El juicio del cártel de camiones va llegando a su fin en Tarragona, después de cuatro años de pleitos. Lo hacen, al menos, las decenas de procesos que se están librando en primera instancia. El juzgado mercantil número 1 de Tarragona ha emitido ya 142 condenas estimatorias, que reconocen el sobrecoste que pagaron muchas empresas de Tarragona por sus vehículos y que condenan en costas a los fabricantes, los más importantes del mercado.
El 95% de los juicios previstos ya se han celebrado y tienen esa sentencia en primera instancia. Sin embargo, aún queda tiempo para que los transportistas que pagaron de más en su momento por sus camiones puedan cobrar.
Aunque en el 40% ya hay sentencia por parte de la Audiencia Provincial, falta dictar 86 resoluciones en segunda instancia y seguramente el recorrido de los casos vaya todavía para largo.
Hay casi 1.050 camiones afectados solo en la provincia, que conciernen a alrededor de 280 empresas tarraconenses. En líneas generales, las resoluciones a las que ha tenido acceso el Diari admiten el pago de precios hinchados como «consecuencias de la infracción del derecho de la competencia» y acreditan «un sobreprecio medio aplicado por el cártel durante toda su duración».
Multa a nivel europeo
Todo comenzó en 2016, cuando la Comisión Europea anunció una multa de más de 3.800 millones de euros a seis de los principales fabricantes de camiones a nivel europeo –DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Scania, MAN y Renault-Volvo– por pactar precios de venta entre los años 1997 y 2011. Aquello no fue más que el comienzo, porque los transportistas que supieron que habían pagado sobrecostes empezaron a inundar los juzgados de demandas para recuperar su dinero.
Los transportistas pagaron de más por sus vehículos durante 14 años (1997-2011)
Dentro de esos reclamantes hay tanto grandes compañías como autónomos que trabajan en el transporte. Incluso hay alguna compañía tarraconense que tiene hasta 100 o 200 camiones afectados, por los que pagó un dispendio extra durante los 14 años en los que se prolongó el entramado.
Bruselas impuso la sanción en 2016 por haber pactado los precios de venta de los camiones, haber obstaculizado la introducción de nuevas tecnologías en materia de emisiones y haber repercutido a los compradores los costes de aplicación de esos mecanismos.
Además de fijar los costes, endosaron a los clientes los precios del cumplimiento de las normativas de emisiones más estrictas de la Unión Europea. En los encuentros entre compañías, que se realizaban varias veces al año, se discutían y en ocasiones se acordaban aumentos de precios.
El entramado actuó a nivel europeo y aglutinaba el 90% de la cuota de mercado
Más allá de la imposición de esa histórica amonestación, la penalización abrió la vía para interponer demandas por parte de aquellos empresarios que compraron algún vehículo durante la época en la que se prolongaron los acuerdos.
La oleada de sentencias en Tarragona y en otras provincias confirman sin ambages la existencia del cártel y el perjuicio provocado en la venta pero donde reside la controversia y donde hay más en juego es en el nivel del daño.
Empoderar a las compañías
Josep Lluís Aymat, director de la Federació d’Autotransport de Tarragona, abre las puertas a que «se puedan hacer reclamaciones para compras más allá de 2011 porque entendemos que la normalidad competitiva llegó más tarde». Aymat se ha mostrado muy indignado por unas prácticas «inadmisibles» y empodera a las compañías para que sigan batallando: «Todas las empresas tienen que ser conscientes de que hay que perseverar para dejar claro que estas prácticas son intolerables».
Alrededor de 280 empresas de Tarragona fueron víctimas de la trama que vendió más de 1.000 camiones a precios inflados
Aymat, representante del gremio, es consciente de las dificultades que hay en el camino: «Es complicado luchar, porque delante tienes multinacionales. Estoy seguro de que al final habrá que esperar a la posición del Tribunal Supremo».
