Xavier Puig, concejal de Territori: «El crecimiento de Tarragona no pertenece a ningún particular»

Xavier Puig (Tarragona, 1982) es coordinador del Àrea de Territori, Sostenibilitat i Seguretat del Ayuntamiento de Tarragona. Doctor en Sociologia por la URV y máster en Investigació Social Aplicada por la UAB, Puig ya fue concejal en la oposición durante el pasado mandato y ahora es uno de los hombres fuertes del Ejecutivo de Pau Ricomà.  

¿El Ayuntamiento de Tarragona convocará la plaza para tener a un gerente de urbanismo?
Es una duda que nos hemos planteado en algunas ocasiones y pospusimos la decisión hasta conocer si era necesario o no. En estos momentos no lo vemos necesario ya que confiamos en la figura de la vicesecretaria y de los técnicos. 

¿Aunque no cierra la puerta de forma definitiva?
No, por el momento no lo valoramos, pero somos un Ayuntamiento abierto que hará las valoraciones oportunas a medida que vayamos cogiendo volada.

Una de las primeras decisiones que tomó como concejal de Territori era seguir adelante con la urbanización del PP10, a pesar de que ERC como oposición y en la campaña se había manifestado en contra. ¿Por qué este cambio de postura?
La valoración política del PP10 no ha cambiado ya que no creemos que sea un entorno de crecimiento primordial para cohesionar la ciudad. Hay otros proyectos más interesantes y tampoco nos gusta la apuesta por esta estrategia comercial. Una cosa era Ikea, y la otra las alternativas posteriores. De todas formas, somos gente muy racional en el momento de obtener los medios para conseguir unos objetivos.

¿Qué objetivos?
Es un barrio que, a pesar de los peros que puede tener, también tiene sus ventajas. Primordialmente la vivienda social, que es de calado. En definitiva, la primera decisión era en base a los costes que supondría frenar el proyecto.

«En estos momentos no vemos necesario contratar a un gerente ya que confiamos en la  vicesecretaría y los técnicos»

¿De qué cifra estaríamos hablando?
Tras las diferentes reuniones y valoraciones, los técnicos me dijeron que cuantificarlo numéricamente era absurdo porque está sujeto a muchas incertidumbres, pero sí que estábamos hablando de muchos millones. 

¿En base a qué?
Primero, porque es un plan aprobado definitivamente, con la reparcelación y la urbanización aprobada. Y, además, se habían producido excavaciones, lo que genera unos derechos patrimoniales. Por tanto, había particulares que podían decir que tenían unas expectativas y podían exigir una compensación. Y no olvidamos que el Ayuntamiento ha sido promotor del plan, lo que complicaría muchísimo más los litigios judiciales. Frente a esta disyuntiva de muchos pleitos, complicados, engorrosos y muy caros para el ciudadano, el ejercicio de responsabilidad que hicimos es no invertir las posibilidades de Tarragona en otros proyectos para frenar esta intervención.

¿Se han reunido ya con Ten Brinke para hablar de cómo será la nueva zona comercial?
Está previsto que lo hagamos próximamente. Hemos hablado telefónicamente y está prevista una visita presencial.

«Contemplamos una revisión del POUM o  modificaciones puntuales en la línea de favorecer el urbanismo sostenible»

¿Cómo debe ser el proyecto para que no agreda al comercio de proximidad?
Este es el reto. Es complicado y requiere varios ingredientes y uno de estos lo tenemos, que es la predisposición de las dos partes. Tenemos voluntad de redefinir lo que convenga para que no sea agresivo con el comercio de proximidad de Tarragona y la predisposición que nos ha mostrado la empresa es muy buena para buscar sinergias, colaboración y cooperación.  

