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M.N. tiene 24 años, pero este último es como si el tiempo se hubiera detenido. Tal día como hoy, pero del año pasado, estaba en un juicio rápido contra el que fuera su pareja, un joven con el que estuvo durante año y medio, con quien llegó a convivir y de quien sufrió maltrato físico y psicológico.
En aquel juicio, al que acudió medicada, a él le condenaron por «dos delitos de maltrato agravados en el ámbito familiar». Le sentenciaron a realizar 76 días de trabajos en beneficio de la comunidad, que todavía no ha cumplido, y a pagarle 180 euros por las secuelas físicas que le causó. También le dictaron una orden de alejamiento. El maltratador se conformó con el delito y con la pena que le impusieron.
Aunque a él le condenaron por dos episodios de maltrato, ella recuerda al menos ocho, pero decidió no insistir entonces, porque eso habría implicado ir a un juicio más largo y ella sólo quería que acabara la pesadilla, «por mí y por mis padres». Pero el problema es que, tristemente, cuenta, la pesadilla no acabó aquel día; al contrario. En aquel momento, relata, fue cuando se dio cuenta de la dimensión de lo que le estaba sucediendo. Se sumió en una profunda depresión que la llevó incluso a estar internada en el Institut Pere Mata. Perdió 12 kilos y desde entonces está medicada con fármacos tranquilizantes y para dormir. Y ni pensar en poder trabajar en su carrera como abogada.
«Durante meses no podía salir sola a la calle, mucho menos de noche. Dejé de comer, de dormir, y no tenía fuerzas para nada. Mido 1,62 y he llegado a pesar 40 kilos», relata. Todavía conserva las grabaciones que le recuerdan por lo que pasó. En una él le habla con sorprendente frialdad de hacerle daño, «golpes, cuchillos, sangre...». En otra, que ella hizo cuando comenzó a pensar en denunciar, él reconoce que la maltrata y que le ha «pillado el gusto» a hacerlo.
La pesadilla tras la pesadilla
Vista la situación y con el acuerdo de su familia, entre quienes hay más abogados, se decidió a denunciar a su expareja por la vía civil en marzo de este año. «Pensé que para mí sería un golpe de moral», explica. El perito que la examinó dictaminó «la existencia de trastornos neuróticos por estrés postraumático grave como secuela». En la misma dirección están los informes de la psiquiatra y la psicóloga forense que la atendieron. El perito estimó que la cifra a reclamar debería ser de 23.500 euros.
La sentencia de esta segunda demanda llegó el 2 de mayo: la denuncia fue desestimada y a ella se le impuso el pago de las costas procesales por valor de 6.000 €. Ella considera que la cifra es «sangrante», teniendo en cuenta que él contó con justicia gratuita. «Es muy duro, además, que durante todo este tiempo mi familia y yo somos los que hemos tenido que gastar el dinero en psiquiatras, psicólogos y medicamentos», explica.
M.N. acepta que el juez pueda tener una visión distinta a la suya; que desestimara la demanda entraba dentro de las posibilidades, pero que además le hagan pagar las costas le parece tremendamente injusto. La decisión judicial le ha caído como un mazazo y sus padres han decidido iniciar tratamiento en una clínica fuera de Tarragona.
El fundamento de la sentencia
El juez que dicta la sentencia se basa en el hecho de que esta sentencia posterior, por lo civil, no puede corregir una anterior que se hizo por lo penal. Entendía que los hechos son «cosa juzgada» y el condenado ya indemnizó a la víctima con 180 euros. También es clave el hecho de que en la primera sentencia sólo se recojan dos episodios de maltrato, que el juez declara como «puntuales», y no los ocho que alega la víctima y que constituirían maltrato continuado.
La sentencia señala que «no se trata de valorar por esta Jurisdicción, cuando se somete a su consideración la responsabilidad civil derivada de delito, la certeza de las manifestaciones de la demandante a su psiquiatra, a su psicóloga, y al perito, sobre el padecimiento de una situación continuada de maltrato, tanto físico, como psicológico, durante aproximadamente un año de relación de pareja, porque, en definitiva, ni la sentencia declara probada esta situación, ni pronuncia condena respecto a la misma. Se trata exclusivamente de determinar si hay una consecuencia dañosa de los dos hechos ilícitos que el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer ha estimado probados...».
A pesar de todo, M.N y su familia han decidido recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial de Tarragona. Sabe que si la decisión le vuelve a ser desfavorable deberá pagar las costas además de un 40% más. No obstante, están dispuestos a correr el riesgo. «Yo lo que quiero es que se haga justicia, que nadie vuelva a pasar por lo mismo que yo... Y que él me pida perdón».
También quiere que se considere que las consecuencias del maltrato no terminan con el maltrato, sino que pueden durar mucho tiempo más y las víctimas tienen que tener el derecho de denunciarlo. Cree que, a pesar de las señales negativas que, a su juicio, muchas veces envía la justicia, las mujeres tienen que empoderarse para poder ejercer sus derechos. Y espera comprensión social, que se sepa que el maltrato también es cosa de personas jóvenes y con formación, como ella. En definitiva, que puede ser cosa de todos.