La clave de todo ello, donde hay mucho dinero en juego, es en el nivel de indemnización. «Hay sentencias muy divergentes en cuanto a los porcentajes de indemnización pero entendemos que deber ser superior al 10%», indica Aymat. Pedro González, abogado del despacho de CCS (Caamaño, Concheiro & Seoane), que ha aglutinado la mayor parte de estos asuntos en Tarragona, indica que «el criterio de la Audiencia Provincial de Tarragona es conceder el 5% del precio del camión más intereses».
Pugna por la indemnización
Ese es el mismo porcentaje avalado recientemente por el Supremo. En los 15 primeros casos analizados reconoce el daño pero lo ubica igualmente en el 5% del precio del camión, algo insuficiente para el sector. Tanto los transportistas demandantes como los letrados que llevan los casos, se emplazan a seguir luchando para demostrar que el agravio fue mayor. «La clave es que el Tribunal Supremo reconozca una indemnización acorde con el daño, por ahora ha dado una indemnización de mínimos», admite Pedro González. El modelo pericial de este despacho contempla un sobrecoste variable en función del año de compra pero arroja una media del 16,35% a lo largo de los 14 años del entramado.
«Son prácticas intolerables y hay que perseverar», dice Josep Lluís Aymat, director de la Federació d’Autotransport de Tarragona
El Supremo es contundente en sus conclusiones y reconoce que «ha existido una infracción del derecho de la competencia de enorme gravedad por su duración (14 años), por su extensión espacial (todo el Espacio Económico Europeo) y por la cuota de mercado de los fabricantes implicados en el cártel, aproximadamente un 90%».
Así, todavía está en el aire el precio final que podrán cobrar los transportistas. Aunque los juicios estén finalizando tanto en los juzgados mercantiles como en las Audiencias Provinciales, la ejecución de las sentencias y el cobro definitivo se postergará durante un tiempo. Los intereses, según el Supremo, son «una medida necesaria para que el resarcimiento sea pleno».
Una empresa de Tarragona recibirá 1,2 millones, cifra récord
El juzgado mercantil número 1 de Tarragona falló a favor de que una empresa de la provincia reciba 1,2 millones de euros en concepto de indemnización, por ser víctima de este cártel de fabricantes de camiones. Se trata de una de las sentencias más cuantiosas de España de esta trama, al menos hasta la fecha. La resolución indica que es una «consecuencia de la infracción del derecho de la competencia» y acredita «un sobreprecio medio aplicado por el cártel durante toda su duración». En esa reclamación se incluían 49 camiones.
«Hay mucha tipología de demandantes, desde pequeños autónomos con un camión a empresas con grandes flotas», reconoce el letrado Pedro González.
Una gran cantidad de transportistas tarraconenses están esperando para ver qué indemnización les puede corresponder. «Cada año compramos entre 10 y 15 camiones, así que podemos tener más de 200 afectados. Estamos hablando de unas cantidades muy importantes», explica el responsable de una potente empresa del transporte de la provincia.
El sector lamenta la gestión de los fabricantes pero intenta ser optimista
El caso de este empresario puede servir de ejemplo. La indemnización de un camión que hace unos años podría costar 70.000 euros dejaría unos 7.000 en caso de establecer el juez un 10%. Si es un 5%, la cantidad baja notablemente. «Una desviación de un 10% puede suponer mucho, pero luego hay que añadir los intereses que se hayan generado y las costas. Pero los bufetes van a éxito, cobran una parte, así que van a intentar ir al máximo», comenta este empresario, crítico con las marcas.
«Están intentando alargarlo. Si hubiesen optado por entonar un ‘mea culpa’, a lo mejor se hubiese solucionado. Pero han preferido ir por estrategias de alargar todos los procedimientos, hasta el punto de que cuando haya una resolución en firme quizás haya empresas que no existan. Esperaba un poco más de ellas a la hora de resarcir a sus clientes, que reconocieran que se habían equivocado, que optaran por una solución más amistosa. Están enrocados, pero nosotros también, en una reclamación que es justa», indica este empresario, que pese a todo es optimista: «Espero poder recuperar el dinero».