Han tenido que dar marcha atrás en este proyecto. ¿Pasará lo mismo con urbanización de La Budellera?
Hay diferencias notables. En el caso de La Budellera, nuestra oposición es total. Políticamente hablando, si tiramos adelante un proyecto de este estilo estamos vaciando aún más el centro de la ciudad, con todo lo que comporta para el comercio de proximidad y depredaríamos un espacio que tiene un valor natural y paisajístico muy elevado. Técnicamente hablando el PP10 está aprobado definitivamente, mientras que en La Budellera no hay excavadoras, ni reparcelación ni tan solo se ha aprobado inicialmente el plan, está en las beceroles.

«El Ayuntamiento debe tener un papel proactivo en definir cómo debe ser el crecimiento de la ciudad»

En diciembre se tumbó por tercera vez el plan. ¿En qué fase está?
Los promotores presentaron el plan y los técnicos han estado emitiendo informes. Quedan algunos que a corto plazo tendremos. Con todos los documentos técnicos encima de la mesa tomaremos una decisión como Ayuntamiento. 

¿Dependerá de los técnicos?
Los técnicos tienen plena independencia para hacer las consideraciones oportunas y las valoraciones objetivas sobre las cuales después deberá tomarse una decisión política. No vamos a escondernos detrás de los argumentos técnicos. Y nosotros defendemos que la ciudad debe crecer por dentro, llenar los agujeros.

¿Si los técnicos dan luz verde a esta tercera versión del plan parcial 24, qué pasa?
Deberá valorarse, pero aún no estamos en este escenario hipotético y no quiero aventurarme. 

La Generalitat está revisando los urbanizaciones previstas en ámbitos como la Vall d’Aran y la Costa Daurada para evaluar los sectores previstos en suelo no sostenible. ¿Creen que esto puede ayudarlos?
Tarragona es una ciudad suficientemente importante para disponer de autonomía urbanística. Salvando esta distancia, es evidente que el criterio que estamos defendiendo desde aquí coincide con el nuevo discurso general del urbanismo que se promueve desde la Generalitat. Los grandes planes que crecen en extensión forman parte del pasado, de la idea del ladrillo. Lo que se defendemos, que es lo que recoge la nueva Llei de Territori, es el urbanismo sostenible y favorecer la regeneración. 

Sin embargo, hay un POUM que lo recoge, lo que da unos derechos a los promotores.
Hay ideas antiguas que perduran. Como por ejemplo que si alguien ha comprado unos terrenos con una expectativa de negocio, tiene un derecho para satisfacer estas perspectivas. Hay que ir muy en cuidado. El crecimiento de la ciudad no pertenece a ningún particular, sino a la ciudad. Tenemos muy claro que prevale el interés público en este tipo de decisiones. 

Pero hay un POUM.
Efectivamente, lo tenemos. El POUM se hizo en la ampara de los valores de la burbuja inmobiliaria, de forma clarísima. Esta expresión no es mía, forma parte de la última modificación de la agenda económica aprobada en el pleno. Lo que significa que está sobredimensionado, con unos valores que no son los de racionalidad y sostenibilidad. Queremos revertirlo, porque defendemos otros valores. 

¿La modificación de los calendarios y de la memoria económica no fue suficiente?
Se queda corta. Con el argumento de que había cambiado la coyuntura del mercado, se revisaron unos determinados aspectos y no otros. Hay que revisarlo todo ya que ha cambiado tanto el mercado como la previsión demográfica.

¿Qué significa revisarlo todo, un POUM nuevo?
Lo ideal, a nuestro entender es revisar los criterios generales del plan general y esto está justificado en el mismo POUM. Cuando se redactó se hizo en base a una previsión demográfica de 258.000 habitantes y hemos decrecido. No obstante, estamos hablando del instrumento y lo que nos interesa es el objetivo. 

¿Cuál es?
Trabajar para un urbanismo al servicio de las personas y de la cohesión de la ciudad. Si es esto lo que nos interesa estamos abiertos. El objetivo de la cohesión de Tarragona no es patrimonio nuestro. Muchos otros grupos a su forma también lo defienden. El reto está en encontrar los instrumentos que mayor satisfagan este planteamiento.

