gallart. Por tal motivo comenzó a realizar un seguimiento para identificar sus hábitos de vida y de movimientos utilizando un vehículo –propiedad de otra mujer–, al que tintó los cristales.
El magistrado ha ratificado la prisión preventiva al existir riesgo de fuga al extranjeroEl 18 de junio de 2015, el acusado abordó a la mujer, consiguiendo que ésta subiera al vehículo. Entre ese momento y el 20 de junio, el acusado mató a la Sra. Gallart, ocultando el cadáver en el vehículo antes mencionado.
El procesado, el 20 de junio, se desplazó desde Tarragona hasta la provincia de Huesca. En algún punto del trayecto se deshizo del cadáver de la Sra. Gallart, que hasta la fecha no ha sido localizado.
Seguirá en la cárcel
El mismo día en que el magistrado redactaba el auto de hechos justiciables dictaba otro en el que desestimaba la petición de la defensa de que su cliente saliera en libertad.
El juez no cuestiona ni el alto arraigo sociofamiliar del acusado en España –y en concreto en Tarragona–, «ni los nobles fines de protección y cuidado de su familia» que invoca su abogado. Recuerda en su auto que las circunstancias socioeconómicas y culturales del acusado –empresario con una actividad económica sugerente de alta capacidad económica, acostumbrado a viajar con frecuencia al extranjero, con calificada formación– junto a las presuntas circunstancias de comisión de los hechos «sugieren» reales posibilidades de huir del país. A todo ello añade que ya se ha fijado una fecha para el juicio.
Jugando al tenis en prisión
Ramon Franch sufrió una caída al suelo mientras jugaba a tenis en la prisión. Ocurrió el 8 de junio de este año y fue intervenido. El acusado alega dicha rotura para avalar que no existe riesgo de fuga en el caso de concederle la libertad provisional. Asimismo, asegura que hace ocho meses padeció un cólico y se queja de que no recibe asistencia médica primaria ni especializada.
