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Nueva polémica entre el Ayuntamiento de Tarragona y el Camping Las Palmeras. Paralelamente al enfrentamiento que ambas partes mantienen en el juzgado contencioso-administrativo por el proyecto de recuperación de la duna de la playa Llarga, que recientemente ha tumbado el Consistorio, ahora este periódico ha podido saber que la propiedad del establecimiento turístico ha presentado una querella por presunta prevaricación del número ‘2’ del alcalde Ricomà (ERC) en la Plaça de la Font: el primer teniente de alcalde, Jordi Fortuny (ERC).
Según ha podido contrastar el Diari, Las Palmeras presentó el pasado mes de octubre la denuncia contra el coordinador del área municipal de Serveis Centrals por una cuestión de interpretación tributaria sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Las fuentes consultadas confirman que el edil deberá acudir la próxima semana a declarar ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número ‘2’, si bien estas también afirman que el concejal está «muy tranquilo» porque «se trata de una cuestión administrativa», y que los datos que se usan para cobrar «se reciben desde el Catastro del Gobierno Central».
Sentencia del Supremo
En concreto, la nueva subida de tono entre Las Palmeras y la corporación local se debe al giro del impuesto municipal. El camping considera que, a raíz de una sentencia judicial del Tribunal Supremo que le daría la razón, su finca debería tributar este gravamen local como finca «rústica» pero, sin embargo, el Ayuntamiento lo sigue pasando como «urbanizable», con el considerable diferencial económico que supone.
Este jueves, el Diari ha intentado conocer la opinión del negocio, que ha declinado la posibilidad de realizar manifestaciones públicas al respecto porque el caso «está subjúdice» y sus propietarios prefieren, en este momento del proceso, no hacer valoraciones en prensa porque «es lo más prudente».
El camping cree que se le debería girar el tributo como finca «rústica» cuando se le pasa como «urbanizable». El Consistorio niega cualquier actitud «maliciosa»
Las fuentes consultadas del gobierno municipal (ERC-Junts per Tarragona-CUP) reiteran la «tranquilidad absoluta» que hay contra las acusaciones de que el edil haya podido prevaricar. «Es una cuestión jurídica, de la que el concejal no tiene ningún conocimiento. Es cierto que la firma digital de los recibos es suya, pero esto se debe al hecho de que es el coordinador municipal del área. Lógicamente, no conoce el detalle de los más de 60.000 recibos que, cada año, se pasan desde el Ayuntamiento por las fincas urbanizables de la ciudad», indican las fuentes consultadas por el Diari, que aseguran que «en ningún momento» el primer teniente de alcalde «ha tenido ninguna actitud maliciosa a la hora de aplicar el tributo».
