Una madre y su hija de 4 años resisten al desahucio en TGN

El Sindicat del Habitatge consiguió aplazar el desalojo del domicilio ocupado, propiedad de un particular, en la calle de la Nau

GERARD CAÑELLAS

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Momento de la llegada de la comitiva judicial, que se encontró con el Sindicat de l’Habitatge. FOTO: PERE FERRÉ

Momento de la llegada de la comitiva judicial, que se encontró con el Sindicat de l’Habitatge. FOTO: PERE FERRÉ

Pasaban pocos minutos de las 9.30 horas cuando la comitiva del Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona llegaba al 14 de la calle de la Nau, en la Part Alta, para proceder al desalojo de uno de los pisos del bloque, ocupado ilegalmente desde hace dos años por Ayesha, una mujer pakistaní, y su hija de 4 años. Aunque los funcionarios llegaban antes de la hora prevista, en la puerta del edificio ya había una decena de miembros del Sindicat del Habitatge de Tarragona para evitar el desahucio. Y lo consiguieron. Tras cuatro horas de guardia por si venían los Mossos d’Esquadra con la comitiva judicial para hacer efectivo el lanzamiento, los oponentes conocían que el procedimiento había quedado aplazado. Así, Ayesha gana tiempo para decidir si acepta la alternativa habitacional que le ofrece el Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) de Tarragona o, por el contrario, vuelve a ocupar con la ayuda del Sindicat otra vivienda, en este caso de un banco, de un fondo buitre o de un gran tenedor.

El caso es que el propietario es un particular, vecino de la Part Alta. Según el portavoz del Sindicat del Habitatge, Joan Nadal, Ayesha se ha puesto en contacto muchas veces con él, que posee ocho inmuebles en el bloque en cuestión, y «no quiere hacerle un contrato de alquiler ni normal ni social, pese a los avales que tiene ella del Ayuntamiento y de un vecino suyo. Quiere que Ayesha se vaya para tener el piso cerrado y así, según él, no tener más problemas, porque se ve que hay otras personas que no le pagan».

En este sentido, Nadal sostenía que se concentraron para evidenciar el problema de que «hay casas sin gente y gente sin casas». Así, el portavoz del Sindicat denunciaba que «el propietario es una persona que tiene seis pisos en alquiler, que haciendo el cálculo serian unos 3.000 euros al mes que se lleva al bolsillo viviendo a base del sufrimiento de estas familias que no pueden pagarlo», y se preguntaba que «¿que más quiere este señor? Si entre la pensión y los alquileres está ingresando 5.000 euros al mes y no quiere dejar que una madre soltera con su hija viva en un piso suyo por un alquiler social, que podría pagar con los 500 euros de renta garantizada». No obstante, Nadal defendía que con estos ingresos no se puede pagar un alquiler y comer a la vez, por lo que señalaba que «para nosotros la solución seria que todo el mundo tenga un hogar gratuito pero, como esto no nos lo encontramos, nuestra alternativa es la ocupación».

Alternativa de Serveis Socials

Antes de conocer que el desahucio había quedado aplazado, llegaron el gerente y una trabajadora de Serveis Socials y hablaron con Ayesha. El IMSS ya había trasladado al juzgado el informe de vulnerabilidad y había estado en contacto con la mujer, que por la mañana aceptó la alternativa habitacional que le habían ofrecido. Se trata de un piso de alquiler de 500 euros al mes, del cual el IMSS pagaría la entrada y la fianza y las mensualidades hasta enero y tramitaría la ayuda de la Agència Catalana de l’Habitatge, con la que la Generalitat de Catalunya pagaría una parte del total del alquiler durante un año. Esto junto a un plan de trabajo para la mujer de emancipación y búsqueda de trabajo. Ayesha no veía con buenos ojos esta opción, pero la acabó aceptando ante el inminente desahucio. No obstante, como fue suspendido, la mujer pakistaní gana tiempo y seguirá ocupando el piso de la calle de la Nau. Desde el Sindicat le advirtieron que tarde o temprano volverán para desalojarla y debe decidir ahora si acepta la propuesta de Serveis Socials u ocupa otro piso, para lo que contará con la ayuda del colectivo.

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