Más de Tarragona

Un tarraconense gana el pulso al Banco Popular

Un cliente recuperará 6.500 euros. Por primera vez en Tarragona se tumba la compra de acciones de 2012. Ya no sólo se anulan las vendidas en 2016. Abre la puerta a más demandas

Raúl Cosano

Whatsapp
Una oficina del Banco Popular, la entidad condenada, en la Rambla Nova de Tarragona. FOTO: Pere Ferré

Una oficina del Banco Popular, la entidad condenada, en la Rambla Nova de Tarragona. FOTO: Pere Ferré

Es la constatación de que en el Banco Popular no se hicieron bien las cosas mucho antes de su imprevista y drástica quiebra, en verano de 2017. El rastro de la mala praxis y de los comportamientos condenables retrocede por lo menos hasta 2012, cuando se produjo una ampliación de capital. 

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Tarragona acaba de dictar una sentencia que ya es firme y que destaca por pionera, al menos en la provincia, en tanto que condena a la entidad financiera por unas acciones vendidas en 2012. Algunos juzgados en España se están posicionando, aunque a cuentagotas, en esa línea. 

Hasta ahora, la mayor parte de los accionistas que han reclamado –algunos de ellos ganando en los juzgados– habían ido a la ampliación de capital que se hizo en 2016. El hecho de que la justicia esté dando la razón a accionistas que compraron en 2012, un lustro antes de que la entidad cayera y fuera comprada por un euro por el Santander, puede abrir las puertas a muchas más reclamaciones y demandas. 

«Nulidad de las acciones»
La sentencia declara «la nulidad de la compra de acciones de fecha 5 de diciembre de 2012»  y lo hace porque no se ofreció al inversor una información «veraz y real». Así se posiciona la sentencia sobre el banco: «De la documentación que aporta en relación a la situación de la entidad, desde el año 2009, y dirigida a la Comisión del Mercado de Valores, no puede considerarse que sea veraz y que refleje la situación real de la sociedad». En su argumentación, el juez añade: «Pasa sin ningún tipo de justificación de unos años con ganancias, 2011, 2012, 2013, 2014, a sufrir pérdidas en los años sucesivos, que fueron de tal entidad que terminó con la intervención en 2017». 

El magistrado incide en que hubo una «falta de información veraz y real», lo que acabó provocando que el inversor, que podrá recuperar su dinero, «no pueda conocer la situación real de la entidad cuyas acciones compra, con lo cual no puede tener conocimiento suficiente de los riesgos de esa operación». Todo ello, acaba determinando que se vio «viciado de consentimiento por error al adquirir las acciones». 

La sentencia indica que el folleto informativo suministrado «contendrá la información necesaria para que los inversores puedan formular un juicio fundado sobre la inversión que se les propone». Así, sostiene que es la empresa quien debe suministrar la información relevante y no los clientes los que deben buscarla e investigarla por otros métodos. 

El afectado inició su recorrido judicial en septiembre de 2017, unas semanas después de que el Santander comprara al Popular. Si bien la mayor parte de los que tenían ahorros no se vieron afectados, las acciones perdieron todo su valor y dejaron en la estacada a un buen número de inversores.  

Pero no quedan ahí las reclamaciones de este inversor tarraconense. La sentencia también condena al Popular a devolver el dinero de unas obligaciones subordinadas, otro de esos productos que han sido representativos e icónicos de los abusos de la banca en los últimos años. Por ese concepto, el afectado recuperará alrededor de 5.000 euros, que añadirá a los 1.500 de las acciones. Luego se sumarán los intereses. 

La sentencia declara también la nulidad de esas subordinadas adquiridas en julio de 2011. Ese producto fue canjeado por acciones, que igualmente perdieron todo su valor cuando el Santander compró al Popular en 2017 y se volatilizaron de la noche a la mañana. Fue «un acto que no responde a la voluntad del actor, sino que se hace como única vía de camino para recuperar en parte lo invertido», sostiene la sentencia judicial en cuestión. 

¿Profesional o minorista?
En ese punto, la justicia da la razón al inversor, ya que en su momento fue calificado como minorista. Según la normativa del mercado de valores, el cliente tiene que quedar clasificado bien como minorista o bien como profesional, categorías fundamentales cuando se trata de manejar un producto financieramente complejo. Aunque la entidad bancaria se defendió argumentando que el inversor era empresario, no es suficiente para que quede considerado como cliente profesional. 

Ni siquiera haber adquirido antes otros productos financieros es suficiente. «Ello no determina que tenga conocimiento del mercado financiero, ni siquiera que conociera el contenido del producto que adquiría, obligaciones subordinadas o acciones, y ello tampoco exime a la entidad de llevar a cabo una información adecuada y veraz del producto que suscribe el cliente», sostiene la resolución. 

El juez afirma que el banco no acredita de forma suficiente que haya explicado la «posibilidad de la pérdida del capital invertido». Concluye, sobre las subordinadas, que «el demandante sufrió un error que vició su consentimiento, ya que por parte de la entidad bancaria no se le dio una información correcta del tipo de contrato que firmaba y del riesgo que asumía». El banco alegaba la caducidad tanto de las subordinadas como de las acciones, algo desestimado por el juzgado. En síntesis, el Banco Popular incurrió en facilitar información económica y de solvencia que «no es la correcta y adecuada a la realidad». 

«Es bueno poder recuperar el dinero. Estoy satisfecho», concede el afectado, defendido por el letrado Antoni Mendía, del despacho tarraconense RV20 Advocats.
 

Temas

Comentarios

Lea También