Una ‘policía de proximidad’, en boca de todos los alcaldables de Tarragona

«Proximidad» es la palabra que han repetido los alcaldables de los siete partidos representados en el consistorio cuando les hemos preguntado sobre sus propuestas para mejorar la seguridad en la ciudad y reducir el incivismo. Es de suponer que algo habrá tenido que ver la demanda que, con más o menos frecuencia, hacen las asociaciones de vecinos de cualquier barrio de la ciudad advirtiendo de la falta de una presencia visible de policía en las calles.

Valga decir que justo a principios de semana se sabía que Tarragona se situó el año pasado en la cuarta posición entre las capitales más inseguras del Estado en un ranking que encabeza Barcelona. Eran los datos de criminalidad que publica el Ministerio del Interior y según los cuales en la ciudad hubo el año pasado 73,34 infracciones penales (delitos y faltas) por cada mil habitantes, mientras la media de España está en los 45,61. Con todo, solo se registró un asesinato. 

El informe incidía, además, en el hecho de que durante el año pasado, la delincuencia en la ciudad creció un 9,2 por ciento. Unas semanas antes, en la Junta Local de Seguridad ya se había conocido que en la ciudad se presentaron 11.112 denuncias el año pasado, de las cuales una cuarta parte fueron atendidas por la Guàrdia Urbana de Tarragona (GUT) y el resto por los Mossos d’Esquadra.

A la cabeza de los delitos estuvieron los hurtos, tanto en la vía pública como en establecimientos. Pero si hay que destacar un tipo de hecho delictivo, ese es el de los robos en el interior de vehículos, que se dispararon un 42 por ciento. En todos los casos la Part Baixa asoma como una de las zonas más conflictivas.

Más inversión per cápita

En este sentido, el PSC, en el gobierno, defiende su gestión y argumenta que «con los datos de criminalidad del Ministerio del Interior se está presentando la ciudad como insegura, y no es así. Somos la capital de provincia con el menor incremento de infracciones penales». Se refieren a que si bien en Tarragona las infracciones aumentaron un 9,2%, en Barcelona lo hicieron en un 17,2%; en Girona, un 22,3%, y en Lleida, en un 13,6%.

También aseguran ser de las capitales de provincia catalanas que más invierte en seguridad (110 € por habitante) después de Barcelona y frente a los 94 € de Lleida y los 80€ de Girona. Entrando en las propuestas de los partidos, más allá de la unanimidad sobre la necesidad de ampliar los puntos de atención de la Guàrdia Urbana (e incluso, de tener agentes a pie), otro de los puntos en los que insisten algunos partidos es en la necesidad de mejorar la coordinación con los diferentes cuerpos de seguridad.

Hablan de coordinación el PSC, el PP y Ciutadans. Este último propone incluso la integración y unificación de las oficinas de denuncias de Mossos y Guàrdia Urbana y una única área de custodia para los detenidos. Junts per Tarragona incide, además, igual que PP y Ciutadans, en la necesidad de aumentar la plantilla de la Guardia Urbana. Con todo, las formas de plantear la relación de la policía local con los vecinos sí que presentan variaciones en función del cariz de cada partido. ERC habla, por ejemplo, de la creación de comisarías de distrito en Ponent, Nort y Llevant.

Mientras, la CUP habla de garantizar un «modelo de seguridad preventivo en lugar de reactivo» y de «fomentar las políticas de seguridad que no sean represivas, coaccionadoras ni de control social». En Comú Podem, por su parte, apuesta por los Consejos de Distrito para que sean los foros donde se debaten los problemas de seguridad.

Las ventanas rotas 

Pero más allá del delito propiamente dicho, quisimos saber las propuestas de los alcaldables para luchar contra el incivismo, un problema de menor  espectacularidad, pero que tiene una clara incidencia en la sensación de inseguridad. No en vano, en criminología se habla de la teoría de las ventanas rotas, que sostiene que mantener los entornos urbanos en buenas condiciones puede provocar una disminución del vandalismo y la reducción de las tasas de criminalidad.

En este sentido, la ciudad tiene una batalla pendiente. En el año 2017 se gastaron 1,6 millones en limpiar y arreglar desperfectos ocasionados intencionadamente, una factura que representa 12,24 euros por tarraconense. Se calcula que con lo que se gasta en incivismo se podrían construir 10 parques en un año. 

Y aunque cuando se habla de incivismo lo más fácil es pensar, por ejemplo, en las pintadas que ‘decoran’ la ciudad y lo que cuesta borrarlas, entre los aspectos que engrosan la factura destaca una conducta a la que los ciudadanos dan poca importancia: los residuos incontrolados. Se trata de muebles, electrodomésticos, restos de obras... que se dejan fuera de los contenedores y que cuesta más de 700.000 euros retirar.
Un punto de inflexión sobre el fenómeno del incivismo lo supuso en septiembre del año pasado la mutilación de las figuras de la Font del Centenari en Plena Rambla Nova. El alcalde Josep Fèlix Ballesteros anunció al día siguiente un ‘plan de choque’ que implicaba la modificación de la ordenanza de convivencia ciudadana para, por ejemplo, conseguir que los incívicos hicieran trabajos comunitarios. Cambiar la ordenanza, no obstante, es algo que no se ha concretado y para lo cual se necesitará consenso si se quiere poner en marcha en la próxima legislatura. El PSC vuelve a insistir en el tema en sus propuestas.

Para luchar contra el incivismo el PP propone ‘tolerancia cero’ y aumentar las multas. JxTGN habla de campañas de sensibilización, aumentar la vigilancia e imponer sanciones y Cs propone agentes en scooter que obliguen a cumplir con las ordenanzas. La CUP y En Comú Podem van en otra línea y proponen aumentar las papeleras, los pipicans y la instalación de WC públicos (de estos no hay ninguno en la ciudad). También hablan de la necesidad de instalar carteleras para evitar los locales vacíos empapelados de carteles publicitarios.

Finalmente, ambos partidos inciden en la necesidad de poner en marcha lo que definen como ‘urbanismo feminista’. Un ejemplo es velar por una mejor iluminación de las calles, lo que redundaría, aseguran, en mayor seguridad para los ciudadanos en general y las mujeres en particular.