El Ayuntamiento de Tarragona espera que Terres Cavades, La Budellera y Mas d’en Sorder mueran en el cajón

La Comissió d’Urbanisme de Catalunya aprobará previsiblemente este jueves el proyecto inicial del Pla Director Urbanístic (PDU) de Sòls no Sostenibles. Este instrumento revisará los principales sectores de crecimiento del litoral –desde Malgrat de Mar a Alcanar–, poniendo el foco en «favorecer una ordenación sostenible» del territorio, «reduciendo» el consumo de suelo y fomentando la «cohesión» de los pueblos y ciudades. La administración catalana ha estudiado un total de 335 ámbitos de crecimiento, en los que podrían construirse alrededor de 110.000 viviendas y que afectan a 41 municipios. Sobre estos, se determinará si se permite la edificación en las condiciones previstas, si se modifican en algunos de los parámetros o bien si se desclasifican directamente y se impide cualquier construcción.

Los ayuntamientos afectados han seguido con mucha atención este proceso, que quiere evitar que se reproduzca un modelo de «urbanizaciones aisladas», lejos de los núcleos urbanos, con dificultades para que queden cubiertas con los servicios necesarios. Aunque en lo que se refiere a Tarragona ciudad no se esperan cambios respecto al planeamiento actual. Si bien en un primer momento, el Govern de la Generalitat incluyó dentro de este proceso algunos de los planes parciales más polémicos, como La Budellera, Terres Cavades y Mas d’en Sorder, la sentencia del Tribunal Supremo que suspendió el POUM de 2013 cambió las reglas del juego. «Con la anulación del plan de ordenación urbanística, el motivo de la revisión decae, porque volvimos al plan general del 95, que también podía tener ciertos motivos para revisarse, pero en cualquier caso también cayó, porque se aprobaron las normas urbanísticas que declaran todos estos suelos como no urbanizables», explica el concejal de Territori, Xavier Puig.

Las normas incluyen los polígonos de actuación y los planes de mejora urbana, que están en suelo urbano, en cambio estas no recogen los planes parciales –a excepción de los que estaban muy avanzados a nivel de tramitación o los que derivan de otra normativa–, que son la figura que regulaban estos grandes sectores. Por tanto, el futuro plan que está tramitando la administración catalana no hablará de forma específica sobre estos sectores. «En el momento en el que caen todos, no tiene sentido que el Pla Director de Sòls no Sostenibles haga una enmienda o una revisión de una normativa que ha sido declarada nula», afirma Puig.

Tarragona ha quedado fuera de este procedimiento, pese a ello, se espera que el Govern haga una mención específica sobre esta situación, para que en un futuro no puedan ponerse de nuevo encima de la mesa. «En el momento en el que la Generalitat los incluyó dentro del plan director para su revisión ya nos hizo una enmienda, en clave de los Objetivos de Desarrolo Sostenible (ODS), por lo que es evidente que desde ese momento ya no podemos coger y aprobar de nuevo el POUM de 2013, como algunos quisieran», argumenta el tercer teniente de alcalde.

El Ejecutivo de la Plaça de la Font quiere enterrar definitiva estos planes. «Tarragona tenía uno de los crecimientos más depredadores del territorio y seguramente de Catalunya, que se hizo a la ampara de los valores de la crisis inmobiliaria de 2007», argumenta. Estos planes chocaron con los intereses del Ejecutivo actual que antes de la caída del POUM intentó frenarlos para que no prosperaran. Y ahora la administración local espera que el nuevo modelo de urbanismo que está imprimiendo la Generalitat sea la «estocada» definitiva para que estos planes no vuelvan a salir del cajón y queden enterrados en el olvido. «Volver al modelo del antiguo POUM ya no es posible, primero porque nos esperan muchas oposiciones vecinales y de entidades dentro de la propia ciudad, y después porque nos esperaría la Generalitat con el Pla Director de Sòls no Sostenibles», afirma Puig.

En el caso de Terres Cavades todavía no había reiniciado un recorrido tras la polémica inicial que rodeó este proyecto, en el que se preveía la construcción de más de 6.800 viviendas. Por su parte, los propietarios de La Budellera acababan de presentar una nueva versión del plan, cuando llegó la sentencia del alto tribunal. En este caso, eran 4.200 viviendas que afectaban los terrenos desde la Vall de l’Arrabassada a Boscos y Cala Romana, un proyecto que la Generalitat ya tumbó una vez y sobre el que ya se habían hecho varias versiones. Finalmente, Mas d’en Sorder, afecta a la construcción de 236 viviendas en las inmediaciones del campo de golf Costa Dorada, en este caso, el Ayuntamiento lo frenó cuando este ya se había aprobado por silencio administrativo porque afectaba a los terrenos junto a la Anella Verda y desde la Generalitat se consideró que respondía a un modelo urbanístico «depredador». Con todo, a día de hoy hay una demanda de responsabilidad patrimonial por parte de los promotores.

El bloque de los partidos de la oposición defiende que estos sectores se recuperen con el nuevo POUM que se está redactando y seguramente este será uno de los caballos de batalla de la próxima campaña electoral, teniendo en cuenta que un cambio de gobierno podría volver a girar la tortilla. «Que lo intenten es un riesgo real, pero en el caso de este hipotético escenario, más que conseguir esta victoria que no se conseguiría de ninguna forma porque habría una inviabilidad administra, ya que estaríamos chocando con la administración de la Generalitat, lo que sí que se conseguiría es alargar la tramitación del POUM y generar una situación enquistada y un debate poco resolutivo, con una inseguridad jurídica», añade Puig.

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Polítiques Digitals i Territori, inició la impresión de un nuevo modelo urbanístico para Catalunya con el Pla Director Urbanístic de Sòls no sostenibles del Alt Pirineu. En este caso se tuvo en cuenta la presión urbanística en las comarcas de la Cerdanya, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, el Alt Urgell y la Alta Ribagorça. En total se desclasificaron 300 hectáreas de suelo, en las que estaba prevista la construcción de 8.500 viviendas.

Posteriormente se siguió con el litoral de Girona, para evitar algunos de los macroproyectos previstos en el Empordà. En este caso, se aprobó que 86 ámbitos de crecimiento que afectaban a un total de 916 hectáreas de superficie volvieran a formar parte de la red de espacios abiertos, de forma que quedaban protegidos delante de un futuro desarrollo urbanístico. Con su aprobación definitiva, se iniciaba la revisión del resto del litoral, desde Malgrat de Mar a Alcanar.