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VPO en Tarragona: 12.700 familias en espera y dos pisos construidos en cuatro años

Los tarraconenses en lista de vivienda protegida se triplican desde 2011. Con la edificación bajo mínimos, la Generalitat opta por el tanteo para ampliar el parque, pero es insuficiente

Raúl Cosano

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Dos personas miran anuncios en una inmobiliaria. Foto: Alba Mariné

Dos personas miran anuncios en una inmobiliaria. Foto: Alba Mariné

Más lista de espera que nunca. Un total de 12.734 familias tarraconenses aguardan para una vivienda protegida en la provincia. Son los datos del registro de solicitantes de la Agència de l’Habitatge, a 30 de septiembre de 2019, la última estadística disponible, que pone de manifiesto la situación de escasez de VPO en Catalunya, reconocida por la propia Generalitat. La población que sufre demora para un piso de protección oficial se ha triplicado desde 2011 en Tarragona. Por entonces, la cifra se quedaba en 4.165 y ahora está cerca de 13.000. El número de familias en esa situación no deja de subir y es poco probable que se pueda satisfacer la demanda en un largo plazo de tiempo.   

Hasta octubre pasado, la lista en Tarragona creció un 3,6%, que se añade a los aumentos acumulados ejercicios tras ejercicio. Este incremento de la bolsa de solicitantes es consecuencia del problema habitacional que sufren las principales ciudades catalanas, que en estos últimos años han visto cómo han subido de manera exponencial los precios de los pisos tanto de compra como de alquiler y ha desaparecido la oferta asequible. 

La lista de espera vuelve a pulverizar un nuevo récord desde que se puso en marcha este registro en plena crisis económica, en 2011, cuando en los peores momentos de la recesión la cifra alcanzaba las 61.721 inscripciones en Catalunya. Hoy, ese dato autonómico global alcanza las 134.655 demandas, más del doble. 

Evolución del número de demandas en Tarragona de un piso público

La demanda crece a un ritmo muy superior a la oferta, a pesar de que el parque de viviendas públicas administradas por la Generalitat haya mejorado sus números a través de la figura del tanteo y retracto y de la firma de convenios de cesión con entidades financieras. En estos momentos, la Generalitat dispone de 20.240 pisos, casi 3.000 más que hace tres años. La propia Agència de l’Habitatge sacaba pecho y hablaba de «cifra récord». 

En Tarragona, el Govern ha comprado 250 viviendas a través de este sistema de tanteo, una de las herramientas de la administración para ampliar el parque. La otra ha sido la firma de convenios de cesión con entidades bancarias, lo que ha proporcionado 3.465 viviendas más en toda Catalunya. 

Sin embargo, estas residencias resultan insuficientes para satisfacer a las familias que solicitan pisos económicos. Mientras el ritmo de adquisición funciona bien, no está acompasado por una producción estancada desde hace años.

Un ladrillo que tiende a cero
La construcción de VPO en Tarragona es insignificante desde 2016, prácticamente nula. Algunos ejemplos: en los últimos cuatro años solo se han acabado dos pisos protegidos en la provincia, según los datos del Departament de Territori. El gran batacazo llegó en 2014, cuando se pasó de 142 a 40 pisos terminados. En 2010, hace ahora una década, la cifra era mucho mayor y alcanzaba las 584 viviendas en las comarcas tarraconenses. 

Número de pisos públicos finalizados en Tarragona en los últimos años

En cuanto a las viviendas iniciadas las cifras son similares y tienden a ser prácticamente nulas. Dos en 2016, ninguna en 2017 y otras dos en 2018, por citar años recientes. De enero a junio del año pasado, comenzaron en la provincia dos promociones, con 28 viviendas en total. Así, las administraciones ven más fácil ampliar el parque a través de figuras de tanteo, antes que acometer nuevas construcciones, y también debido a la gran cantidad de stock de pisos vacíos. 

Desde Territori, se admite el «incremento notable» de los solicitantes a causa de varios factores. «La crisis ha impactado en la capacidad económica de muchas familias. Presentan solicitudes a una vivienda protegida porque no tienen acceso al mercado libre por la escasa oferta asequible y las dificultades de acceder al crédito financiero», explica el Departament. 

A eso se añade que las administraciones públicas y los promotores «han dispuesto de menos recursos para promover vivienda protegida, hecho que ha contribuido al crecimiento del número de inscritos», según Territori. 

Un decreto en marcha
A finales del año pasado, la Generalitat publicó el ‘Decreto de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda’, que deberá permitir a medio y largo plazo aumentar el parque de vivienda pública de alquiler y de forma inmediata regularizar ocupaciones de pisos de familias desesperadas a viviendas de bancos, empresas o grandes propietarios (con más de 15 viviendas). El objetivo, según el Govern, es «combatir las situaciones de emergencia residencial, aumentar el número de vivienda protegida en régimen de alquiler y contribuir a la moderación de los precios en la vivienda privada». 

Entre otras premisas, la nueva norma autonómica impone a bancos, fondos de inversión y particulares de más de 15 propiedades ofrecer alquileres sociales por cinco o siete años –con cuotas por debajo de mercado– a quienes padezcan pobreza al agotárseles el título para habitar un domicilio o hayan ocupado por necesidad, así como renovarles una única vez si no han remontado.

El decreto favorece aún más el derecho de tanteo y retracto que pueden ejercer las administraciones y las entidades sociales para adquirir pisos y destinarlos al alquiler. Se amplía esta posibilidad hasta 2027 en toda Catalunya y autoriza a la Generalitat –otra novedad– a ejercer el tanteo hasta en la segunda y tercera transmisión de una vivienda adquirida por grandes propietarios, desde bancos y fondos de inversión a particulares con más de 15 viviendas.

Además, se considerarán desocupados los edificios que permanezcan inacabados para así poderlos incluir en el parque de vivienda asequible. Para hacerlo, la administración se dota de la posibilidad de multas coercitivas y hasta de proceder a la expropiación.

El nuevo decreto ley insta a los ayuntamientos a elaborar en un año un inventario de los solares públicos para construir vivienda; en dos años deberán tener aprobado un programa de actuación para poner a disposición de sus vecinos esos pisos. Los ayuntamientos también deben destinar a viviendas protegidas de alquiler los solares que obtengan como cesiones de aprovechamiento urbanístico.

Esta nueva normativa catalana también contempla fomentar la iniciativa privada para que se construya vivienda pública. 

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