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Después de más de un cuarto de siglo de polémicas, rumores, licitaciones fantasmas y de promesas incumplidas parece que, al fin, el esperado Fòrum Judicial ha dado un paso administrativo firme y solvente, que blinda una inversión de 71 millones de euros para hacer realidad la ansiada unificación en un mismo equipamiento de las actuales siete sedes judiciales de la ciudad, por las cuales la Generalitat paga anualmente alquileres por valor de 1,3 millones de euros.
Así lo anunció ayer la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, quien desde 1998 es la quinta responsable autonómica del sector que se ocupa del esperado plan tras Núria De Gispert, Montserrat Tura, Esther Capella y Lourdes Ciuró. La integrante del ejecutivo de Pere Aragonès (ERC) reveló que el Govern aprobó el pasado 20 de diciembre incluir el proyecto en el Programa d’Encàrrec d’Actuacions (PEA) con el organismo autonómico Infraestructures.cat. Este paso asegura que la obra no dependerá cada año de la aprobación o no del presupuesto de la Generalitat para poder ejecutarse y, asimismo, marca una senda de inversión entre este 2023 y hasta 2026. «Tenemos proyecto, hay ubicación (en la calle Pont i Gol del entorno del Hospital Joan XXIII) y, lo que es más importante, tenemos consignación presupuestaria y unos plazos claros. El Fòrum de la Justícia será una realidad en 2026», resaltó Ubasart tras reunirse con el alcalde de Tarragona, Pau Ricomà (ERC), y representantes del sector judicial. «Ahora sí: ponemos dinero y activamos todo el aparato administrativo para tirarlo adelante de forma inmediata», añadió.
32.000 metros en cinco plantas
El planning inversor del Departament de Justícia contempla iniciar las obras dentro de 14 meses –en marzo de 2024– porque el proyecto constructivo no deberá redactarse de nuevo sino que se adaptará el elaborado en 2009 que, por la crisis económica, finalmente no se sacó a licitación pese a anunciarlo públicamente. «Solo estamos pendientes de que el equipo redactor acepte las condiciones económicas para actualizarlo a la normativa vigente», destacó la consellera.
Para este 2023, la Generalitat prevé ejecutar 78.000 euros, que servirán para llevar a cabo la licitación de las obras el próximo mes de septiembre. Medio año después se pondrá la primera piedra, en un 2024 en el que está previsto destinar 13,5 millones de euros. Ya en 2025 la dotación prevista será de 31,2 millones de euros, mientras que ya en 2026 se prevé ejecutar los últimos 26,2 para finalizar, a finales de ese año, una actuación cuyo horizonte es que pueda entrar en funcionamiento en 2027.
El Fòrum será un edificio con 32.000 m2 hábiles –13.000 más que los 19.000 que hay en la actualidad sumando las siete sedes de la ciudad–, distribuidos en una planta principal, cinco niveles superiores y un subterráneo. El nuevo espacio albergará todos los equipamientos de Justícia, desde la Audiencia Provincial hasta todos los órganos judiciales unipersonales. También se ubicarán la Fiscalía de Menores, la Fiscalía de Tarragona, el Registro Civil, los colegios profesionales, los equipos técnicos de familia y ámbito penal, los servicios territoriales de Justícia y los servicios sociales del ámbito penal.
El alcalde de Tarragona, Pau Ricomà (ERC), destacó que «por fin tenemos un compromiso concreto y efectivo que ya es irreversible», que permite «estar a punto de cerrar una carpeta abierta desde hace 25 años». Por su parte, el presidente de la Audiencia Provincial –Joan Perarnau– valoró el paso dado como de «magnífico», y reivindicó que la actual situación es «lamentable y catastrófica» lo que, entre otras cuestiones, provoca que «no tengamos salas para macro juicios», como el de Inipro o, si llega el caso, el de Iqoxe.
