Un mes sin agua y sin saber dónde llamar en Tarragona

Elisabet Alas es la última vecina de un edificio en la calle Ferrers de la Part Alta y ha estado 27 días sin agua (la situación se arregló ayer a última hora). No es la primera vez que le pasa, ya le ocurrió en 2018, y también en 2015... Y ahora, igual que entonces, ni siquiera supo a quién echarle la culpa de su situación, pero sobre todo, cómo arreglar el problema. Por último llamó al periódico.

Todo este tiempo estuvo aseándose y cocinando con el agua que podía traer, a veces con ayuda de amigos, a veces sola, desde una fuente cercana. Lo hacía poco a poco porque tiene una minusvalía y la salud física y emocional no le acompañan.

Esta pensionista tiene un contrato de alquiler hasta octubre de este año con una sociedad dependiente de un grupo bancario. La mensualidad incluye el servicio de agua, el mismo que no recibía pese a estar al día en los pagos.

Y aquí comienzan las peripecias para tratar de aclarar la situación.Tratamos de seguir la pista y, efectivamente, tener respuestas no es fácil. Si se busca en internet el nombre de la sociedad que figura en su contrato de alquiler, es imposible encontrar siquiera un teléfono al que llamar.

Finalmente, a través del grupo bancario, y después de esperar unos días, nos dan una respuesta a medias. Tienen intención de pagar, dicen fuentes de la organización, pero la comunidad de propietarios, aseguran, no les dice cuál es la parte que les corresponde por este piso que es el último que queda habitado en el pequeño edificio de cuatro plantas. Se supone que el resto del inmueble es de otro propietario, pero esto tampoco nos lo confirman.

Pobreza fuera de la ley

A todas estas hay que aclarar que, como pasa en muchos edificios antiguos, aquí todos los pisos se abastecen de un único depósito común que se halla en la azotea, así que si se corta la entrada de agua desde la calle se queda sin el servicio.

Es justo lo que ha pasado esta vez. Ematsa ha detectado una falta de pago y, tras requerir a la comunidad de propietarios y no obtener respuesta, ha cortado el servicio.

Y aquí no hay ley de pobreza energética que valga, reconocen con impotencia desde Serveis Socials, donde es usuaria. La ley no tiene un reglamento que la despliegue y casos como el de Elisabet se quedan en el limbo porque los recibos no están expresamente a nombre de la persona en situación de vulnerabilidad.

No obstante, Serveis Socials y Ematsa, igual que ocurrió la vez pasada, buscaron la vía para volver a darle servicio, pero como hubo que hacer obras, la solución no fue inmediata.

Ahora lo que le proponen desde Serveis Socials es cambiar de piso, pero ella no tiene claro poder conseguirlo. Su pensión es pequeña: 392 euros al mes, y aquí paga 246 euros. No tendría forma de conseguir el dinero de la fianza para otro alquiler.

Pero los cortes de agua no son el único problema. Desde que se mudó hace ocho años no hay luz en la escalera, algo que le dijeron que se solucionaría en cuestión de días. Hace unas semanas reventaron la puerta de entrada, supone que para ocupar alguno de los pisos, y desde entonces no cierra bien. También hay ventanas rotas, lo que ha hecho que las palomas aniden dentro... En resumen, el suyo es, reconoce, un edificio en ruinas, del que cree que están tratando de echarle, pero ella tiene un contrato, y paga, con dificultades pero paga y le gustaría vivir en condiciones, a poder ser en la Part Alta, «porque he hecho un puñado de amigos».