Vacaciones para rebajar la tensión

Agosto es sinónimo de vacaciones en el Saló de Plens de la Plaça de la Font. El mes que justo ahora se inicia supone el punto y final al undécimo curso político liderado por el alcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC), el último antes de la celebración de los Juegos del Mediterráneo que se llevarán a cabo entre el 22 de junio y el 1 de julio de 2018. Precisamente, la competición que reunirá en poco más de diez meses a 26 países entre 16 sedes ha sido la gran protagonista del último ejercicio en el pleno municipal, un órgano que cierra hasta septiembre con la mayor división de la última década y que recuerda –en gran parte– al final de la etapa de Joan Miquel Nadal (CiU).  

La organización de los Juegos fue la gran justificación que explicó el acuerdo que, en febrero de 2016, suscribieron en Casa Canals PSC, PP y Unió Democràtica (ahora Units per Avançar) y que tensó enormemente la cuerda entre socialistas y ERC, que siempre ha manifestado dudas sobre su celebración. El curso que ahora finaliza –el primero completo tras el polémico pacto de gobierno– acaba con una sensación agridulce en este sentido. En noviembre se vivió el punto más crítico, cuando la inoperancia del Gobierno Central –paralizado al estar en funciones– imposibilitó que el Estado pudiera garantizar  las inversiones necesarias, por lo que el Comité Internacional decidió retrasar un año la organización del evento.

Finalmente, la abstención de la mayoría de diputados del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy (PP)  permitió que, en abril, la Administración Central pudiera comprometerse con 12,5 millones de euros, en un anuncio que se escenificó con la visita de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los ministros Cristóbal Montoro e Íñigo Méndez de Vigo a la ciudad de Tarragona. Este aval económico ha supuesto todo un respiro para un Ballesteros que, tras los Juegos, anunciará si vuelve a presentarse en 2019 como alcaldable. En caso afirmativo, sería la quinta y última ocasión que lo haría.  

Milà, lejos de la Budellera

El curso político que llega a su fin ha sido el de la reapertura del Mercat Central –tras nueve años de actividad en la carpa provisional–y ha supuesto la aparición de una nueva polémica, como es la tramitación del plan parcial de la Budellera, un nuevo barrio previsto para 4.000 viviendas y unos 10.000 habitantes que debe servir para ligar mediante trama urbana la Vall de l’Arrabassada con Boscos. La participación del despacho del concejal de Urbanisme, Josep Maria Milà (PSC), en la tramitación del proyecto hizo estallar las alarmas en Ciutadans y ERC. Esta circunstancia llevó al edil a distanciarse de un proyecto que está siendo modificado por las numerosas condiciones impuestas por parte de la Generalitat y la oposición vecinal que ha suscitado su tramitación.

El último curso también ha sido el del inicio de las obras de la esperada pasarela que, en pocos meses, unirá el Balcó del Mediterrani con el Passeig del Miracle, y que en la actualidad ya se ha construido casi en un 40%. Asimismo, también se ha vivido el adiós de Alejandro Fernández –ahora portavoz del PP en el Parlament– y el fallecimiento de la concejal de Esports, María Isabel Negueruela (PP).

 C’s y CUP se desmarcan
Durante este curso, Ballesteros se ha alejado de Rubén Viñuales (C’s), quien hace dos años se perfilaba como su aliado natural. La formación naranja –que ya no es referente de la oposición en beneficio de ERC tras la baja de la ahora concejal no adscrita Beatriz Pérez– ha llevado el uso de la tarjeta de crédito de la EMT ante la Fiscalía. De esta forma, Viñuales se une a la CUP en su lucha judicial contra el gobierno. La pasada semana, el Ministerio Fiscal archivó la denuncia de los anticapitalista por supuestas incompatibilidades de los ediles Pau Pérez y José Luis Martín por su relación con el Port Esportiu.    

Tarragona se ha convertido en la capital catalana  contra el referéndum

El último pleno también puso de relieve que Tarragona se ha convertido en la capital catalana contra el referéndum del 1 de octubre. PSC, PP y C’s se aliaron para rechazar esta votación, en una acción que pone toda la presión sobre el secretario municipal –Joan Anton Font–, quien hará un informe jurídico sobre la legalidad de la consulta La duda radica en saber qué hará el alcalde en caso de que este dictamen sea favorable a la votación ¿Lo acatará? Ballesteros tiene todas las vacaciones para meditarlo.