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El Corte Inglés cumple la próxima semana diez años en la ciudad y el Fòrum Judicial –antes Ciutat Judicial– sigue en el olvido. Está claro que el papel lo aguanta todo, pero una vez más queda en evidencia –especialmente en Tarragona– que los documentos y protocolos no se firman siempre para ser cumplidos. Como mínimo, esto es lo que se desprende de la ejecución del acuerdo que el 15 de noviembre de 2005 consensuaron el Ayuntamiento de Tarragona, la Generalitat de Catalunya y El Corte Inglés para hacer posible la esperada llegada del gran almacén a la ciudad.
La firma de ese acuerdo lo llevaron a cabo Joan Miquel Nadal (entonces alcalde de Tarragona), Josep Maria Vallès (entonces conseller de Justícia), Martí Carnicer (entonces secretario general de Economia i Finances) y Ángel Montesinos, director general de El Corte Inglés en Catalunya. Una década y media después, lo cierto es que aún queda un punto importante por cumplir. Y lo peor es que no se prevé que se logre a corto plazo. Pese a que el gran protagonismo del acuerdo se lo llevó entonces El Corte Inglés, analizando el convenio se descubre que el Govern asumió unos compromisos que, hasta la fecha, no ha hecho realidad.
Necesidades por escrito
En el punto sexto del convenio, la propia Generalitat reconoce «tener la necesidad de construir la Ciutat Judicial de Tarragona, que deberá concentrar en una única instalación judicial todas las actualmente existentes». Asimismo, el Govern afirma también que le era necesario alzar «un centro penitenciario y un régimen abierto». Paralelamente, el duodécimo punto del convenio establecía el compromiso «de acelerar las actuaciones urbanísticas y las licencias de obras, ambientales y comerciales necesarias para hacer realidad la Ciutat Judicial y El Corte Inglés», además de viviendas donde ahora están los juzgados y «el traslado de la cárcel, a ser posiblemente durante 2009», entre otros aspectos.
Según el texto, la Conselleria de Justícia adquirió el compromiso de «iniciar la construcción de la Ciutat Judicial en un plazo máximo de doce meses a partir de la aprobación definitiva de la replanificación urbanística», es decir, cuando se hubieran hecho efectivas las permutas de fincas que establecía el protocolo. Según se anunció en rueda de prensa, Justícia asumió el compromiso de invertir 30 millones de euros en la edificación del complejo judicial en un conjunto de parcelas de 30.000 metros cuadrados en la zona del hospital Joan XXIII.
Ni está ni se le espera
Pues bien, han pasado los años, se han hecho las modificaciones urbanísticas requeridas, se ha construido El Corte Inglés, ha pasado una década y, en cambio, el Fòrum Judicial no tiene ni la primera piedra ni horizonte para poder ser una realidad, ya que la Conselleria de Justícia asegura no tener disponibilidad económica a corto plazo para poder afrontar una inversión de 50 millones de euros, según ha manifestado en reiteradas ocasiones la consellera de Justícia, Esther Capella (ERC). Esta operación debería financiarse, en parte, con una venta del edificio de la Audiencia Provincial, que no ha sido el caso.
De momento, y pese a que la antigua prisión de República Argentina quedó vacía en 2015 tras el traslado a Mas d’Enric, lo único en lo que se ha avanzado es en la construcción del nuevo Centre Penitenciari Obert, que también estará situado en el entorno del Hospital Joan XXIII. Esta actuación, que supone una inversión de 9,5 millones de euros, se inició el pasado mes de enero y actualmente sigue ejecutándose tras la paralización obligada por el coronavirus. Sin embargo, 15 años después del protocolo, el esperado proyecto del Fòrum Judicial ni está ni se le espera en los presupuestos a corto plazo de la Generalitat.
