Vecinos de L’Argilaga claman contra un catastro «el 50% por encima del precio de mercado»

«Según el catastro una casa ruinosa en el pueblo vale lo mismo que un chalet en Boscos de Tarragona», cuentan indignadas tres vecinas de L’Argilaga, pedanía de La Secuita (Tarragonès). La suya es una de las 12 quejas y consultas que  se presentaron ayer ante la oficina del Síndic de Greuges que se instaló, por una mañana, en la sede del Institut Municipal d’Educació (IMET). 

Cuentan las vecinas que la última vez que se revisó el catastro en el pueblo fue en el año 2006, en plena burbuja inmobiliaria y con la puesta en marcha de la estación del AVE del Camp de Tarragona como telón de fondo. «Parecía que un montón de gente de Barcelona se iba a venir a vivir aquí, pero nada de eso pasó», recuerdan. El resultado: «Los valores catastrales están muy por encima del 50% del precio del mercado», apuntan en su queja ante el Síndic, donde dicen, además, que «no es justo que un solar con los mismos metros en Tarragona tenga el mismo valor catastral que en el núcleo de L’Argilaga cuando el precio de mercado es tan diferente».

En el pueblo, donde hay 196 habitantes según los datos del padrón, vive mucha gente mayor que no sabe cómo hacer frente a la situación, se lamentan. Recuerdan que el valor que calcula el catastro afecta, por ejemplo, a la hora de calcular el IBI. «Hay gente que necesita dos meses de pensión o más para pagar los impuestos», explican. 

También afecta a la hora de hacer cualquier transacción, con lo que hay personas que han tenido que renunciar a la herencia  de casas porque no pueden asumir los impuestos y hay más familias que se verán en la misma situación cuando mueran los mayores.

Reconocen que en la localidad, pedanía de La Secuita, hay algunos casos puntuales que ya se han solucionado, pero apuntan que les parece un agravio comparativo que no se revise el pueblo entero. Recuerdan que ya han pasado 10 años desde la última revisión del catastro, por lo que podría pedirse una nueva.

Doce quejas en Tarragona

En el convenio que tiene con el Ayuntamiento de Tarragona, la oficina del Síndic visita la ciudad dos veces al año. En la de ayer se tramitaron doce visitas (8 quejas y 4 consultas). Los problemas planteados fueron, entre otras, temas relacionados con el consumo (gas y luz), tributos, medio ambiente, sanidad y educación.

Jaume Saura, adjunto del Síndic, dice que no se ofrecen más detalles de las quejas presentadas para garantizar la confidencialidad de los ciudadanos (en el caso de L’Argilaga, las vecinas decidieron hablar con el Diari a la salida de la visita).
Explica Saura que, aunque hay otras formas de contactar con el Síndic, como por teléfono o por correo electrónico, su experiencia es que los ciudadanos agradecen poder explicar sus problemas directamente a alguien. Es algo que valoran especialmente las personas mayores o las que tienen que plantear temas que requieren una explicación muy detallada. 

De media, las quejas suelen tener una respuesta en unos cuatro meses, aunque Saura apunta que hay una gran variabilidad, desde temas más sencillos que se resuelven en cuestión de días, hasta otros, que implican a más personas o que requieren hacer varias consultas a la administración, que resultan más complicados de resolver.

El balance de 2016
El año pasado, el Síndic de Greuges realizó 55 quejas y actuaciones de oficio en Tarragona, de las cuales más de la mitad tenían que ver con políticas territoriales. 

En lo que se refiere a las quejas y consultas que realizan los ciudadanos directamente se presentaron 259 (120 quejas y 139 consultas). El mayor número de casos, 67, tuvieron que ver con el consumo, seguidos de la administración pública y tributos (62 casos). El siguiente tema fueron las políticas sociales, con 59. En este apartado destacan los casos relacionados con la infancia y la adolescencia.
Respecto a las administraciones con las que se han tramitado las quejas de la ciudad de Tarragona, el 51,49% fueron ante la Generalitat; el mayor número de ellas con el Departament de Treball,  Afers Socials i Famílies (34 quejas). 

En cuanto a las administraciones locales, destacan las 89 quejas que se tramitaron ante el Ayuntamiento. No obstante, también registraron quejas ante compañías de servicios como luz, gas y telefonía o con colegios profesionales.

En el relato de los casos se puede observar la variedad de quejas que se atendieron, desde por ejemplo, la «falta de respuesta del Ayuntamiento a diferentes instancias relativas a las molestias por ruido que ocasionan las pitadas del trenecillo turístico de la Empresa Municipal de Transportes hasta la «disconformidad con el procedimiento de admisión a una guardería».