Vehículos de moda que circulan en un limbo legal

María Teresa, una mujer de 70 años, pesea con su marido, Joan, y su perro –un pequeño chihuahua marrón que tiene desde hace años– por la acera de la avenida Francesc Macià de Tarragona cuando ve que a lo lejos, a unos 50 metros, una luz azul se abre paso entre los otros peatones de la calle y avanza hacia ellos a gran velocidad. Se pegan a la pared para no ser arrollados por un joven subido en una plataforma con una rueda a cada lado. Se trata de un patinete autopropulsado. María Teresa se queja amargamente de que «ya no se puede andar tranquilo ni siquiera por la acera, pues incluso aquí corremos el riesgo de ser atropellados».

La cosa no termina allí; el joven que conduce el artefacto continúa su «carrera endemoniada», como dice la señora, y otros dos peatones han de apartarse y saltar a la carretera, pues el conductor del patinete no parece tener intencion de frenar.

El incidente ocurre a las puertas de un bar, por lo que enseguida se origina entre los parroquianos que se hallan en la terraza del establecimiento un debate sobre si estos artilugios deben ir por la acera o por la calzada. 

La discusión no es gratuita; hay que tener en cuenta que estos artilugios alcanzan fácilmente los 30 kilómetros por hora. El problema es que los patinetes eléctricos no son vehículos ni bicicletas; en realidad, no se sabe qué son. La falta de regulación y el vacío legal que existe sobre estos vehículos no despeja las dudas sobre qué hacer con ellos.

Ni por la calzada ni por la acera

En efecto, la Dirección General de Tráfico (DGT) no los considera vehículos ni peatones, aunque el año pasado emitió una ‘instrucción’ en la que decía que no podían ir por la calzada ni por la acera. Eso sí, dejaba clara la necesidad de regulación municipal: «Podrán ubicarse físicamente en el ámbito de la calzada, siempre que se trate de vías expresamente autorizadas por la autoridad local. La autoridad municipal, no obstante, podrá autorizar su circulación por aceras, zonas peatonales, parques o habilitar carriles especiales con las prohibiciones y limitaciones que considere necesarias (relativas a masa, velocidad y servicio al que se destinan) para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía. Cuando queden asimilados a ciclos y bicicletas, les será aplicable lo dispuesto para éstos en la legislación de tráfico, seguridad vial y circulación de vehículos a motor. En concreto, el uso de los VMP (Vehículos de Movilidad Personal) debe realizarse atendiendo a las normas del ordenamiento jurídico vial». O sea, que no regula nada y deja estos aparatos en un limbo legal.

A falta de mayor concreción, algunas ciudades se han dado a la tarea de intentar regular el uso de unos aparatos que, si bien es cierto que todavía no representan un gran problema dada su escasa cantidad, amenazan, sin embargo, con extenderse con rapidez por la trama urbana, no en vano han sido el regalo estrella en las pasadas navidades.

Así, una de las ciudades más aventajadas es Barcelona, donde se ha creado una ordenanza específica –en realidad, dos, una para aquellos artilugios que llegan a 10 kilómetros por hora y otra para los que superan los 30 km/h–, mientras ayuntamientos como los de Madrid o Valencia trabajan ya en su regulación. Otras urbes, como Vitoria, permiten a estos vehículos circular en todo momento por la acera y las zonas peatonales, aunque también pueden ir por carriles bici e incluso podrían ir por la calzada. Pero la mayoría de las ciudades, entre las que se encuentra Tarragona, de momento no han decidido qué hacer con estos vehículos, que de momento circulan tanto por las aceras como por las calzadas, así como por parques y plazas.

Pero el mayor problema no es el formal, sino el práctico. Y es que muchos no solo exigen tener suficiente pericia para manejarlos, sino que la velocidad que pueden adquirir los convierte en un elemento de riesgo para la seguridad, tanto de sus propietarios como del resto de usuarios de la vía, principalmente los peatones. Que se lo digan a María Teresa.