El Govern revisará 93 planes parciales del litoral tarraconense que suman 40.000 viviendas

El Govern de la Generalitat está a punto de iniciar los primeros pasos para blindar el litoral tarraconense. Según ha podido saber el Diari, la administración catalana tiene previsto abordar después del verano el plan director urbanístico de revisión de suelos no sostenibles, una iniciativa que quiere suponer un auténtico plan de protección de la Costa Daurada, y que impedirá la construcción en espacios de interés natural y paisajístico.

El secretario de Hàbitat Urbà de la Generalitat, Agustí Serra, confirma que los trámites se iniciarán en «septiembre u octubre». Esta revisión afectará a trece municipios del litoral tarraconense, desde Cunit a L’Hospitalet de l’Infant, de los cuales diez «no tienen un plan general que se adapte al planeamiento territorial». En total se estudiarán 93 sectores de crecimiento, que afectan a un total de 1.500 hectáreas de terreno y en los que está prevista la construcción de unas 40.000 viviendas.

El Govern iniciará el mismo procedimiento que ya se ha llevado a cabo con la tramitación del plan director del Pirineu, que en el mes de julio se prevé que quede aprobado definitivamente. Y, posteriormente, se hizo en el litoral de Girona. Su debate se encuentra en la fase final y está previsto que se apruebe en octubre. «Los criterios serán los mismos –afirma Serra– y consistirá en la revisión de los sectores urbanizables y urbanos no consolidados, bajo unos criterios de sostenibilidad». A través del plan director va a hacerse un estudio de cada uno de estos ámbitos, de forma que en algunos casos se optará por una desclasificación directa, en otros se mantendrá tal cual y en otros va a haber una modificación para reducir el ámbito y concentrar su edificabilidad. De todas formas, Serra ya anticipa que el segundo caso se dará «en pocas ocasiones».

Baja densidad y compactar

Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es frenar la presión urbanística del litoral tarraconense, evitando la proliferación de nuevas zonas residenciales de baja densidad. «Es un sistema agotado, que ha supuesto unos costes altísimos para los Ayuntamientos, ya que consumen una gran cantidad de suelo y, en buena parte, responden a un modelo de segundas residencias», certifica Serra. Muchos de estos proyectos se desarrollaron a partir de los años ochenta, alrededor de las áreas metropolitanas. «Tenía una lógica en su momento, pero el debate debe centrarse en que las ciudades sean para las personas y que pueda vivirse con una calidad urbana», añade el secretario de Hàbitat Urbà. En este caso, la administración prioriza que no haya nuevos crecimientos y que puedan dotarse las urbanizaciones existentes con los servicios e infraestructuras de comunicación y telecomunicaciones, para que estos sectores acaben de consolidarse como primeras residencias.

Asimismo, la nueva política urbanística del Govern busca fomentar la compactación de las ciudades y la rehabilitación y la adaptación del parque de viviendas, de acuerdo con los principios de eficiencia energética. Es lo que se conoce como reciclaje urbano, el cual quiere actuar sobre la ciudad construida en lugar de beneficiar los nuevos crecimientos. «Debemos concentrar los esfuerzos en lo que ya tenemos y que el modelo actual, que es un mal modelo, no vuelva a reproducirse, porque está completamente agotado», añade Serra.

En los casos de tramitación avanzada tendrán que asumirse indemnizaciones

La oficialización del inicio del plan director se materializará en una convocatoria de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, que está previsto que se celebre a finales de septiembre o inicios de octubre. «Debe producirse una autorización previa por parte del conseller del Departament de Territori i Sostenibilidad, para acordar el inicio del plan y a partir de ahí será cuando oficialmente empezamos a trabajar y se aplique una moratoria», añade el responsable autonómico. Esta afectará estrictamente a los sectores objeto de revisión y aún no está decidido si se aplicará de golpe o va a hacerse en dos fases, como se hizo con el litoral gerundense. En todo caso, la suspensión de licencias se prevé que entre en vigor antes de fin de año y se prolongará por espacio de un año, para facilitar la aprobación inicial, con la posibilidad de prolongarse otros doce meses.

Evitar su desarrollo

A partir de la diagnosis inicial, se ha detectado esta cifra de casi un centenar de sectores que van a estudiarse. Del total, 33 corresponden a ámbitos que tienen algún plan aprobado y no se han desarrollado, mientras que en los otros sesenta ni siquiera se ha iniciado la tramitación. Ahora, el objetivo es buscar una solución para los ámbitos consolidados y que algunos de estos casos no lleguen a poder desarrollarse. Si el Ejecutivo paraliza algunos de estos sectores en algunos casos tendrá que asumir indemnizaciones. «Es cierto que los planeamientos otorgan unos derechos, pero también fijan unos deberes y el derecho de la clasificación va ligado a una temporalidad», avanza este representante del Departament de Territori. En este sentido, la administración defiende que «los derechos urbanísticos no son indefinidos» y, por tanto, «los planteamientos con el tiempo se adaptan y cambian según las nuevas circunstancias». En función del estado de tramitación podrá actuarse de una forma u otra. En todo caso, Serra afirma que «en el caso del litoral gerundense hemos sido cuidadosos de no poner en peligro las arcas de la Generalitat, con las indemnizaciones.

En la Costa Brava, la tramitación de esta revisión de los suelos no sostenibles ha generado un importante debate, ya que muchos municipios estaban sometidos a una fuerte presión urbanística. Esto generó la creación de la plataforma SOS Costa Brava, que en cierto modo es quien ha liderado el movimiento de rechazo a estos proyectos, que en algunos casos contaban con el beneplácito de los ayuntamientos. En este caso, el Pla Director Urbanístic que está a punto de aprobarse frenará la construcción de más de 15.000 nuevas viviendas, prácticamente la mitad de las que estaban previstas. El plan ha supuesto la revisión de 202 sectores, que en total afectan a dieciséis municipios.

Serra asegura que, tanto en el caso del litoral tarraconense como en la costa de Girona, «la forma de hacer ha sido similar». «La orografía es muy diferente y el litoral gerundense tiene una topografía más complicada, pero en ambas situaciones estamos hablando de planeamientos muy expansivos», dice. En el caso de la Costa Daurada por la «intensidad», sobre todo en la primera línea, de las nuevas urbanizaciones. Esta no ha sido tan acusada en las comarcas del norte de Catalunya. Pese a ello, los efectos sobre el paisaje y el territorio se han acentuado por las características del territorio.