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Una parte de una macrooperación internacional contra el fraude se juzgará en Tarragona

Hubo 31 detenidos en enero en la demarcación por fraude del IVA. En Francia se les imputa pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda Pública

Àngel Juanpere

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Uno de los detenidos durante la macrooperación policial del pasado 28 de enero. Foto: Lluís Milián

Uno de los detenidos durante la macrooperación policial del pasado 28 de enero. Foto: Lluís Milián

La causa judicial abierta a raíz de la macrooperación policial llevada a cabo en enero contra una trama que supuestamente se encargaba de defraudar el IVA en Francia a través de varias empresas pantalla de diversos países –entre ellos en España–, que acabó con 35 detenidos, finalmente se dividirá en dos. Una parte será juzgada en Francia, mientras que la otra seguirá en el Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona.

En el marco de la operación Portoria-Autocarrusel se desarticuló una organización criminal internacional presuntamente dedicada al fraude del IVA a través de la compraventa simulada de vehículos y del blanqueo de capitales. La red había podido llegar a defraudar más de 20 millones de euros. Durante la operación, realizada el pasado 28 de enero, se realizaron 15 registros en domicilios, despachos profesionales y oficinas de varias localidades de Tarragona y dos en Perpignan y Provenza (Francia), donde se intervinieron tres armas de fuego cortas y dos largas, 18.000 € en metálico, material informático, dispositivos móviles y abundante documentación. De los 35 detenidos, 31 lo fueron en la demarcación de Tarragona –Cambrils, Torredembarra, Tarragona, L’Ametlla de Mar, El Perelló, etc–, otro en Baleares y tres en Francia.

La trama compraba los vehículos de lujo y de gama alta en Alemania para ser vendidos en Francia. Al ser una empresa la compradora, no pagaba dicho impuesto. Sin embargo, al venderlo a un particular sí se tenía que abonar al Estado –en este caso el francés– el 21 por ciento del IVA. Para evitarlo, hacían ver que antes los coches los habían adquirido diferentes sociedades ficticias afincadas en Catalunya –que disponían del Número de Operador Intracomunitario e inscrito en el Registro de Operadores Intercomunitarios– y así venderlos como de segunda mano, por lo que sólo tenían que pagar el REBU –Registro Especial de Bienes Usados– , que es el 10% del IVA. Se calcula que en cada operación defraudaban al fisco francés entre 600 y 1.000 euros. Cada año vendían unos 5.000 vehículos, por lo que fraude en los últimos cinco años –el plazo en el que prescribe el delito fiscal– sería entre 20 y 25 millones de euros. Sin embargo, la trama se remonta a años anteriores. Pero a este fraude en Francia hay que añadir el cometido a la Agencia Tributaria porque las empresas pantalla no tributaban ya que todo el dinero era en negro.

La investigación se inició en Francia, donde se cometía el fraude, y después se comprobó que tenía ramificaciones, principalmente en las comarcas de Tarragona, donde la red utilizaba diversas empresas. Estas eran compradas por la trama y cuando las necesitaban para sus actividades ilícitas, las usaban para las supuestas ventas de coches de lujo adquiridos en Alemania. Cuando se materializaron las detenciones ya se sospechaba que la causa se dividiría en dos, como finalmente se acordó en una reunión que tuvo lugar en Eurojust, en La Haya. A la misma asistieron representantes judiciales y de la Fiscalía de ambos países involucrados.

Tras la reunión en Holanda, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 dictó un auto –denuncia procesal– de separación del proceso. En el mismo se acordaba que Francia juzgaría a la mayoría de detenidos –se desconoce todavía el número– por tres delitos: pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda Pública. Otros serán juzgados en España –un número muy reducido y serán básicamente los representantes legales o administraciones de las empresas tapadera– por un fraude contra Hacienda por haber fundado sociedades y no haber pagado al fisco. Uno de los detenidos en el partido judicial de El Vendrell habría defraudado a Hacienda, a través de las sociedades que representaba, más de 1,6 millones de euros. Uno de los ciudadanos franceses también se ‘olvidó’ presuntamente de pagar al fisco casi un millón de euros.

El auto judicial todavía no se ha materializado ya que prácticamente todas las defensas han presentado recursos de reforma –y subsidiariamente de apelación–.

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