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Ha tenido que celebrarse un juicio para que finalmente un joven haya accedido a abandonar un piso de la calle Gravina del Serrallo, en donde vivía desde hace cuatro años.
A raíz de la denuncia interpuesta por la dueña del inmueble, durante la vista oral el okupa accedió a marcharse voluntariamente. La situación había provocado las quejas de numerosos vecinos, principalmente por el ruido que hacían los dos perros que se quedaban solos en la casa durante el día.
El joven, de nacionalidad española, llegó al número 15 de la calle Gravina. Vivía sólo en este inmueble, propiedad de una mujer que reside en el centro de la ciudad. Se trata de un bloque que consta de un piso en la primera planta –que es propiedad de un banco–, otro en la segunda –de unos 40 metros cuadrados y donde vivía el joven– y finalmente un tercer piso –donde reside una mujer–.
Pero el pasado mes de enero, la Guàrdia Urbana comenzó a recibir quejas vecinales por los ladridos de un perro. Primero era un macho de la raza american stanford y después llegó una hembra. Los policías acudieron al lugar varias veces de día para comprobar las quejas. Siempre veían a los perros que entraban y salían del balcón, pero nunca encontraban al propietario. Finalmente, el 19 de febrero dejaron un aviso al okupa para que se pusiera en contacto con dicho cuerpo policial.
El joven llamó a la Guàrdia Urbana. Dijo que trabajaba de día, a la vez que reconoció que no tenía censados los perros, por lo que solicitó información sobre cómo hacerlo. Pasaron los meses y los agentes ya no tuvieron más contacto con él.
El pasado 18 de septiembre, un agente de la Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes (UMIRC) volvió al lugar para ver cómo estaba el tema porque los vecinos seguían con sus quejas: los perros estaban en el balcón y nunca salían a la calle. Pero el joven tampoco se encontraba en el piso, un inmueble que oficialmente no tiene ni agua, ni luz, ni gas.
Ante estos hechos, la Guàrdia Urbana se puso en contacto con la propietaria para explicar lo que sucedía y que, en caso de ocurrir alguna desgracia, podría ser corresponsable. Ese mismo día por la tarde, la dueña se presentó en las dependencias policiales a presentar denuncia. Ante ello, dicho cuerpo policial redactó un atestado por un delito leve de usurpación.
Paralelamente, la Guàrdia Urbana redactó un informe para el Departament de Salut Pública. Éste dio quince días al dueño de los perros para tramitar la licencia. En caso contrario se le decomisarían los canes y se le abriría un expediente sancionador.
La notificación para asistir al juicio del pasado martes no se le pudo notificar en su día, sino que se materializó hace unas semanas, cuando fue parado por una patrulla en un control preventivo de alcoholemia.
Finalmente, el martes estaban convocados a juicio en el Juzgado de Instrucción número 5 el acusado, la dueña y tres agentes de la Guàrdia Urbana. Primero entró el procesado. Dijo ante el magistrado que accedía a marcharse en breve del piso, por lo que los testigos ya no entraron en la sala.
Por su parte, la propietaria del inmueble aseguró que procedería a su tapiado para evitar nuevas ocupaciones.