Pero en su momento se priorizó el crecimiento de Llevant a proyectos como Horta Gran, que podrían cohesionar el Francolí y su entorno. ¿El objetivo está en cambiar estas prioridades?
Sí, pero hemos hablado tanto de La Budellera y Terres Cavades que hemos olvidado todo el contenido del POUM. Y éste también dice cosas muy interesantes y muy positivas. Más allá de estos dos planes, y de Horta Gran, hay muchos otros ámbitos más pequeños o de tamaño medio. Estos planes permiten crear muchas viviendas. Entre polígonos de actuación y planes de mejora urbana, hay una capacidad de crecimiento en vivienda de nueva creación muy grande. 

¿Cómo se traslada sobre el terreno? ¿Incentivando a los promotores de estos terrenos que son ahora un agujero?
Principalmente si eres capaz de frenar los grandes ejes de crecimiento, que desincentivarían todo lo demás, automáticamente estás promoviendo el crecimiento por otros lados. Y después porque hay muchos pequeños promotores que tienen interés en desarrollar. Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es acompañar. Y, más allá, hay otros planes que la administración puede asumir la iniciativa vía cooperación, porque tiene un interés de ciudad. 

O lo que es lo mismo, formar parte de ese desarrollo.
Queremos un Ayuntamiento proactivo y no pasivo, que se queda mirando las decisiones que toman algunos promotores. El Ayuntamiento debe tener un papel proactivo en definir cómo debe ser la ciudad.

Hay unas reglas del juego. ¿Después de trece años de debate para aprobar el POUM el objetivo es hacer una revisión, redactar un nuevo plan general...?
La revisión es una opción, pero no la única. Las modificaciones son otro instrumento y a partir de ahí puedes adaptarlo a la realidad. Casi cada dos plenos tenemos una modificación del POUM. El urbanismo no se hace de un día para otro. El plan general es una previsión a largo plazo, pero las coyunturas que habías previsto van cambiando y las modificaciones te ayudan a redirigirlo. Es otro camino. 

¿Hacer un POUM nuevo no se está planteando?
Hay todas las opciones encima de la mesa. Hay que hablar entre todos, para ver qué genera más consensos. Contemplamos una revisión o modificaciones puntuales en la línea del urbanismo sostenible. Las dos opciones están ahí.

Cohesión de ciudad.

Es un objetivo incuestionable. 

¿Cómo se materializa?
Desde el punto de vista urbanístico pasa por priorizar el crecimiento que llene los agujeros que actualmente tiene la ciudad. Que sea una ciudad compacta. Que sirva para unirnos y esto pasa también por la movilidad y que las calles que nos unen con los barrios sean transitables para las personas. Que las carreteras sean avenidas para que las pueda caminarse, y que sean transitables para las bicicletas y los patinetes. Y que el Francolí no sea una barrera sino un punto de encuentro. La cohesión pasa también por la cultura y por compartir, con bibliotecas, salas de lectura y de trabajo. 

La titularidad de las carreteras ha sido un impedimento para avanzar. ¿Han iniciado las conversaciones para el traspaso del segundo paquete?
Estamos tramitando una reunión con Carreteras para hablarlo. El traspaso tiene que ir asociado con un conjunto de inversiones y el interés es que éstas sean para fomentar la movilidad sostenible.  

Las negociaciones estaban bloqueadas desde que el Estado dijo que no habría una compensación económica. Si ahora es condición ‘sine qua non’ podría frenarse de nuevo.
Legalmente diría que no es posible que asumamos las carreteras sin una compensación. Si el Estado no quiere hacerla dineraria, hay que encontrar el equilibrio con alguna inversión.

¿La idea es que asuman la habilitación de carriles bici?
Es el escenario que buscamos. Parto de la base que las dos partes buscamos un acuerdo.