Condenado por un delito contra el patrimonio histórico por encender fuego en el Circ

El Juzgado de lo Penal número 2 de Tarragona ha dictado una multa de 720 euros para un ciudadano que vivía en la calle, y a fin de proveerse de techo, ocupó para habitar el espacio arqueológico de las gradas del Circ Romà. La juez lo ha condenado por un delito de daños contra el Patrimonio Histórico, ya que según quedó probado durante el juicio esta persona encendió «pequeños fuegos en el interior del recinto» para calentarse, lo que generó daños a la bóveda.

La sentencia hace referencia a unos hechos ocurridos entre el 9 de octubre de 2016 y el 13 de enero de 2017, cuando esta persona –mayor de edad, que vivía en la calle y sin antecedentes penales– entró en el recinto del monumento, que tiene la consideración de Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional y que forma parte del conjunto Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.

Según consta en la sentencia, en este periodo de tiempo el hombre encendió «pequeños fuegos» en el interior del recinto, tanto en la zona de la Plaça dels Sedassos como en la calle Trinquet Vell, antes de ser detenido por parte de la Guàrdia Urbana de Tarragona. El condenado se sirvió de una escalera de madera que era utilizada por la Brigada Municipal y que rompió para ser utilizada como combustible, además de un panel informativo que también se encontraba en este lugar.

El fuego y el humo generaron daños a la bóveda y paredes circundantes en una superficie aproximada de 13 metros cuadrados, lo que incluso hizo necesaria la intervención de los bomberos. Asimismo, se ha tenido en cuenta que para su reposición al estado anterior el Ayuntamiento de Tarragona –que ha ejercido como acusación particular– tubo que utilizar los servicios de un restaurador-conservador que «se sirvió de técnicas especializadas, consistentes en tratamiento de la superficie con remoción de depósitos superficiales mediante sistemas mecánicos y químicos, dada la naturaleza especial de los bienes dañados». El fuego también malogró las instalaciones eléctricas.

Durante el juicio, el Ministerio Fiscal había formulado acusación por un delito de daños. La pena solicitada para el acusado era de una multa de 1.440 euros con una responsabilidad personal subsidiaria, que se cifró en 4.764,39 euros, más los intereses.

Por su parte el Ayuntamiento de Tarragona, al considerar que el autor había incurrido en un delito de daños contra el patrimonio histórico, elevó la solicitud de pena a 2 años y 1 mes de prisión, con inhabilitación especial del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Asimismo, la administración local elevó a 7.648,39 euros la responsabilidad civil.

El 21 de abril de 2023 se celebró el juicio oral, tras varias suspensiones debidas a la incomparecencia del acusado, que fue localizado en Zaragoza. Finalmente, la acusación particular rebajó la solicitud de condena –fijándola en 1 año y 9 meses de prisión– para que el caso pudiera resolverse.

La sentencia de la juez confirma una multa de 720 euros para el autor de los hechos, ya que esta es la cuota mínima que se corresponde a una persona que carece de trabajo, de techo bajo al que vivir y de cualquier ingreso. El fallo también recoge que cada dos cuotas no satisfechas equivaldrán a un día de privación de libertad. Asimismo, el condenado deberá abonar la cantidad de 3.618,89 euros al Ayuntamiento de Tarragona en materia de responsabilidad civil, por los daños ocasionados.

El cabo de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, aseguraba que esta es la primera sentencia de estas características que afecta a un delito contra el patrimonio histórico. Pese a ello, hay otros casos que están judicializados, a la espera de que se celebre la vista. Es el caso de los hechos ocurridos en el Pont del Diable, en el año 2019, donde la Guàrdia Urbana de Tarragona también pudo identificar a los autores.

También en el Pont del Diable se registró un segundo caso, en el que también pudieron identificarse las autoras, que eran menores de edad. Aquí no se abrieron diligencias penales ni administrativas, aunque se está tramitando la responsabilidad civil subsidiaria para los padres. La policía local también detuvo a una persona para rascar una pared en el edificio del Antic Hospital de Santa Tecla, en la calle de les Coques.

En paralelo, está pendiente de cerrarse y mandarse a lo penal la macrocausa liderada desde el Ayuntamiento de Tarragona contra los grafitis tanto en bienes patrimoniales, como en edificios particulares y establecimientos comerciales. Al respecto, la concejal de Seguretat Ciutadana, Cristina Guzmán, afirma que se ha trabajado «intensamente con el área de Neteja para la retirada de estas pintadas, poniendo facilidades tanto para las comunidades de vecinos como para los comercios para que puedan solicitar la limpieza gratuita».

Esta es una iniciativa pionera en la que Ayuntamiento, Guàrdia Urbana y Fiscalía están colaborando para impulsar estudios grafológicos y demás técnicas que permitan la identificación de los autores. Font avanza que desde el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad ya se han interesado en esta cuestión.