Coches quemados y sin agua del CAT, los déficits de la estación del AVE tras 14 años

Los restos de un coche calcinado, otro de prácticamente desballestado, un vertedero con restos de material de obra y un lavabo. Son algunos de los residuos que pueden verse en los últimos metros del vial de acceso a la estación del AVE, una carretera en la que los usuarios del alta velocidad siguen utilizando para aparcar y que es una muestra del «vacío legal» en el que siguen algunas de las cuestiones relacionadas con la terminal, inaugurada en diciembre de 2006.

«Al final conseguimos que la Generalitat recepcionara la carretera de la rotonda a la puerta de la estación, pero los laterales son propiedad de Adif», explica el alcalde de La Secuita, Eudald Roca. Este eje ha sido objeto de polémica desde el primer momento. Inicialmente porque se registraron varios accidentes, ya que no se habían hecho las inversiones necesarias en cuanto a la iluminación de la rotonda. Más tarde, el ente gestor de infraestructuras traspasó el vial a la administración catalana. Sin embargo, a efectos prácticos nadie se hace cargo de lo que pasa en estos terrenos adyacentes. «Tampoco ha habido muchos actos de vandalismo. Alguno sí, pero no podemos decir que sea la tónica general», añade. No obstante, es habitual que cuando hay alguna incidencia de estas características, en las que se sospecha que los coches podrían ser robados, los vehículos pueden permanecer allí varios meses ya que no hay nadie que se haga cargo de retirarlos. «No hay control ni vigilancia», añade Roca, quien lamenta la «patética imagen» que esto genera.

La falta de conservación y mantenimiento de las inmediaciones de la estación tan solo es una de las asignaturas pendientes. Aunque no es la única. El Ayuntamiento de esta localidad presentó en octubre del año pasado un recurso contencioso administrativo «contra el incumplimiento, o en su caso en reclamación del cumplimiento del convenio de colaboración entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y los Ayuntamientos de La Secuita y Perafort». Este se firmó el 15 de diciembre de 2006, nueve días antes de inaugurarse la estación. En este se establecían las cláusulas a fin de «optimizar el desarrollo de la implantación de la estación ferroviaria de la manera más adecuada para los intereses de ambas administraciones y para el mejor funcionamiento de las instalaciones». El documento regulaba cuestiones relacionadas con los accesos y la redacción de un plan de autoprotección de la estación, entre otros. No obstante, queda pendiente uno de los compromisos adquiridos, que es el que hace referencia a la llegada del agua del CAT «necesaria tanto para el futuro abastecimiento alternativo de la estación como del municipio de La Secuita».

De acuerdo con lo establecido, la construcción de la acometida era compartida por Adif y el Ayuntamiento. Así, la primera parte debía hacerse cargo de la construcción de la parte común troncal hasta la terminal, a través del camino de Tarragona. Mientras que, la administración local, debía sufragar los costes para que esta agua también pudiera llegar a los depósitos municipales. En el convenio quedaba claro que esta infraestructura alternativa «facilitará la acometida de agua a la estación de Camp de Tarragona durante los meses de julio y agosto, así como en los casos de incidencia técnica». Asimismo, se establecía que la compañía pública estatal era la responsable de la redacción del proyecto. Este no llegó a tramitarse.

Con las obras aún sin ejecutar, el 14 de septiembre del año pasado, la presidenta de Adif mandaba una carta al Ayuntamiento de La Secuita en el que se informaba de la «liquidación» y «extinción» del convenio firmado entre las partes. Esta se hacía efectiva a partir del 1 de octubre cuando, según la Abogacía del Estado, debían haberse adaptado todos los convenios administrativos de acuerdo con la ley de régimen jurídico del sector público de 2015, o en caso contrario estos se anularían. Por este motivo, el Ayuntamiento de La Secuita presentó un recurso de interposición, delante del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Tras la demanda, Adif volvía a ponerse en contacto hace un par de meses para firmar un nuevo convenio. Roca, explica que a raíz de esta conversación, solicitó una memoria valorada al CAT para conocer qué costaría la inversión pendiente. Esta fue cuantificada en 1.039.916,95 euros, de los cuales el Ayuntamiento tendría que hacerse cargo del 40%, aproximadamente. «O llegamos a un pacto formal con Adif, en el que veamos que definitivamente hay un compromiso o seguiremos con la línea de la demanda», concluye Roca.