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La entidad denunciante de las obras del polémico no párking Jaume I, Veu Ciutadana, criticó ayer de forma contundente la decisión del magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona, Antonio Gambón, de no imputar al alcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) ni a su antecesor en el cargo, Joan Miquel Nadal (CiU).
«El magistrado está llevando a cabo una protección extrema de la parte municipal. Se está equivocando, ya que imputar a alguien no es condernarlos, sino darles la oportunidad de que se defiendan. Y de que nosotros presentemos nuestra oposición», argumentó ayer el presidente de la entidad, César Segura, quien añadió que su plataforma lamenta «las incoherencias que está demostrando el juez en todo este caso».
En un auto dictado el pasado 20 de mayo, el magistrado considera que «no ha lugar» a la imputación de los dos políticos (Nadal y Ballesteros), así como de los representantes del consejo de administración de Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT) durante los años en los que se llevó a cabo la adjudicación en 2011 de las obras que nunca llegaron a buen puerto tras multiplicar por más de diez su presupuesto inicial. En este sentido, el magistrado declinó citar como imputados a Manuel López Pasca, Antonio Granell, Manuel Moreno, Ricard Pomerol, Francisco Ortega, Josep Fèlix Ballesteros, Joan Sanahujes, Àngel Fernández, Áurea Rodríguez, Enrique Gallego, Manuel Vileu, Juan José Sancho ni a Joan Miquel Nadal.
Pese a ello, en la resolución de hace dos semanas sí que citó a declarar en sede judicial como testigos a tres trabajadores del Consistorio de hace 14 años: el interventor general de la corporación local en 2011, Fernando Chicano; el secretario general de la administración municipal en los años 2000 y 2001, Ponç Mascaró, y el jefe del servicio del departamento de contratación de bienes y servicios durante los años 2000 y 2001. Hace tiempo ya declaró en actual secretario general de la administración municipal, Joan Anton Font.
‘Dudamos de su capacidad’
«No dudo de la imparcialidad del juez, pero sí de su capacidad para llevar el caso», manifestó ayer Segura, tras conocer la decisión de la justicia de no imputar a ninguna de las personas que la plataforma había pedido que se imputaran en dos documentos presentados los pasados 4 de febrero y 5 de mayo.
Asimismo, el máximo representante de Veu Ciutadana considera que «hay una evidente empatía entre magistrado, fiscal y Ayuntamiento», un hecho que, a su entender, «se demuestra en el permiso para que la UTE se personara en la causa». En esta línea, Segura critica que ahora la compañía pública Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT) –que fue junto a Sistemas Alem la que gestionó la no construcción del frustrado aparcamiento de la Part Alta– «tenga información de antemano para poder manipular, si lo quisiera, todos los documentos que consideren que les pueden traer problemas».
A juicio de la entidad que ha llevado el sobrecoste hasta los juzgados, el presupuesto de las intervenciones en el agujero del Casc Antic «ya ascienden a más de cuarenta millones de euros», por lo que define como de «muy extraño» que «no se quiera imputar a nadie, cuando la situación está muy clara».
‘Vejación de obligaciones’
Segura se muestra especialmente duro con el fiscal y el juez, de los que lamenta la «vejación de obligaciones que están demostrando». En esta línea, el presidente de Veu Ciutadana lamentó que «hace un año se nombró a un perito judicial para que determinara si lo que se ha construido cuesta o no cuesta 30 millones de euros. Sin embargo, ha pasado un año y aún no se ha realizado ningún informe al respecto».
Sobre ello, la denunciante del mayor escándalo reciente de la ciudad volvió a poner de relieve la «pasividad total» que están demostrando los órganos judiciales con este tema, ya que «en ocho años de diligencias aún no se ha imputado a nadie», a la vez que recordó que «nadie de la Fiscalía ha acudido a ninguna prueba testifical».
Segura considera que «la voluntad parece que sea que este caso se convierta en un nuevo caso Parc Central, del que se llevan más de dos décadas de instrucción y ya nadie se acuerda de los millones de euros que se gastaron para destruir patrimonio». Pese a ello, Veu Ciutadana anunció ayer que «llegaremos hasta el Tribunal Supremo para que se aclaren las responsabilidades».
