Se incrementan un 17% las solicitudes
de ayudas para el alquiler en Tarragona desde 2018

La Oficina Local de l’Habitatge tramitó tan solo el año pasado un total de 2.129 solicitudes de ayuda para pagar el alquiler, una cifra que se ha incrementado paulatinamente desde 2018, cuando se tramitaron 1.820 peticiones. Esto representa un crecimiento del 17%, lo que significa que en este periodo de cuatro años más de 8.000 tarraconenses han solicitado algún tipo de ayuda para hacer frente al pago del alquiler.

La concejal de Habitatge del Ayuntamiento de Tarragona, Eva Miguel, lo atribuyó a la «emergencia habitacional» que vive la ciudadanía, una situación que aseguró que «se ha acentuado a causa de la pandemia». Y es que, si a estas cifras se le suman las ayudas de urgencia especial –que se tramitan conjuntamente con el Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST), para hacer frente al impago de las rentas del alquiler– vemos que en este mismo periodo el número de solicitudes se han duplicado. En 2008 se tramitaron 62 prestaciones, mientras que en 2021 fueron 126, un dato que el año anterior se había disparado a causa de la crisis generada por la Covid-19, alcanzando las 396 familias.

Miguel fue categórica: «Hay mucha gente de la ciudad que está en riesgo porque el derecho a la vivienda no está garantizado». Y desde el Ayuntamiento de Tarragona se recela de que iniciativas como el Bono Joven, impulsado por el Ejecutivo Central, sean acciones realmente efectivas. Tan solo la Oficina Local de l’Habitatge tramitó 878 expedientes relacionados con esta medida, de las cuales 344 solicitudes se formularon tan solo el primer día. «Muchas de estas peticiones no prosperarán, porque la cantidad de solicitudes sobrepasan a los recursos destinados», afirmaba Miguel. La primera estimación apunta a que tan solo podrán beneficiarse unos 200 tarraconenses de estos 250 euros mensuales para pagar el alquiler.

La responsable municipal en políticas de vivienda pedía a la administración general del Estado y a la Generalitat «presupuestos reales» para combatir esta situación ya que «los entes locales no podemos».

No obstante, desde el Ayuntamiento de Tarragona se asegura que se seguirá «insistiendo para conseguir los recursos para seguir comprando pisos» para ampliar el parque de viviendas público y que esto acabe teniendo un efecto sobre los precios del mercado. Durante el año pasado se movilizaron 1,5 millones de euros que han permitido la compra de 18 inmuebles destinados al alquiler social para familias vulnerables. De estos diez ya se han rehabilitado, mientras que otros siete ya están ocupados. Otros seis están en fase de rehabilitación, mientras que hay ocho que están pendientes de escriturar.

Con el remanente de los presupuestos del año pasado, Habitatge dispondrá este año de una partida de 500.000 euros para continuar con esta línea. Y, al respecto, Eva Miguel pedía un «compromiso firme» para que cada año se destine una partida del presupuesto para dicho efecto.