El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat) ha rechazado la petición de medidas cautelares solicitada por la empresa GBI Paprec SA contra la resolución del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que decía que el contrato de basura debe adjudicarse a Urbaser, que quedó en segundo lugar del concurso público.
El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha celebrado la decisión judicial y ha asegurado que «simplifica» el procedimiento. Ahora, el equipo de gobierno permanece a la espera de la resolución del juzgado contencioso administrativo para adjudicar, finalmente, el contrato a Urbaser. «Cuando esté resuelta, y entendemos que irá en el mismo sentido de la resolución del TSJC, lo que haremos es pedir un informe a los servicios jurídicos». Pero no descarta en poder adjudicar el contrato antes de finales de año.
Precisamente, esta mañana de viernes se ha convocado una Junta de Portaveus urgente para abordar este tema. Pero al parecer, el Ayuntamiento no tiene intención por ahora de adjudicar el contrato de la basura ya que hay otros frentes judiciales pendientes.
El recurso
Hace medio año, la empresa GBI Praprec SA presentó un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) de 6 de junio de 2024 y también contra el acuerdo del consejo plenario del Ayuntamiento de 21 de junio de 2024.
Inicialmente, el contrato fue ganado por GBI Prapec. Sin embargo, una resolución del TCCSP –tras de haber presentado Urbaser un recurso– impugnaba el acuerdo inicial y daba como ganadora del concurso a Urbaser, como así ratificó el pleno municipal.
El contencioso-administrativo de GBI Prapec indicaba que el acuerdo recurrido «resulta perjudicial para los intereses generales ya que conduce al Ayuntamiento de Tarragona a un callejón sin salida y deja a la ciudadanía sin la prestación del servicio de recogida de basuras en las condiciones que exige la legislación vigente, menoscabando las funciones de la mesa de contratación».
El recurso indicaba que el propio TCCSP reconoce que los supuestos incumplimientos por parte de GBI Prapec SA «son menores y que afectan a todas las empresas, y que el hecho de que se trate de cuestiones ínfimas e interpretables en relación a la oferta y al pliego de condiciones, que afecte a todos los licitadores en mayor o menor medida y por los mismos defectos, determina la concurrencia del requisito analizado».
Alegaciones
Las diferentes partes implicadas en el proceso presentados alegaciones, solicitando que se desestimara la petición. El Ayuntamiento recordaba que había interpuesto recurso contensioso-administrativo contra el mismo acuerdo, que se tramita en la misma Sección Quinta de la Sala Contenciosa-Administrativa del TSJCat.
El Ayuntamiento añadía que en el caso de que la acuerdo impugnado se declarara correcto «los perjuicios ocasionados podrían ser objeto de reparación económica». Por el contrario, la paralización de la contratación «produciría perjuicios al interés general ya que se trata de unos servicios adjudicados en 2002, basados en previsiones y estudios de hace 22 años».
«Averías diarias»
Y el escrito del Ayuntamiento iba acompañado de un informe del Departament de Neteja Pública sobre la situación de los vehículos y maquinaria con los que actualmente se presta el servicio. Se ponía de relieve que los mismos «sufren averías diarias, que a veces tardan varios días en resolverse, lo que provoca retrasos e imposibilidad de realizar el servicio planificado, con los problemas de olores y falta de limpieza que ello conlleva y con incumplimiento de la normativa sobre residuos».
FCC Medio Ambiente SA, otra de las empresas que aspiraba al contrato, señalaba que la petición de medida cautelar «no acredita las supuestas condiciones de insalubridad a las que el acuerdo impugnado aboca a la ciudadanía y que los servicios están siendo prestados con absoluta normalidad».
Finalmente, Urbaser aseguraba que «la precaria situación en la que se encuentra la prestación del servicio se vería agravada en caso de suspensión y que existen mecanismos resarcitorios para el caso de que finalmente fuera estimada la pretensión inicial del recurrente».
La decisión judicial
El TSJCat señala que no se «razona ni justifica que concurran los supuestos citados» por lo que no puede adoptarse la medida en base este requisito «sin que sea posible analizar el fondo del asunto».
En caso de estimarse el recurso, señala el Tribunal, GBI Prapec podría ser adjudicataria del contrato y, si ello no fuera posible, «podría obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos».
Sobre el interés general, la no suspensión de la ejecutividad tampoco supone un perjuicio irreparable, ya que el servicio se sigue prestando.
Satisfacción del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Tarragona está a la espera de que el Jutjat del Contenciós-Administratiu resuelva si aplica la misma medida cautelar presentada por Paprec SA contra el acuerdo del 21 de junio del Consejo Plenario. En caso de que resuelva en el mismo sentido y deniegue la cautelar, el consistorio podrá finalmente adjudicar a la segunda empresa, es decir, a Urbaser SA.
El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha explicado que «una vez tengamos la resolución del Juzgado pediremos informes técnicos y jurídicos y, en cuanto sea posible, adjudicaremos el contrato de la basura».
Viñuales confía en que esto ocurra antes de que acabe el año, ha remarcado que «estamos más cerca de tener la Tarragona limpia que todos queremos, con un contrato actualizado, con más máquinas de agua e islas emergentes. En definitiva, un contrato que ya no sea obsoleto como el que tenemos de hace 23 años».
