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Una familia estafada y con dos hijos pequeños será desahuciada el día 28

Hayat Afarrich y su marido piden a la entidad bancaria llegar a un acuerdo de alquiler «para no quedarnos en la calle»

Carla Pomerol

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Hayat Afarrich con su marido y sus hijos de 6 y 2 años, jugando en su piso de Campclar, ayer por la tarde. FOTO: Alba Mariné

Hayat Afarrich con su marido y sus hijos de 6 y 2 años, jugando en su piso de Campclar, ayer por la tarde. FOTO: Alba Mariné

Hayat Afarrich pasó la mañana de ayer martes en el Banco Santander. Busca desesperadamente una solución. Y es que, si nada cambia, su familia será desahuciada el próximo 28 de enero. La idea aterra a esta joven vecina de Campclar, que tiene dos hijos, de 6 y 2 años.

La historia se remonta al verano de 2016, cuando Hayat y su marido decidieron mudarse. Hasta entonces vivían en Bonavista, en un tercer piso sin ascensor. «Estaba embarazada y me costaba subir tantos escalones. Además, no había sitio para guardar el cochecito», recuerda Hayat, quien nació y se crió en El Serrallo.

En septiembre de ese mismo año, el marido de Hayat encontró piso en Campclar, en la Rambla de Ponent. La familia se trasladó y firmó un contrato de alquiler con el presunto propietario del piso. «La casa estaba en malas condiciones y acordamos con el dueño que arreglaríamos algunas cosas con la condición de no pagarle el alquiler hasta enero», relata Hayat, quien, a partir de entonces pagó 300 euros mensuales al supuesto propietario del piso.

Las cosas se torcieron en julio de 2017, cuando el marido de Hayat fue sorprendido en su casa. «Llamaron a la puerta y nos dijeron que venían a desahuciarnos. Nos enteramos de que el piso era del banco desde 2015», explica la joven, quien recuerda que «yo, en ese momento estaba de vacaciones en Marruecos. Menos mal que estaba mi marido, porque si no, nos hubiéramos encontrado la puerta de nuestra casa tapiada». 

La familia llamó rápidamente al supuesto dueño del inmueble. Pero nunca más les cogió el teléfono y nunca más se supo de él. Hayat y su marido habían sido víctimas de una estafa. «Nos dijeron que no le pagásemos más, porque ya no era el propietario», explica. Ese día pudieron parar el desahucio.

La pareja presentó toda la documentación requerida en el juzgado. «Nos dijeron que iríamos a juicio y yo pregunté si tenía que ir con abogado o si tenía que aportar más documentación. La respuesta fue que no. Pero el día del juicio, todo fue al revés. El abogado del banco nos acusó de no pagar el agua y de no estar empadronados.

Era mentira, pero no llevábamos documentos que lo demostrasen», relata Hayat, quien asegura que «nuestra intención era llegar a un acuerdo de alquiler con el banco, no queremos vivir de gratis». La sentencia daba la razón a la entidad bancaria y, en junio de 2018, la familia recibía una notificación: tenían 20 días para irse del piso. El motivo era que el contrato de alquiler era inválido.

La familia empezó a buscar ayuda. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) les recomendó acudir a la asistente social y buscar un abogado de oficio. Su caso fue trasladado a la Mesa d’Emergència Social de la Generalitat. Gracias a esto, el desahucio previsto para el 18 de junio del 2018 fue aplazado hasta que la Mesa resolviera el asunto.

El plazo era de dos meses. La Mesa podía hacer tres cosas: buscar un piso con un alquiler de las mismas características, negociar con la entidad bancaria o denegar la ayuda. La entidad optó por la tercera opción. «Desestimaron nuestro caso porque mi marido cobra 11.000 euros anuales, es decir, unos 900 al mes», explica Hayat, quien añade que «esta normativa ha caducado, ya que ahora no se encuentran pisos de alquiler de menos de 500 euros».

La asistenta social comunicó a Hayat que el desahucio iba hacia adelante y que desde Serveis Socials ya no se podía hacer nada. La fecha prevista es el 28 de enero. «Empecé a buscar pisos como una desesperada, pero los precios son desorbitados. No podemos hacer frente a un alquiler de 600 euros. ¿Cómo lo haremos ahora? ¿Cómo le daré de comer a mis hijos? Si malvivimos ahora que no pagamos alquiler, imaginaos pagando 600 euros», asegura Hayat.

El abogado de la familia ha vuelto a pedir el aplazamiento del desahucio, pero Hayat es consciente de que la cosa está difícil. «Nos vemos en la calle. ¿Dónde pondré los muebles y los juguetes de mis hijos», se pregunta Hayat, quien asegura que «mi hija de 6 años no para de repetirme que no quiere irse de su dormitorio». 

Sin trabajo

Hayat y su familia llevan más de dos años viviendo en Campclar. Allí tienen sus amigos, sobretodo sus hijos. No quieren irse de allí. Además, el marido, quien regenta un bar en el barrio del Pilar, se queda sin trabajo a finales de este mes y la ayuda de comedor que recibía su hijo pequeño en la Llar d’Infants también se ha agotado. La situación para la familia es límite.

En más de una ocasión, Hayat ha ido hasta la oficina del Banco Santander para pedir ayuda y llegar a un acuerdo. Nunca ha recibido respuesta. «Incluso una vez fui con la presidenta de la comunidad de vecinos, ya que el banco debe 2.000 euros de la comunidad. Pero tampoco me han hecho caso», explica Hayat. La historia de esta familia ha llegado al grupo municipal de la CUP, quien está organizando una convocatoria en Campclar para el próximo 28 de enero, con el objetivo de paralizar el desahucio.

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